Autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU) comparecieron ayer ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, para hablar sobre el rol que cumplió el organismo en el marco de la caída de Conexión Ganadera, República Ganadera y otros fondos de inversión en el sector.
Según informó a la diaria el diputado del Frente Amplio Marcos Presa, la delegación, encabezada por el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, explicó que el organismo no tenía facultades para ejercer su contralor sobre este tipo de entidades y anunció que conformó junto con el Ministerio de Economía y Finanzas un anteproyecto de ley —que será incorporado en la Ley de Presupuesto Quinquenal— que modificará la carta orgánica del BCU para darles alcance regulatorio a las empresas que canalizan ahorro hacia inversión productiva.
Presa dijo que los directores del BCU explicaron que este tipo de empresas no están constituidas como fondos de inversión, por eso quedan fuera de las entidades financieras pasibles de ser controladas por el BCU, pero advirtieron que de aprobarse la ampliación de facultades previstas en el anteproyecto, quedarán sujetas a los controles.
El BCU publicó el documento “Reforma del perímetro regulatorio del BCU”, donde se plantean los principales lineamientos para la reforma de la Carta Orgánica, que busca “fortalecer la protección del inversor y fomentar un ecosistema de financiamiento más dinámico, transparente y seguro para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos”.
En el documento explican que a pesar de estar fuera del ámbito regulatorio del BCU, el organismo sí tenía potestades para fiscalizar si los fondos ganaderos estaban sujetos a la obligación de obtener una licencia para la actividad y para actuar ante captación irregular de fondos asimilables a depósitos bancarios, señalando que en ese marco fue que se pidió información a los fondos y constató “una variedad de esquemas contractuales”.
“Estos casos dejan de manifiesto el daño potencial al que están expuestos los inversores, lo que demuestra la necesidad de promover modificaciones legales con el objetivo puesto en que los inversores cuenten con la información necesaria para evaluar los riesgos a que se exponen, generando mayor protección para el ahorro del público, cuando este se canaliza mediante llamado del público”, señala el documento.
La propuesta implicará modificaciones en el artículo 37, con la inclusión en el control del BCU de entidades que “aun sin emitir valores, realicen operaciones financieras convocando a la inversión mediante la captación masiva de recursos financieros del público”, y plantea que se configura una operación financiera ante “un desembolso de fondos a cambio de una promesa de rentabilidad futura, gestionada por un tercero”.
Conexión Ganadera. (archivo, enero de 2024)
Foto: Gianni Schiaffarino
Otro de los puntos destacados es la modificación del artículo 38 de la Carta Orgánica del BCU, por la que se amplían las facultades investigativas de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) ante eventuales infracciones. Según la información difundida por el BCU, de aprobarse el proyecto la SSF podrá “requerir información y realizar inspecciones con atribuciones similares a las de la Dirección General Impositiva” y las entidades reguladas no podrán ampararse en el secreto profesional.
También podrá determinar el “cese inmediato de actividades irregulares y suspender campañas publicitarias o la captación de fondos”, además de una campaña de educación financiera que permita incrementar la prevención de fraudes.
“Es importante señalar que ningún sistema legal en el mundo ha logrado eliminar por completo la ocurrencia de fraudes. Incluso los países desarrollados con mayores recursos y capacidades de inspección persisten episodios de estafa o incumplimientos. Por ello, no resulta razonable esperar que esta reforma logre la erradicación total de las conductas fraudulentas en los mercados regulados”, advirtieron.
El documento plantea desplegar una estrategia que permita “consolidar una arquitectura regulatoria escalonada” del mercado de valores que considere “la realidad nacional, la eficiencia de costos, la protección del inversor y la eliminación de saltos regulatorios”.