El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió el lunes abrir una nueva causa para investigar el esquema de blanqueo de la organización criminal a la que pertenecía Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, quien fue condenado junto a dos personas más en el marco de la operación Trazador, que implicó la incautación de 260 kilos de cocaína y pasta base.
La decisión del fiscal fue adoptada tras mantener una reunión con oficiales de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID). En ese encuentro los efectivos le pidieron al fiscal el levantamiento del secreto bancario de algunos investigados y el relevamiento de las cámaras del Abitab propiedad de Laura Scalabrino Muga, esposa del director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, ubicado en Villa Española, a donde Leiva concurría habitualmente. Rodríguez hizo la solicitud ante la Justicia para que se lleven a cabo estas diligencias, confirmó la diaria con fuentes policiales y judiciales.
El lunes 21 de setiembre, en la conferencia de prensa que brindó en el hotel Radisson, Gandini dijo que Leiva pagaba facturas del Banco de Previsión Social y de la Dirección General Impositiva de dos empresas constructoras, por una suma de entre 300.000 y 400.000 pesos. También reconoció que una parte de ese pago lo hacía con “cambio chico”, particularmente, con billetes de 100 y 200 pesos.
“Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero, yo no lo sé. Pero ahí lo que se hace es cobrar facturas. Dentro del local, que tiene dos metros por cuatro, cuatro ventanillas y seis empleados en turnos de seis horas, hay 14 cámaras, 11 de ellas son directamente de la red, centrales”, dijo Gandini en la conferencia de prensa, y agregó que ponía a disposición la información recopilada y las grabaciones del local a la fiscalía.
En paralelo, la investigación policial sobre el grupo delictivo que integraba Leiva continúa avanzando. El día de su detención, Leiva declaró ante la Policía que trabajaba para Andrés Zugarramurdi, tesorero del Cambio Monex. La confesión quedó grabada en la cámara personal de uno de los efectivos de la Brigada Antidrogas. Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a la diaria que Zugarramurdi todavía no ha podido ser localizado.
Desde el Cambio Monex se limitaron a informar a la diaria que Zugarramurdi se tomó licencia médica el miércoles 23 en la noche y que están a la espera de lo que surja de la investigación penal. El pedido de licencia del tesorero del cambio se dio cinco días después de que Leiva fuese condenado y tres días después de que se informara que había sido nombrado por el exasesor del edil nacionalista durante la detención.
También la Policía sigue investigando a Lucio Leiva, hijo de Pablo Leiva, quien fue detenido inicialmente, pero liberado luego de la audiencia de control de detención. Lucio, que también se desempeñaba como asesor de Gómez, estaba en la casa el día del allanamiento. En la vivienda, ubicada en el barrio Pérez Castellanos, se incautó un total de tres millones de pesos, tres cuadernos con anotaciones y un celular.
El miércoles, el periodista Eduardo Preve informó que Pablo Leiva y su hijo Lucio habían sido amenazados de muerte por integrantes de la organización criminal para que dejaran de brindar información, por lo que Leiva pidió ser alojado en un pabellón de máxima seguridad del Penal de Libertad, sin realizar la denuncia por amenaza.
En diálogo con la diaria, la abogada de Leiva, Fabiana González Raggio, dijo que el traslado de Leiva y de Henry Sebastián Latorre, signado por la Fiscalía como el líder de la organización criminal, no se debió a una amenaza, sino que fueron trasladados porque se encontraban en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación, a la espera de una resolución sobre dónde cumplirían la condena.
La abogada descartó que Leiva haya sido amenazado por otros integrantes de la organización, pero señaló que él se vio en la necesidad de pedir seguridad cuando se dispuso su traslado al Penal de Libertad. “Él pidió seguridad porque es primario absoluto, tenía miedo de la situación, no sabía a dónde iba a ir y quería estar en un lugar tranquilo y medio alejado. Dijo que quería estar en un lugar seguro, en un sector donde haya una contención específica para estas circunstancias”, señaló, y aclaró que Latorre no pidió seguridad.
En cuanto a la situación de Zugarramurdi, González Raggio se limitó a decir que “está ubicable”, pero declinó hacer más declaraciones debido a que él no está siendo indagado en la causa.
La investigación de la Fiscalía logró determinar que la droga procedía de Bolivia y era abastecida en playas de estacionamientos de camiones en Paraguay. Los ladrillos de droga incautados tienen un logo similar a la moneda de 50 centavos de Bolivia, con la leyenda “La unión es la fuerza”, que se utiliza en las monedas de ese país.
La operación Trazador comenzó con el seguimiento a Latorre, a partir de tiroteos ocurridos en el barrio Marconi. La investigación, liderada por la DGRTID y la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, determinó que Latorre y su pareja, Jeniffer Méndez, se dedicaban a distribuir droga y dinero en bocas de los barrios Marconi, Pérez Castellanos y Villa Española, utilizando cinco autos.
La conexión con el asesor del edil del Partido Nacional surgió dos días antes de la detención, cuando en uno de los seguimientos la policía vio a Latorre ingresar con una bolsa a la casa de Leiva, que finalmente resultó ser dinero. El operativo implicó tres allanamientos en los barrios Brazo Oriental y Pérez Castellanos, donde incautaron 141,5 kilos de pasta base y 124 kilos de cocaína, valuados en dos millones de dólares.
Además, incautaron tres millones de pesos uruguayos, 42.564 dólares en efectivo, un Audi Q5 tipo SUV, una Volkswagen Crossfox, una Hyundai Tucson, un Volkswagen Virtus y una camioneta doble cabina Victory, dos pistolas calibre nueve milímetros, una Glock 42, calibre 380, que había sido denunciada por el futbolista Joe Emerson Bizera, 236 cartuchos calibre 7.62, ocho cartuchos calibre nueve milímetros y 27 cartuchos calibre 22. También se encontró en el lugar una máquina de contar billetes, un inhibidor de señal, cuatro celulares, tres balanzas y cuadernos con el registro de la actividad delictiva.
Horas después del operativo, Leiva, Latorre y Méndez fueron condenados en acuerdos abreviados. Latorre fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría como autor de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico interno de armas, receptación y lavado de activos. Méndez fue condenada como autora de un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico a la pena de tres años de penitenciaría, mientras que Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría. Lucio Leiva quedó en libertad mientras continúa la investigación.
