La fiscal especializada en delitos sexuales, Mariana Alfaro, alcanzó un acuerdo abreviado con el ex diputado suplente Nicolás Ortiz por un delito de retribución o promesa de retribución a cambio de realizar actos de naturaleza sexual con respecto a dos víctimas de Operación Océano. El acuerdo, que fue ratificado por el juez en lo penal de 41° turno, Huberto Álvarez, implica el reconocimiento del ahora condenado por los delitos que se le imputó. La justicia lo sobreseyó respecto del delito de suministro de estupefacientes a menores de edad, por entender que no había evidencia sobre ese punto.
La pena que acordaron con la fiscal Alfaro fue de 3 años y 6 meses de penitenciaría que se cumplirán con 18 meses de prisión efectiva, 6 meses de prisión domiciliaria total y 6 meses de prisión domiciliaria nocturna y un año de libertad a prueba. Además se dispuso la imposibilidad de comunicarse con la víctima por cualquier medio, la reparación patrimonial de 12 salarios, la pérdida de la patria potestad y la imposibilidad de trabajar con menores de edad en las áreas de salud o educación.
La causa Operación Océano comenzó en mayo de 2020 con las primeras imputaciones. Durante el proceso hubo cuatro jueces de garantías, que son los que preparan el proceso hasta el juicio. Hasta febrero de 2021, la causa estuvo a cargo de Adriana de los Santos, quien hizo las primeras formalizaciones del proceso contra los imputados, en mayo de 2020, y llevó adelante el proceso, principalmente dirimiendo cuestiones vinculadas al acceso a la carpeta por parte de las defensas y a la transparencia en la documentación de la carpeta de la fiscalía.
A partir de febrero de 2021, cuando De los Santos fue ascendida a ministra de tribunal, la causa pasó a manos de la jueza Beatriz Larrieu, quien atravesó una de las etapas más conflictivas del proceso, con la preparación de la declaración de las pruebas anticipadas de las víctimas. En octubre de ese año, Larrieu fue ascendida a ministra de tribunal y la causa pasó a estar a cargo de la jueza María Noel Tonarelli, quien llevó a cabo audiencias de declaración de las víctimas y todo el proceso de audiencia de control de acusación. Por último, en febrero de este año asumió la jueza Mainard, quien debió conformar el auto de apertura del juicio.
Durante la investigación penal, que se extendió desde mayo de 2020 hasta mayo de 2022, fueron investigadas 37 personas, 33 de las cuales fueron imputadas. Sin embargo, una vez culminada la investigación penal, la fiscalía se abstuvo de acusar a 17 de los indagados por no tener elementos en su contra, se llegó a un acuerdo de proceso abreviado con nueve de los 20 restantes y quedaron 11 para dirimir su situación en juicio oral. Desde el inicio del juicio otras dos personas fueron condenadas, por los que sólo 9 continúan como acusados en el juicio.
De las 21 víctimas identificadas durante la investigación, la fiscalía presentó acusaciones respecto de ocho, cuyas declaraciones ya están integradas a la prueba del caso.