La notificación, redactada por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, llegó al despacho del fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado este jueves en horas de la tarde. Machado asumirá la titularidad de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, cargo al que se había postulado. Machado confirmó la información ante una consulta de la diaria, pero no quiso hacer comentarios.
Fuentes de la Fiscalía informaron que una posibilidad es que su lugar lo ocupe el fiscal Diego Pérez, actualmente al frente de una sede de Flagrancia de Montevideo.
El fiscal Machado y su equipo tienen bajo su responsabilidad dos casos que impactan directamente sobre la última gestión del expresidente Luis Lacalle Pou: Cardama y la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, con la derivación de la destrucción de documentos públicos, una situación que puso en la mira al exasesor presidencial Roberto Lafluf.
En el caso de Cardama, la investigación apunta a posibles delitos de estafa y fraude contra el Estado, ante las irregularidades surgidas en el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.
Además, Machado estaba a la espera de oficios provenientes de organismos públicos para convocar a declarar a Lacalle Pou y otros jerarcas de su gobierno, como el excanciller Francisco Bustillo, Lafluf, el exsubsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel y el entonces director de Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Mata, por la destrucción en Torre Ejecutiva de un documento con certificación notarial que daba cuenta de que el gobierno sabía quién era Marset cuando fue tramitado su pasaporte y decidió ocultarlo al Senado.
Otra de las causas que estaba investigando Machado era el caso del fondo República Ganadera, investigado desde noviembre de 2024 por apropiación indebida y estafa por unos 80 millones de dólares. Recientemente se le había designado, por sistema aleatorio, una causa por difamación e injurias contra el senador Andrés Ojeda y por abuso de funciones contra el diputado Gabriel Gurméndez y el exsenador Pablo Lanz, por irregularidades durante su gestión en Antel.