El equipo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, liderado por Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg, contactó al fiscal Diego Pérez para avanzar en la preparación del juicio contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que será el próximo 11 de enero de 2027, según informaron a la diaria fuentes allegadas a la investigación.
Las evidencias recolectadas por la Justicia uruguaya entorno a las acciones del Primer Cartel Uruguayo, principalmente el atentado contra la sede de la Brigada Antidrogas, ocurrido en mayo de 2020, y la posterior amenaza a la entonces fiscal especializada en Estupefacientes, Mónica Ferrero son clave para la fiscalía a la hora de sustentar su acusación del delito de narcoterrorismo, previsto en la legislación estadounidense en 2006. El delito tiene como requisito que quien lo cometa sepa que con sus actividades de narcotráfico está generando recursos económicos para una Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés) o para individuos que hayan cometido actos de terrorismo. La ley habilita la extraterritorialidad -por la que Estados Unidos se arroga el derecho de juzgar a ciudadanos extranjeros por delitos cometidos fuera del territorio- siempre que afecte el comercio exterior o la seguridad de Estados Unidos.
Como el PCU no está dentro de las organizaciones calificados como FTO, la fiscalía deberá mostrar en el juicio la naturaleza terroristas de las actividades y su daño directo a Estados Unidos. Otra línea de acción, que ya ha esbozado la fiscalía en sus documentos, es que apunte a mostrar los vínculos entre el PCU y el Primer Comando de la Capital (PCC) que fue incorporado a la lista de organizaciones terroristas extranjeras en mayo de este año.
Diego Pérez, que aún no ha sido convocado como testigo a declarar en el juicio, dijo a la diaria que durante la reunión planteó la posibilidad de conformar un equipo de investigación conjunta para avanzar en las causas, aunque advirtió un punto central será en qué medida Estados Unidos juzga a Marset por los hechos ocurridos en Uruguay o los utiliza como elementos para determinar agravantes, dado que está en juego el principio de non bis in idem, no juzgar dos veces a alguien por los mismos hechos.
Pérez dijo que uno de los puntos en los que Estados Unidos podría aportar información a Uruguay es el contexto previo a los ataques y en profundizar las causas que provocaron la amenaza. Por otra parte, la fiscalía uruguaya planteó algunos nombres para declarar como testigos en el juicio de enero, algo que será evaluado por la fiscalía de Estados Unidos.
En la causa que investiga el atentado a la Brigada fueron investigadas 50 personas del entorno de Marset y condenadas unas 20, aunque no se alcanzó a identificar a los autores materiales del hecho. En tanto, respecto de la amenaza de Marset contra Ferrero, fue condenado el hijo del contratista Gerardo Arias, quien reconoció haber facilitado el celular desde donde se concretó la amenaza. En esa investigación se logró establecer un vínculo entre Arias y Rodrigo Fontana, uno de los socios de Marset, que fue asesinado en julio de 2024 en Santana do Livramento.
En tanto, tanto la fiscalía de Estados Unidos como la uruguaya accedieron a las conversaciones de la plataforma Sky ECC en las que quedaron registros de la planificación tanto del atentado como de la amenaza, que incluyó la oferta de 20.000 dólares para quien concretara el ataque en la sede policial.
Abogado advierte que no está probada la admisión de Marset del atentado contra Ferrero
La defensa de Sebastián Marset, liderada por el abogado Santiago Moratorio, emitió un comunicado luego de que se publicaran las mociones preliminares de la fiscalía, en las que esta asegura que Marset admitió haber atentado contra la vida de Ferrero y menciones hechos de corrupción en Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Moratorio destacó que esos documentos son “pedidos de una parte” y no pruebas admitidas en el juicio, dado que se encuentran en lo que sería la etapa de control de acusación, donde justamente la Justicia evalúa la admisibilidad de las pruebas.
En esa línea, Moratorio destacó que los documentos de la fiscalía “no acreditan ningún hecho y no han sido admitidos ni evaluados por el juez”, y la defensa está contestando esas mociones previas.
Además, recordaron que uno de los aspectos que la defensa impugnó fue la legitimidad como prueba de las declaraciones que surgen del interrogatorio realizado tras la detención y su documentación. “Cuando una parte atribuye a un acusado supuestas declaraciones, lo que corresponde es que el juez examine cómo se obtuvieron y cómo se registraron. Eso se discute en el tribunal”, señalaron.
Por otra parte, mencionaron que uno de los escritos menciona actos de corrupción pero “sin nombrar a ningún funcionario ni testigo y sin dar fechas”, además de ser conductas que no figuran en la acusación contra Marset, sino que surgen de los elementos que la fiscalía comenzó a mostrar en esta etapa. “La defensa pedirá al tribunal que exija precisión y fundamentos antes de admitir cualquier elemento”, expresaron. La defensa reiteró la presunción de inocencia que debe regir en el proceso y agregó que sus garantías incluyen “que se debata en el ámbito judicial, no en los medios”.