La jueza especializada en Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, rechazó el recurso presentado por los hijos de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow para levantar el embargo sobre un inmueble con garaje en Montevideo comprado el 28 de marzo de 2022 por 326.000 dólares, por considerar que fue comprado con dinero proveniente de los negocios vinculados a Conexión Ganadera, por lo que puede ser útil para devolver a los inversores. El recurso fue presentado por los titulares del inmueble, Guadalupe y Baltasar Carrasco, alegando que se trató de un regalo de sus padres y que desconocían la situación financiera del fondo ganadero.
Los hermanos señalaron que eran “jóvenes estudiantes” cuando recibieron el dinero para comprar el inmueble y así como ellos no sabían cómo estaba yendo el negocio con la familia Basso “tampoco lo sabían los inversores (...), alguno de los cuales revisten connotada experiencia o incluso méritos académicos en economía, negocios financieros o rurales”, señala la sentencia al citar los argumentos de los Carrasco.
En esa línea, apuntaron que no es suficiente la mera mención a la relación filial para incluirlos en el embargo por 250 millones de dólares que se dispuso contra la familia para proteger el proceso de distribución de sus bienes a favor de los acreedores del fondo ganadero y agregaron que “no hay en principio nada que pueda permitir afirmar que ese dinero entregado por sus padres derive indubitablemente, o, al menos, sin duda razonable, de las conductas que hoy se les imputan”.
En la respuesta al recurso, el fiscal Enrique Rodríguez advirtió que Baltasar y Guadalupe no son terceros ajenos a la investigación, sino que hay una indagatoria iniciada sobre ellos, en los términos establecidos por el artículo 63 del Código de Proceso Penal, que define los derechos de quienes están siendo investigados por la Fiscalía.
En cuanto a la pertinencia del embargo en sí, Rodríguez señaló que fue una decisión tomada en la audiencia de formalización del 17 de julio de 2025, dado que surge de la investigación patrimonial “que tanto Basso como Carrasco, por sí o a través de sus empresas, adquirieron multiplicidad de bienes muebles e inmuebles, e inclusive proporcionaron los fondos para que familiares directos de los mismos hicieran onerosas inversiones inmobiliarias”.
Además, el fiscal agregó que tanto la seña como el resto del dinero para comprar el inmueble con el garaje surgió de la cuenta de Hernandarias XIII, “empresa que forma parte del grupo económico a través del cual se cometieron los hechos delictivos”, un punto que justifica la adopción de medidas cautelares para el decomiso bajo las condiciones previstas en el artículo 53 de la ley de lavado de activos.
En su resolución, Olivera destaca que el principal motivo para incluirlos en el embargo es que “fueron adquiridos con dinero proveniente de las personas físicas de los imputados o de las empresas que ellos dirigían, por tanto, existía un nexo de estas personas con los hechos investigados, habiéndose realizado la trazabilidad del dinero, forma de adquisición y pago, tratándose también de personas investigadas”.
Otro punto señalado por Olivera fue que la medida persigue el asegurar el derecho del Estado ante un eventual decomiso, buscando “evitar su desaparición o que se pueda hacer un uso que implique la frustración de ese derecho”, y advirtió que la fiscalía mencionó que el año pasado fue enajenado un bien y se produjo la venta de algunos vehículos. Además, consideró la calidad de investigados de los hijos de Carrasco en la causa que investiga estafa y lavado de activos, descartando que hayan probado ser terceros de buena fe, definidos jurídicamente como quienes adquieren un bien desconociendo la ilegalidad de su procedencia. El punto será analizado por un Tribunal de Apelaciones.
Hijos de los imputados en la causa declararán en los próximos días
Fuentes allegadas al caso informaron a la diaria que los hijos de Carrasco declararán ante la Fiscalía que evalúa su responsabilidad penal en la causa. El 18 de febrero declarará Agustina Basso, el 19 de febrero lo hará su esposo, Alfredo Rava, y el 20 de febrero declarará en la fiscalía de la calle Cerrito Candelaria Basso. Ese mismo día lo harán Guadalupe Carrasco y Jorge Cunietti, quien fuera socio de Basso. El 24 de febrero declararán Marcela y Valentín Carrasco. Todos serán indagados por su participación directa en las empresas vinculadas al fondo ganadero y los mecanismos de adquisición de los bienes detectados por la Justicia. Además, Rava y las hijas de Basso son investigadas por cobrar dinero adeudado por el Frigorífico Casablanca por fuera del mecanismo previsto en el proceso de concurso.