La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) convocó a una conferencia de prensa este lunes para referirse a los cuestionamientos a la Fiscalía General de la Nación por parte del Partido Nacional y sus integrantes, luego de la imputación al exintendente de Soriano y candidato para ese departamento Guillermo Besozzi por delitos como peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado.
En una declaración pública, el partido expresó preocupación “por posibles desvíos procesales y la discrecionalidad en los procedimientos, así como su rechazo a las filtraciones con motivación política”. El senador blanco Javier García dijo estar “convencido” de que la imputación de Besozzi tiene que ver con una “operación política”, y Álvaro Delgado, también senador y excandidato a la Presidencia, cuestionó la medida cautelar de prisión domiciliaria impuesta a Besozzi y afirmó que en el contexto de campaña electoral “parecen aflorar sesgos políticos frente a quien es el favorito en la elección de mayo”.
En ese marco, el presidente de la AMFU, Willian Rosa, afirmó que “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley” y que los fiscales deben “investigar y perseguir los hechos con apariencia delictiva que llegan” a su conocimiento. “Si tenemos evidencia, tenemos la obligación de imputar; los fiscales somos parte del proceso: investigamos y pedimos formalizaciones y medidas cautelares ante un juez”, explicó.
Es por eso que desde la AMFU consideran “inadmisible” y “totalmente reprobable” que “cada vez que se investiga el poder surgen ataques sistemáticos a nivel personal e institucional con acusaciones carentes de evidencia”. Rosa aseguró que con estas acciones hay una intención de “dar un mensaje a todos los fiscales diciéndoles ‘cuidado con lo que hacen en investigaciones de corrupción pública’”.
Si bien precisó que por desconocer la investigación están impedidos de opinar sobre el caso concreto, valoró que “el nivel de agresión no sólo afecta a la institución Fiscalía, sino que socava la imagen que esta y todo el sistema de justicia tienen”.
De esa forma, Rosa adelantó que a raíz de esta situación ampliarán la denuncia que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por situaciones de hostigamiento y acoso recibidas en 2024.
Para Rosa “están dadas las condiciones” para designar un fiscal de Corte
Acompañado por las fiscales Micaela Dávila, Claudia González, Mirta Morales y Adriana Edelman y el fiscal Ricardo Perciballe, Rosa fue consultado sobre si entienden que los señalamientos y críticas se han agravado en los últimos años u ocurrieron en las distintas administraciones a lo largo del tiempo, y destacó que en la denuncia presentada ante la CIDH pusieron como puntapié inicial noviembre de 2017, cuando comenzó a regir el nuevo Código del Proceso Penal, pero que la situación “ha ido in crescendo”.
“Esta embestida hacia la institución Fiscalía se ha visto recrudecida y obviamente el perjuicio es mayor, porque, como el mar cuando golpea la roca, es un horadar sistemático a la credibilidad que la ciudadanía debe tener en el funcionamiento del sistema de justicia”, resaltó.
Por otro lado, sobre la posibilidad de que en casos en que se investiga el poder se incrementen las situaciones denunciadas por los magistrados, Rosa planteó que al momento de asignar recursos del Presupuesto Nacional “son estas personas que tienen esta mirada las que resuelven si se le da un presupuesto a la Fiscalía o no”. Añadió que a la hora de nombrar un fiscal de Corte los parlamentarios “son quienes tienen poder de decisión por los consensos que se requieren”.
Rosa valoró que las expresiones de los dirigentes contra la Fiscalía pueden ser “un mensaje peligroso para todos los fiscales”. “Tener la vida condicionada por todo este ataque es un elemento que el día de mañana puede condicionar una investigación”, indicó, y agregó que cree que “todos los ciudadanos tienen que saber que si estas investigaciones contra el poder, que tienen que ver con corrupción pública, no se llevan adelante de la misma forma que los hurtos y la rapiña, lo que genera es impunidad en casos que son muy dañosos”.
Sobre la elección de la persona que estará a cargo de la Fiscalía –actualmente está Mónica Ferrero como subrogante–, Rosa consideró que “hoy en día están dadas las condiciones para que todo el sistema político” se ponga de acuerdo para la designación, “sobre todo si tiene la preocupación que tiene respecto de la Fiscalía”, y, a su vez, pidió que los dirigentes políticos “empiecen a congeniar respecto de puntos centrales que quieren respecto a la institución Fiscalía”.
“Muchas veces no elegir un fiscal de Corte es también algo favorable a determinados centros de interés”, expresó el presidente de la AMFU, y sostuvo que “si no se quiere que la Fiscalía investigue la corrupción pública o delitos que son delitos del poder, [por el hecho de] que no exista un fiscal general que pueda proyectar una política de gestión y de investigación, líneas, una política de persecución penal, se ve favorecida esa impunidad”.