El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció que el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, decisión que suscitó reparos opositores, aunque también los hubo a la interna.
Este viernes, la diaria Radio recibió al presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Florencio Macedo, para abordar la arista institucional de una idea que todavía no alcanzó el Palacio Legislativo y cuyos detalles aún no se conocen.
En su visión, la realidad internacional “avanza a una velocidad impresionante” y empuja a que los gobiernos persigan transformaciones. Uruguay, que ha sido “conservador en este tipo de cambios”, lo hace “a un ritmo menor pero con pasos firmes”: “El Ministerio de Justicia creo que va en esa línea: modernizar las instituciones y el Estado para cumplir mejor con sus funciones”, acotó. Sostuvo que la gran mayoría de países con democracia plena lo tienen, recordó que estaba incluido en el plan de gobierno de todos los partidos e indicó que, aun sin el texto, en 2025 y 2026 “se han generado distintos conversatorios y actividades en las que profesores y especialistas nacionales e internacionales han venido a dar su punto de vista”, visiones “en general favorables”, aunque con “advertencias”.
Para Macedo, el país “necesita” una cartera destinada a políticas públicas en materia de “acceso a la justicia y derechos humanos”, porque actualmente se administra “de forma atomizada” y “cada institución genera sus propias políticas”: “Centralizar eso parecería algo positivo no solo como política pública, sino también para un mejor rendimiento presupuestal, y además incluso le sacaría presión al Poder Judicial –que no tiene la función de generador de políticas públicas– de enfrentarse como responsable a esa problemática”, dijo. Sobre la figura de su titular, agregó que podría ser positivo tener a un interlocutor “especializado en administración de justicia”, que funcione como el “responsable político” de promover ese tipo de políticas públicas y deba “rendir cuentas frente a toda la sociedad”, al tiempo que pueda “interactuar con el Poder Judicial para una mejora del presupuesto”.
Sobre el vínculo de coexistencia entre la eventual cartera y el Poder Judicial, el abogado opinó que una “buena noticia” es que “se va a crear una ley y no se va a modificar la Constitución”, con lo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberá controlar que sea constitucional. Estrictamente relacionado con el funcionamiento, ejemplificó con el presupuesto –la SCJ hace un proyecto y lo presenta al Poder Ejecutivo para que lo incluya en el general– y mencionó que, aunque la SCJ debería mantener todas sus funciones, pasaría a existir un ministro “especializado en materia de justicia, interesado en que funcione bien la justicia y a quien se lo puede interpelar en el Parlamento respecto de los resultados de la Justicia”, con quien se puede “interactuar” para elaborarlo, además de “trasladar al Ejecutivo y al Parlamento de mejor manera la problemática presupuestal”, enumeró.
“Los problemas que podemos ver en el Poder Judicial hoy no son de las personas, sino cuestiones institucionales o más bien de organización, de estructura. Creo que este ministerio podría ordenar esa problemática”, dijo.
Los reparos sobre el proyecto
Algunas críticas apuntan a que el nuevo ministerio podría sembrar dudas en torno a la independencia de la justicia. En la visión de Macedo, “parecería que en nuestro sistema político la idea de transformación del Estado para modernizarlo está” y se discutirá a fondo una vez que se presente el texto, pero lo “interesante” es pensar esa transformación “por lo positivo” y desde “la disfunción”: “Si pensamos disfuncionalmente, ¿podría esto generar una presión en la administración de justicia, podría esto generar que el gobierno de turno tenga determinada influencia en determinadas decisiones o acciones? Ahí hay que ver cómo, desde el punto normativo y llevado a la práctica, se evita eso y cuáles son los mecanismos de contralor”, aseveró.
En ese sentido, exhortó a pensar en “el contralor interno y externo” para la actividad del ministerio “sin afectar su independencia técnica”, así como en “el día después de la creación” porque “una cosa es la norma”, otra reglamentarla y, finalmente, el último paso se asocia con “un cambio cultural de todos los ciudadanos, los políticos y los actores relevantes” para lograr “entender este cambio institucional y de poder que significa”.
Una voz en discordia fue la del secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, cuando visitó la diaria Radio en agosto de 2025: “El mismo actor político va a tener la misma perspectiva para el que acusa, para el que defiende y para el que tiene preso”, planteó en aquel entonces. Macedo respondió que uno de los problemas actuales es que “el defensor público que tiene que recurrir o apelar los fallos del juez al ejercer la defensa” también está “dentro de la égida de ese mismo Poder Judicial”. Para el letrado, todos los organismos “tienen independencia técnica de fiscales y defensores”, pero al mismo tiempo deben “depender de alguno de los poderes”.
Sobre lo anterior, dijo que la Fiscalía General de la Nación (FGN) depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), por lo que “sería lo mismo pero a través del Ministerio de Justicia, [algo] que parecería más lógico”. En lo que respecta al Ministerio del Interior (MI), indicó que “está abocado a detener a la persona que pudo haber cometido un delito, contenerlo mediante el proceso de prisionalización, si es que va a la cárcel, y después reeducar al mismo que está persiguiendo como función”.
En lo que respecta a críticas por un posible aumento en gastos y burocracia, dijo que le parecen “absolutamente” atendibles los reclamos por presupuesto, dado que “el Poder Judicial necesita más recursos y la FGN también”: “La creación de esta nueva institucionalidad quizás lo que le saque son gastos o necesidades económicas al Poder Judicial, en la medida en que se lo preste otra entidad”, y afirmó que “no necesariamente significaría aumentar gastos más allá de algunos saldos”, porque “las funciones que se le atribuirían al Ministerio de Justicia ya las cumple el Estado”.