El juez de Concurso Leonardo Méndez dispuso el remate del apartamento del edificio Imperiale de Punta del Este, donde Daniela Cabral está cumpliendo prisión domiciliaria, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
Según explicaron, la decisión se tomó luego de recibir el informe del síndico, Alfredo Ciavattone, que solicitó la venta del inmueble al concurso debido a los gastos que implica su mantenimiento, dado que sólo los gastos comunes superaban los 5.000 dólares trimestrales.
El artículo 74 de la Ley Concursal (18.387) plantea que los bienes “de fácil deterioro o de difícil o costosa conservación podrán ser enajenados de inmediato mediante la modalidad que disponga el Tribunal a propuesta del síndico”. Uno de los puntos que pesó en la decisión fue que las deudas generadas por el mantenimiento del inmueble, al ser generadas después del concurso, tienen prioridad sobre los acreedores del concurso, por lo que estaban reduciendo la masa activa para el reparto entre los acreedores de Conexión Ganadera.
Debido a que Cabral está cumpliendo prisión domiciliaria allí, el juez Méndez envió una notificación a fiscalía para que los abogados de Cabral propongan un nuevo lugar para cumplir la medida cautelar, que Cabral cumple desde el 17 de julio, cuando fue imputada por un delito de estafa.
El apartamento se encuentra en un décimo piso y tiene 157 metros cuadrados con derecho exclusivo sobre dos terrazas, con valor estimado de 870.000 dólares. Basso lo adquirió en noviembre de 2012. Además de ese apartamento, el matrimonio —que tenía separación de bienes— adquirió en 2010 un apartamento de 70 metros cuadrados en 25 de Mayo y Juncal, cuyo valor se estima en 65.000 dólares. En 1995 adquirieron una estancia en la localidad de Goñi, en Florida, valuada en 3.181.000 dólares. También posee el 50% de un apartamento en Colonia y Rondeau valuado en unos 65.000 dólares.
Abogado de las víctimas pidió la imputación de asociación para delinquir
El abogado Claudio Chabaner, que representa a dos víctimas del proceso penal de Conexión Ganadera, presentó un escrito al juzgado de Crimen Organizado para pedir la imputación por el delito de asociación para delinquir de los socios de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral.
El escrito, al que accedió la diaria señala que “de la evidencia recolectada por el Ministerio Público se desprendería que, mediante la utilización del marco societario, a los efectos de enmascarar un manto de legalidad, los imputados habrían dividido sus roles y de esa forma todos contribuyeron a los efectos de obtener un fin presuntamente delictual, lo cual se adapta perfectamente a la adecuación típica de asociación para delinquir”.