Justicia Sistema judicial

Palacio Legislativo (archivo, setiembre de 2023)

Foto: Ernesto Ryan

Uruguay ocupa el primer puesto de América Latina y el Caribe en un índice internacional sobre el Estado de derecho

El país se encuentra en el puesto 22 de 143 en el ranking mundial; los funcionarios judiciales señalaron que se trata de un “fuerte mensaje para el sistema político”

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Uruguay se encuentra en el primer puesto de América Latina y el Caribe y en el vigesimosegundo del mundo en el índice del Estado de derecho que mide anualmente World Justice Project, una organización independiente sin fines de lucro que se creó en 2006.

El estudio evalúa el Estado de derecho en 143 países del mundo y se basa en 215.000 encuestas a hogares y 3.400 encuestas a especialistas vinculados a la temática. En la edición de 2026, Uruguay mejoró 1% con relación a la evaluación del año pasado.

En el primer ítem relevado, que evalúa “hasta qué punto quienes gobiernan están sujetos a la ley”, Uruguay se posicionó en el puesto 17 a nivel mundial y en el primer lugar en América Latina y el Caribe.

Además, el relevamiento analiza los niveles de corrupción en las formas de “soborno, influencia indebida por intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos”. En este ítem, Uruguay alcanzó el puesto 26 a nivel general y el primer lugar en la región.

Otro de los factores que se midieron fue la transparencia gubernamental, a partir de la publicación de leyes y datos del gobierno, el respeto del derecho a la información y los mecanismos de acceso a la información pública. Uruguay se posicionó en el puesto 16 de 143 y nuevamente en el primer lugar en la región.

También se posicionó en el puesto 16 a nivel mundial y en el primero en América Latina y el Caribe en lo que refiere al respeto de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

En materia de seguridad, Uruguay se posicionó en el puesto 78 de 143. En América Latina y el Caribe, se ubicó noveno en este rubro, que analiza el control del delito, el uso de la violencia y la existencia de conflictos armados.

En el caso de la aplicación de la normativa, que “mide el grado de imparcialidad y eficacia de las regulaciones”, Uruguay está en el vigesimosegundo puesto a nivel mundial y en el primer lugar en América Latina y el Caribe.

Por otra parte, el índice también mide la resolución de los problemas a través de la Justicia civil, el acceso de la ciudadanía a la Justicia y si esta está libre “de discriminación, corrupción e influencias indebidas por parte de funcionarios públicos”. En este caso, Uruguay se posicionó en el puesto 19 a nivel mundial y en el primero en la región.

Por otra parte, el estudio evaluó el sistema de Justicia penal del país, que incluye a “la Policía, los abogados, los fiscales, los jueces y los funcionarios penitenciarios”. En esta categoría se analizó, entre otros aspectos, si el país tiene un sistema de investigación criminal eficaz, si el sistema de enjuiciamiento es “oportuno y eficaz” y si los sistemas penitenciarios son “seguros, respetan los derechos de los presos y son eficaces para prevenir la reincidencia”. Al igual que en materia de seguridad, donde quedó más abajo en la tabla mundial y regional, Uruguay quedó ubicado en el puesto 32 de 142 países y en el cuarto lugar en América Latina y el Caribe.

Asociación de funcionarios judiciales: “Es un fuerte mensaje para el sistema político”

El informe, que fue publicado a fines de octubre, fue objeto de reacciones. La Asociación de Magistrados del Uruguay publicó este miércoles un comunicado en el que puntualizó que este logro “es el reflejo directo de la vocación y el sacrificio personal” de los jueces y las juezas que aportan diariamente para “suplir las deficiencias del sistema y dar respuestas a los justiciables”. También indicó que detrás del “prestigioso reconocimiento institucional” es sabido que no hay “condiciones laborales acordes ni un presupuesto justo”.

En la misma línea se pronunció la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), que destacó la labor de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, a “pesar de la falta de recursos humanos y de las inadecuadas condiciones de trabajo”. Pablo Elizalde, presidente de AFJU, destacó en diálogo con la diaria que el índice es muy importante porque “consolida al Poder Judicial como el menos corrupto de América Latina y el Caribe y también del mundo”.

Asimismo, Elizalde dijo que el índice “es un fuerte mensaje para el sistema político”, que continúa “sin darle los recursos al Poder Judicial”, y agregó que son los trabajadores y trabajadoras de la Justicia “quienes están manteniendo estos índices” para que “Uruguay tenga una Justicia de calidad”.

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