Maximiliano Rodríguez, el responsable de la administradora de ganado Pasfer, declaró este viernes como indagado ante el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, en la causa que investiga a los socios de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow, y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, además de otros mandos medios como el gerente general, Martín Bartol.
Rodríguez llegó poco después de las 14.00 junto con su abogado, Alejandro Balbi, y dejó la sede de la calle Cerrito unos minutos antes de las 17.00, sin hacer declaraciones a la prensa. Durante la indagatoria, en la que también participaron las defensas de los otros investigados en la causa, el fiscal Rodríguez hizo hincapié en el rol que jugó Pasfer en la compra y la administración del ganado en el que invirtieron los damnificados de Conexión Ganadera.
Pasfer es junto con Hernandarias XIII una de las administradoras que más ganado administraban para Conexión Ganadera. Según declaró el gerente general de la empresa, Martín Bartol, Conexión Ganadera tenía 27 campos en los que operaban diez administradoras de ganado que reportaban mensualmente a Pablo Carrasco sobre la cantidad de animales y su ubicación.
El Observador informó este martes que, en su declaración ante el fiscal, Rodríguez admitió recibir dinero de Basso, incluyendo el préstamo de 5.000 dólares para pagar una deuda que él tenía con Union Agriculture Group. Rodríguez intentó quitar trascendencia a su incidencia en la situación de Conexión Ganadera, señalando que de los 4.200 damnificados que tiene el caso sólo 64 reclaman ganado de Pasfer, lo que representa un 1,5% del total, y no supo contestar qué pasó con las 5.650 cabezas de ganado que faltan, dado que, según los números aportados por el síndico Alfredo Ciavattone, que realiza el relevamiento de los activos en el marco del proceso de concurso de acreedores, Pasfer tiene contratos por 5.700 vacas y sólo tiene bajo su órbita 50 vacunos.
Según supo la diaria, Rodríguez fue consultado por los chats que presentaron algunos damnificados que lo denunciaron por intentar comprar el ganado luego del llamado a concurso del fondo ganadero, por un 60% del valor del ganado, una propuesta que implicaba privilegiar a unos acreedores sobre otros, por lo que podría ser sancionado penalmente. Además enfrenta una nueva denuncia de pequeños inversores que la semana pasada se presentaron ante el fiscal Rodríguez por el faltante de 153 cabezas de ganado que estaban repartidas entre Pasfer y Hernandarias XIII.
Rodríguez es mencionado por varios denunciantes como el interlocutor directo con los compradores de bonos ganaderos para conocer el estado del ganado y quien respondió a varios damnificados luego del inicio del concurso de acreedores, intentando llevar tranquilidad e invitando a los inversores a visitar los campos de Conexión Ganadera. Si bien Rodríguez aseguró a algunos damnificados que su ganado estaba, días después vieron cómo desaparecía del Sistema Nacional de Información Ganadera.
El responsable de Pasfer dijo al fiscal Rodríguez que quien administraba los recursos provenientes de la venta del ganado eran el fallecido Gustavo Basso y su entorno. Una de las hipótesis que se investigan es si el ganado fue efectivamente comprado o si existió una falsificación de la declaración jurada por la que se da de alta el ganado en el registro del Ministerio de Ganadería. En la carpeta de investigación hay decenas de contratos en los que Pasfer se vincula directamente con los inversores, sin la intermediación de Basso.
Rodríguez había intentado declarar como testigo protegido en la causa, poniendo a disposición de la investigación penal información de la estructura financiera de Conexión Ganadera, incluyendo una cuenta en Andorra vinculada a Conexión Ganadera y a Del Terruño LLC, la empresa a cargo del proyecto Stradivarius, registrada en Delaware (Estados Unidos) y en la que Martín Bartol figura como gerente de operaciones.
En el ámbito de la Justicia de concurso, el juez Leonardo Méndez decretó la disolución de Conexión Ganadera debido a que “su estado de insolvencia resulta irreversible”, por lo que queda descartada la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores. Determinada la situación financiera, resta convocar a los acreedores para que certifiquen sus créditos con el fondo ganadero para avanzar en las definiciones para distribuir los activos, en un proceso que puede llevar más de un año.