Tras la primera audiencia celebrada el lunes, en la que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue informado sobre la apertura de la investigación en su contra por el delito de “conspiración para cometer lavado de dinero”, el tribunal federal en Virginia que actúa en el caso convocó a una nueva audiencia para el 20 de marzo.
Si bien en esa primera instancia Marset fue defendido por la defensoría pública, está previsto que para la segunda ya quede formalizada la representación de su equipo de abogados, que estará conformado por Santiago Moratorio, Rodrigo Da Silva y Michael Padula.
En conferencia de prensa, los abogados de Marset informaron este martes que esa audiencia se realizó ante el juez de garantía. Señalaron que más allá de la instancia administrativa en la que se le consulta a Marset si conoce los cargos que se le imputan y si tiene defensa, Marset no hizo ninguna declaración.
Por otra parte, advirtieron la ilegalidad del proceso en Bolivia, dado que luego de ser detenido por efectivos de la policía boliviana, fue trasladado a Estados Unidos en un avión de la DEA sin un proceso de extradición. Además, señalaron que tampoco se respetó el proceso de expulsión previsto en la ley boliviana.
“Nos resulta llamativo, para no decir ilegal, todo lo que sucedió en Bolivia”, señaló Moratorio, que lo calificó como “un atropello” al debido proceso, en el que Marset no tuvo derecho a defensa ni a impugnar ninguna decisión y no se respetó la presunción de inocencia. En esa línea, indicó que “no hubo un proceso de extradición” y que para que exista una expulsión legal tiene que haber un derecho a defensa.
La posible negociación con la fiscalía, el testimonio de Santoro Vasallo y las irregularidades del proceso
En diálogo con la diaria, el experto legal en narcotráfico y lavado Rob Heroy señaló que se trata de un caso en el que la fiscalía tiene motivaciones para intentar cerrar un acuerdo, debido a la información que podría proporcionar Marset y, a su vez, al hecho de que “no será fácil” probar en un juicio su participación en el delito que se le imputa, porque no estaba en suelo estadounidense cuando ocurrieron las transferencias a las que hace alusión la imputación.
Consultado sobre si la imputación podría agregar otros cargos, además del de “conspiración para cometer lavado de dinero”, Heroy advirtió que un proceso de extradición corriente debe limitarse a los cargos por los que fue realizada la extradición. Sin embargo, en este caso, “no es clara la situación”, dado que Marset fue trasladado de un día para el otro. Sobre ese punto, señaló que la administración Trump “no está acostumbrada a seguir las reglas” y que eso podría ser utilizado por la defensa de Marset.
Si bien está previsto que en la segunda audiencia la defensa pida una fianza para continuar el proceso en libertad, está descartado que sea otorgada por el tribunal. En cuanto a la posibilidad de negociar con la fiscalía, Heroy dijo que la pena prevista para el cargo que se le imputó -que no refiere al tráfico de cocaína- es de unos 20 años, que podría reducirse a 15 si Marset colabora.
En cuanto a la reducción de la pena lograda por Santoro Vasallo, quien fuera el encargado de las finanzas de la organización criminal, condenado por la Justicia a 15 años de prisión, Heroy dijo que no surge de la documentación de la causa que Vasallo haya colaborado, más allá del acuerdo alcanzado en el que se declaró culpable, y señaló que podría tener una reducción de la pena de hasta diez años si acepta testificar en el juicio contra Marset.
Consultado sobre si el sistema estadounidense tiene capacidad para proteger a los testigos que aportan información, Heroy señaló que hay programas de protección de testigos exitosos, que incluso podrían incluir a familiares, tanto de Santoro Vasallo como de Marset, pero señaló que no es posible dejar fuera del alcance del crimen organizado a toda la familia de los colaboradores.
Según un documento del distrito federal de Virginia, al que accedió la diaria, en el operativo de detención de Marset participaron la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, el Servicio de Seguridad Diplomática, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Gobierno de Bolivia, la Unidad Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Bolivia, el Grupo de Trabajo de la DEA en Nueva York, la División Aérea de la DEA, las Oficinas de la DEA en Lima, Bogotá, Buenos Aires, Asunción, San Pablo y Río de Janeiro, y Europol.