La Fiscalía de Estupefacientes de tercer turno, a cargo de Rodrigo Morosoli, alcanzó un acuerdo abreviado con Alberto Betito Suárez por los delitos de posesión de sustancias estupefacientes, lavado de activos, uso de documento falso y estafa.
La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, dispuso la prisión efectiva por tres años y ocho meses, al mismo tiempo que ordenó el decomiso de cuatro vehículos de alta gama. Suárez fue detenido en el marco de la operación IRO, que se realizó en noviembre de 2025 e implicó el allanamiento de 15 viviendas, incluida la suya en la zona del Mercado Agrícola. En el domicilio se incautaron nueve gramos de cocaína rosa y un Audi.
Rafael Silva, que patrocinó a Suárez junto con el abogado Nicolás Pereyra, dijo en rueda de prensa que en “aspectos generales” la negociación “fue muy trabada” y “de mucha lucha con la Fiscalía”, pero finalmente se cerró un acuerdo que Suárez “consideró que era óptimo a sus intereses, y la Fiscalía también consideró que era óptimo a los suyos”.
Silva explicó que el delito de lavado de activos está vinculado a la adquisición de vehículos por parte de Suárez. “Compraba uno, lo vendía y se compraba otro. Esos fueron algunos de los hechos a gran escala que hizo referencia el Ministerio Público”, apuntó.
También dijo que el delito precedente es la actividad vinculada al narcotráfico. Silva señaló que, en definitiva, el delito continuado fue el de lavado de activos por la “adquisición de esos bienes, con respecto a los cuales no se pudo acreditar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos”.
Con relación al delito de uso de documento falso y estafa, el abogado explicó que Suárez utilizó un recibo de sueldo de otra persona, con el cual “pretendió justificar ingresos para obtener una tarjeta de crédito”.
