La jueza en lo penal subrogante de 38° turno, María Noel Odriozola, amplió la imputación contra el exsenador Gustavo Penadés por los delitos de cohecho calificado y asociación para delinquir, a pedido de la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 3er turno, Alicia Ghione.
Ghione pidió la ampliación de la imputación de Penadés por los delitos de asociación para delinquir y cohecho por su participación en la investigación parapolicial que montó a través del exdirector del Comcar Carlos Taroco.
Ghione presentó evidencia sobre el mecanismo utilizado por Penadés para generar una investigación paralela, utilizando recursos del Estado, con la finalidad de identificar y deslegitimar a los denunciantes. La fiscal señaló que la investigación paraestatal comenzó pocos días después de iniciada la investigación penal y aludió a varios mensajes entre el exsenador y el exfuncionario del Parlasur Diego Cuiñas, quien hacía de nexo entre Penadés y Taroco para consultar datos sobre víctimas, recibir fichas de posibles denunciantes e información sobre la investigación de la fiscalía o reconocer a posibles implicados.
Además, señaló que se montaron operativos de vigilancia en los domicilios de Jonathan Mastropierro y Romina Celeste Papasso y otros operativos para amedrentar a posibles víctimas, incluyendo a varias personas privadas de libertad, que fueron requisadas o trasladadas del centro penitenciario.
La investigación de Ghione determinó que si bien no era lo habitual, también había comunicación directa entre Taroco y Penadés y confirmó que el exdirector del Comcar esperaba la compra de una casa por 35.000 dólares a cambio de la investigación parapolicial.
Odriozola accedió también a prorrogar el plazo para acusar a Penadés y Sebastián Mauvezin hasta el 10 de junio de 2025, a pedido de la Fiscalía, que planteó que no tuvo suficiente tiempo para investigar. El artículo 265 del Código del Proceso Penal plantea que la fiscalía deberá acusar antes de cumplido el año de formalización y, en casos excepcionales, puede presentar ante la Justicia una solicitud debidamente fundada para la extensión del plazo hasta por un año más.
Durante la discusión de este punto, la fiscal Ghione dijo que se trata de una investigación “muy compleja”, en la que, además de los delitos sexuales que se investigan, fueron surgiendo otras situaciones, como la investigación paraestatal. La fiscalía relató que en este año y medio de investigación –el caso comenzó en marzo de 2023– se logró la declaración anticipada de diez víctimas y dos testigos, se incautaron cinco celulares (dos de Taroco, uno de Mauvezin, uno del policía Federico Rodríguez y el de Penadés), además de una computadora de Taroco y la computadora del expsicólogo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en la que tenía parte del expediente.
Ghione señaló que aún falta periciar muchos datos de esos dispositivos incautados y diligencias, como las pericias de ubicación de las antenas de los celulares. También señaló que faltan tres pericias psicológicas de las víctimas y la respuesta de algunos oficios dirigidos a organismos públicos.
Juan Raúl Williman, abogado de las víctimas, señaló que el término del plazo de la investigación está vinculado a la posibilidad por parte de la Fiscalía para llevar a cabo diligencias y para mostrar la dimensión de la investigación, y mencionó el ejemplo de una conversación entre el imputado por la trama Fabricio Fernández y Carlos Taroco, en la que se menciona a una persona de la cual, un mes después, Penadés solicita datos a sus secretarios.
“Es responsabilidad de la fiscalía que tenga que estudiar 22 delitos y además esa investigación [...] eso hace a la complejidad de la causa”, señaló Williman, y mencionó también el caso del expsicólogo del INAU, que alude a información surgida de un chat entre Taroco y Cuiñas. “El entrecruzamiento de datos es esencial”, expresó, y apuntó que no prorrogar la investigación implicaría vedar ese tipo de cruzamientos.
En su intervención, la abogada de Penadés, Laura Robato, que se opuso a la prórroga, planteó que es un derecho humano el ser juzgado en un tiempo razonable y señaló que la Fiscalía actuó con falta de transparencia y objetividad, además de negarle la realización de una pericia. También acusó a la fiscalía de extorsionar a algunos imputados con el pedido de prisión preventiva para que firmen los acuerdos de condena por la investigación paraestatal y dijo que Ghione, que investigó posibles vigilancias ilegales en su contra, no debió investigar la trama. “No podemos recusar fiscales, si no lo hubiéramos hecho”, señaló.
Uno de los principales argumentos de Robato es que la fiscalía dedicó tiempo a esa investigación paralela y no avanzó en la recolección de evidencia de los delitos sexuales por los que se imputó al exsenador, y remarcó los siete meses que transcurrieron antes de que Penadés fuera formalizado, citando a penalistas que plantean que el tiempo para la acusación debe contarse desde el inicio de la investigación y no desde la formalización del proceso.
Por su parte, Daiana Abracinskas, abogada de Mauvezin, dijo que no se está respetando el principio de inocencia e hizo hincapié en que no hay ninguna evidencia que vincule a su cliente con la trama gestada entre Penadés y Taroco. A su vez, desmintió que el flujograma que se produjo en esa investigación paraestatal estuviera en el celular del profesor de Historia. Sobre ese punto, Ghione dijo que no pidió la ampliación de la formalización de Mauvezin por esa investigación porque aún no pudieron analizar la evidencia.
En ese contexto, Abracinskas dijo que Ghione le “mintió en la cara” cuando le dijo que no tenía ningún elemento que conectara a Mauvezin con la trama liderada por Taroco. “La fiscalía tuvo en su momento un montón de elementos graves como para pensar que [Mauvezin] podía estar vinculado a la trama; hoy no los tiene y lo sabe”, le dijo Abracinskas a la jueza.