La preocupación por la gestión de los bienes decomisados es compartida entre integrantes del gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial. En ese marco, durante los Encuentros por Seguridad, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilegal de Drogas propuso una iniciativa para el cuidado de los bienes expropiados y protocolos para su “reutilización social”.
En la última ronda de los Encuentros por Seguridad, según consta en la relatoría del 6 de noviembre, desde la Secretaría Nacional de Drogas se adelantó que el asunto estaba “en agenda del Poder Ejecutivo”, y se estaba “creando una comisión para tratar el tema, siendo prioridad del prosecretario [Jorge Díaz] avanzar en estas soluciones”. Se puntualizó “que las principales dificultades son los tiempos y la preservación de bienes decomisados para evitar el deterioro”.
El trabajo de la comisión derivó en la firma de tres acuerdos entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y la Junta Nacional de Drogas. Entre las medidas concretas de cooperación, se acordó disponer de un galpón del Inisa para usarlo como depósito para vehículos incautados en operaciones contra el narcotráfico y desarrollar un programa de formación y trabajo que tenga como objetivo el reacondicionamiento del galpón.
Durante la firma de los convenios, Díaz destacó que los acuerdos eran “ganar-ganar” porque se iban a invertir 100.000 dólares en la compra de equipos informáticos para el Inisa, al tiempo que el Fondo de Bienes Decomisados iba a disponer del galpón para ayudar a evitar la pérdida de valor económico de los vehículos decomisados.
Uno de los problemas que se advirtieron durante los Encuentros por Seguridad que se desarrollaron el año pasado, en el marco del proceso de elaboración de un Plan Nacional de Seguridad, es que los bienes decomisados muchas veces terminan siendo utilizados nuevamente por el crimen organizado o se deterioran y pierden su valor de venta.
Durante la quinta ronda de los encuentros, se discutió en torno a la iniciativa planteada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilegal de Drogas y desde la Fiscalía General de la Nación plantearon otros destinos a los rubros del Fondo de Bienes Decomisados. En concreto, Patricia Marquisá “propuso asignar un porcentaje similar al que recibe la Policía Nacional del Fondo de Bienes Decomisados (10%) para distribuirlo entre la Prefectura Nacional Naval y áreas de la Fuerza Aérea con funciones de apoyo a la Justicia, previendo un 7% para la Armada y un 3% para la Fuerza Aérea”. En ese sentido, la fiscalía adelantó que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) está elaborando “un informe-proyecto para presentar”.
Ernesto Liotti, en representación del MDN, informó que están proponiendo “asignar a la Armada un porcentaje equivalente al que recibe el Ministerio del Interior para fortalecer prevención y combate en frontera, dado que los riesgos son similares”. Además, planteó que existen “carencias de la Prefectura y la Policía Aérea Nacional en recursos humanos y presupuestarios”, y propuso también “reinstitucionalizar el Comin [Comando de Infantería de Marina] como órgano policial y no militar”.
En tanto, por el Poder Judicial participaron Juan Pablo Novella, María Noel Cabillón y Mercedes Reyes, quienes apoyaron la iniciativa, pero plantearon que “deben definirse métricas: tiempos de demora, montos ingresados, procesos por lavado”.