El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje de este domingo y estará al frente del país cuatro años más. La reelección implicará una profundización de las políticas de seguridad y defensa que llevó adelante durante este mandato, con algunos cambios programáticos que anunció durante la campaña, y el manejo de las tensiones geopolíticas.
El doctor en Ciencia Política Julián González Guyer habló con la diaria sobre el impacto de la victoria de Lula da Silva y lo que podría haber implicado su derrota en materia de políticas de seguridad y defensa para Uruguay y la región. El investigador señaló que la principal consecuencia de la victoria de Lula es que Brasil no ingresará al Escudo de las Américas, la coalición política y militar promovida en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar acciones contra lo que define como narcoterrorismo y que está integrada por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Honduras, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
En ese sentido, señaló que Bolsonaro habría ingresado a la alianza y declarado organización narcoterrorista al Primer Comando de la Capital, algo que podría haber afectado directamente a nuestro país por los vínculos de esa organización con organizaciones criminales uruguayas.
Consultado sobre en qué medida esa declaración de Brasil habría afectado a nuestro país, dado que Estados Unidos ya la declaró narcoterrorista en mayo –junto con el Comando Vermelho- y esto implicó cambios en términos de cooperación jurídica internacional y obligaciones asumidas por Uruguay vinculadas al intercambio de información en el marco del combate al terrorismo, González Guyer respondió que el hecho de que Brasil no declare a esas organizaciones narcoterroristas dificulta la intervención estadounidense.
“Por ejemplo, en Ecuador, Estados Unidos metió tropas porque [Daniel] Noboa lo autorizó, entonces, en el marco del Escudo de las Américas, Estados Unidos está operando en Ecuador, pero con la autorización del presidente. Si no hay autorización del presidente, en principio no puedo. También puede hacer lo de Venezuela, pero eso ya es otra historia”, comentó.
Además, recordó que el Ejército brasileño controla la frontera de su territorio, tal como Uruguay lo hace en una franja de 20 kilómetros, por lo que una victoria de Bolsonaro hubiera implicado tener fuerzas militares aliadas a Estados Unidos en la frontera.
Los ejes de seguridad en el programa de Lula
En el programa del presidente en materia de seguridad, se destaca el envío, el año pasado, de la Propuesta de Enmienda a la Constitución de Seguridad Pública, elaborada por el gobierno federal, que busca integrar la respuesta en seguridad de los estados y del gobierno federal. “Necesitamos profundizar la cooperación entre las instituciones de los tres niveles de gobierno y ampliar el ámbito de actuación del poder federal para avanzar aún más en el combate a la violencia”, apunta el mandatario.
También se destacó que con la ley antifacciones, que fue aprobada en marzo de este año, el gobierno brasileño ampliará la “capacidad para enfrentar al crimen organizado, las milicias y las redes criminales que alimentan los mercados ilícitos, los delitos financieros, la corrupción y la violencia”. En ese marco, se continuará con la estrategia de “asfixia financiera del crimen organizado mediante acciones coordinadas, que ya permitieron, desde 2023, causar pérdidas por 35.800 millones de reales a las organizaciones criminales”.
Además, se fortalecerá el Programa Brasil contra el Crimen Organizado, lanzado en mayo de 2026, con el que se busca coordinar acciones con los estados y municipios para luchar contra el delito. Para eso, ya se anunció una inversión de 10.000 millones de reales del Fondo Nacional de Inversión en Infraestructura Social “para que realicen inversiones en equipamiento e infraestructura”.
En materia carcelaria, se continuará con el plan Pena Justa, que busca descongestionar las cárceles y mejorar las condiciones de privación de libertad, y se desarrollará un “Pacto Nacional de Ejecución Penal para el Combate al Crimen Organizado, fortaleciendo la gobernanza del sistema penitenciario y la cooperación entre el gobierno federal, los estados y el sistema de justicia”.
Al igual que en materia de seguridad, se fortalecerá el “sistema penitenciario federal, ampliando su capacidad operativa y de aislamiento de los líderes criminales”, y se implementará “un protocolo nacional de clasificación y traslado de presos de alta peligrosidad, basado en criterios objetivos y evidencias”.
Por último, el gobierno de Lula creará un Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de “coordinar, en articulación con los estados y municipios, la ejecución de las políticas nacionales de seguridad pública en el marco del Sistema Único de Seguridad Pública”. Actualmente, las políticas de seguridad son llevadas adelante por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
