La jueza subrogante en lo penal de 36º turno, Gabriela Azpiroz, definió la continuidad de la prisión preventiva contra el exsenador Gustavo Penadés, acusado por 20 delitos sexuales, y dispuso el arresto nocturno para el profesor Sebastián Mauvezín, acusado de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores.
Durante la audiencia la fiscal letrada Isabel Iturralde señaló que la prisión de ambos acusados vencía el 7 de abril y que se mantienen los riesgos procesales que justifican que esperen el juicio en prisión. Iturralde dijo que se trata de una causa particular en la que hay 13 víctimas, diez de ellas con identidad reservada. “Son chicos en situación de vulnerabilidad, que temen mucho por su integridad”, señaló, y mencionó además la investigación parapolicial que se llevó adelante para obtener información contra las víctimas como parte de los argumentos para fundamentar la existencia de riesgos en la investigación.
Además, señaló la necesidad de proteger a algunos familiares directos de las víctimas que declararán en el juicio. “Es un peligro concreto que se mantiene a lo largo del proceso, no hay nada que aminore ese riesgo procesal”, afirmó. Además, mencionó la declaración anticipada del expolicía Federico Rodríguez, condenado por la investigación parapolicial, quien dijo que fue amenazado de muerte por el exdirector del Comcar Carlos Taroco. Además, recordó el acercamiento de Penadés a ese testigo durante una audiencia, lo que fue entendido por la fiscalía como una situación amenazante.
En cuanto a Mauvezín, la fiscal dijo que el profesor le presentó a algunas de las víctimas de la causa y otros adultos. “Tenemos muchos giros de dinero que le hacía Penadés a Mauvezín, a través de un testigo que es dueño de casas de cambios”, expresó la fiscal, quien hizo hincapié en el vínculo entre Penadés y Mauvezín y los riesgos que podría implicar su libertad para la investigación.
La defensa de Penadés, que llevan adelante los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto, señaló que el testigo Federico Rodríguez no fue amenazado por Penadés e instó a revisar las cámaras de esa audiencia. En cuanto a la prisión preventiva, Guerrero dijo que es “imposible que se entorpezca la investigación porque ya finalizó”, dado que están en la etapa de control de acusación.
Además, dijo que la investigación parapolicial se terminó porque todos sus involucrados están condenados: “Nadie puede negar que se haya terminado”.
La defensa Mauvezín, que lleva adelante Rosanna Gavazzo, dijo que su defendido “no tiene imputación” en la trama, rechazó que Mauvezín tuviera el rol de contactar a víctimas y aseguró que su defendido “no conocía a las víctimas”. “Si se realizó una trama, es que no se conocían las víctimas”, señaló.
Gavazzo planteó que en esta etapa del proceso “debería cesar de inmediato la prisión preventiva” de Mauvezín y destacó que existen otras herramientas para respetar el derecho de las víctimas y el derecho de los imputados. “Mauvezín tiene un pedido de condena de seis años y ya lleva 30 meses de prisión, esto es más de un 40% de la pena solicitada por el Ministerio Público”, señaló. Agregó que ese sería el máximo, porque el juez de juicio, en caso de condenarlo, podría reducir la pena.
Señaló que Mauvezín tiene 332 días para redimir, en el caso de que sea condenado. “Si tiene más del 40% de la eventual condena cumplida, creo que el plazo razonable ya está excedido”, señaló. Asimismo, dijo que la prisión obstaculiza la preparación del juicio.
La jueza Azpiroz compartió los argumentos de la defensa de Mauvezín en cuanto a los derechos del imputado y que no van en detrimento de los derechos de las víctimas. Consideró que la capacidad de Mauvezín para entorpecer la investigación es menor que la de Penadés y dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno por 180 días, algo que fue apelado por la fiscalía. En el caso de Penadés, la jueza coincidió con la fiscalía en cuanto al mantenimiento de los riesgos procesales y el entorpecimiento de la investigación, y prorrogó la prisión preventiva por 180 días.