La Suprema Corte de Justicia envió al Parlamento el pedido de desafuero del senador del Frente Amplio Charles Carrera, que fue solicitado por la fiscal especializada en Delitos Económicos de 2° turno, Silvia Porteiro, para indagarlo sobre un presunto delito de abuso de funciones mientras se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI), según informó el semanario Búsqueda y confirmó la Fiscalía General de la Nación.
Porteiro investiga la entrega de tickets de alimentación y la atención irregular en el Hospital Policial de Víctor Hernández, quien en noviembre de 2012 fue víctima de una bala perdida que podría haber llegado desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, aunque el caso fue archivado por no encontrar elementos para probar el origen del disparo.
En el documento, al que accedió la diaria, Porteiro plantea que de la investigación penal realizada hasta el momento “surgen evidencias suficientes” para proceder a pedir la imputación de Carrera. Porteiro señala que, tras el incidente, Carrera entregó irregularmente tickets de alimentación por 20.000 pesos a Hernández, desde enero de 2013 hasta noviembre de 2017, y que habilitó, también de forma irregular la asistencia de Hernández en el Hospital Policial, incluyendo asistencia médica, psicológica y rehabilitación desde julio de 2013 hasta diciembre de 2016, por un costo de 5.214.000 pesos
“Las razones humanitarias que puedan alegarse, por más loables que sean, no son justificativo para eludir el marco regulatorio y de restricciones en sus decisiones con las que cuentan los gobernantes”, señaló la fiscal, que consideró que Carrera, “en su condición de director general de Secretaría del Ministerio del Interior, se extralimitó ostensiblemente en sus deberes a partir de actos arbitrarios que llevó a cabo durante años perjudicó a la Administración, con el fin de favorecimiento económico a particulares”.
La investigación penal fue iniciada por el Ministerio del Interior y ampliada a partir de un informe de la comisión investigadora del Parlamento que estudió irregularidades en la gestión del MI entre 2010 y 2017. La comisión parlamentaria se creó en noviembre de 2022 y, tras un año de trabajo, decidió realizar una denuncia ante la Fiscalía, que fue presentada por presunto abuso de funciones.
En julio de 2023, los integrantes de la coalición oficialista de la comisión se reunieron con el entonces fiscal de Corte, Juan Gómez, para expresarle su preocupación por la falta de avances en la causa y recibieron un informe realizado por Porteiro sobre las diligencias realizadas a la fecha.
Porteiro presentó el pedido de desafuero a un juzgado de primera instancia, que luego de chequear los aspectos formales, lo elevó a la Suprema Corte de Justicia para que esta lo remitiera al Poder Legislativo. El pedido es dirigido a la presidenta de la Asamblea General, quien, en tiempos de receso, convocará una asamblea extraordinaria del Senado para darle ingreso al asunto, sin que pase por la Comisión Permanente. Ante la renuncia de Carrera, anunciada en la tarde de este miércoles, el Senado deberá darle ingreso y tratamiento, también en una sesión extraordinaria.
Hasta que el Senado no acepte la renuncia de Carrera, la fiscal Porteiro no puede avanzar en ninguna diligencia que implique una afectación de derechos y, por tanto, la intervención del Poder Judicial, como pedir medidas limitativas, medidas de investigación o su presencia en sede judicial. La investigación contra Carrera, en caso de que su proceso sea formalizado en la Justicia, no afecta su calidad de elegible, dado que el numeral 4 del artículo 80 de la Constitución prevé la suspensión de la ciudadanía sólo para personas condenadas.