El prosecretario Jorge Díaz e integrantes del Grupo Asesor Técnico que participaron en la elaboración de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) comparecieron este martes a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para responder preguntas sobre el contenido del proyecto de ley.
Entre otros temas, los legisladores de la oposición consultaron sobre los cambios a la libertad anticipada. El senador colorado Andrés Ojeda dijo que sería bueno saber si era cierto lo que había “escuchado por ahí” acerca de que la bancada del Frente Amplio (FA) pensaba “corregir” el artículo original y no “retirarlo en un 100%”.
“Me gustaría saber si eso lo va a reescribir políticamente la bancada de gobierno o este grupo asesor, y si el criterio será técnico o político. Si es técnico, difícilmente pueda ser muy diferente del que ya promovieron, al menos en su naturaleza. Podremos cambiar si es tres cuartos o dos tercios [del cumplimiento de la pena], pero difícilmente podamos cambiar la naturaleza o el origen”, apuntó Ojeda, según consta en la versión taquigráfica.
Al respecto, Díaz contó que la libertad anticipada fue un proyecto que se discutió “muchísimo” en el Grupo Asesor Técnico y que en su momento fue una iniciativa que presentó una delegación del Poder Judicial, pero que posteriormente fue adoptada por el grupo que elaboró las reformas del código.
“Se envió al Consejo de Ministros y este lo envió a Parlamento. No hubo por parte del Poder Ejecutivo ni tampoco del prosecretario de Presidencia de la República el ejercicio de una especie de comisariato político respecto de las conclusiones del grupo, sino que se remitieron al Parlamento tal como fueron aprobadas”, afirmó.
De todas formas, precisó que “obviamente, desde el punto de vista político, si lo firma el Consejo de Ministros y lo manda, es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, tiene una connotación técnica y una política de las distintas naturalezas”.
Díaz explicó que lo que resolvió finalmente la bancada de senadores del Frente Amplio, en consonancia con el Poder Ejecutivo, “fue que este artículo, tal como estaba redactado, se retirara de la discusión parlamentaria sin perjuicio de que, evidentemente, en el proceso de discusión parlamentaria, ojalá puedan encontrarse fórmulas que sean de consenso y que permitan resolver los problemas que pretendíamos solucionar con la redacción original”.
Díaz señaló que se va a retirar el “texto tal como está”, pero señaló que espera que se encuentre una solución para resolver los problemas que se dan en la práctica y mencionó, a modo de ejemplo, el caso de las “mujeres que ingresan 50 gramos de marihuana a la cárcel”, que “no solamente son penadas con una pena de cuatro años, sino que, además, no se les permite redimir pena por estudio o trabajo y, además, no se les permite la libertad anticipada”.
“Ese era uno de los problemas que buscábamos solucionar y que nos parecía de estricta justicia. Por lo tanto, esa es la respuesta sobre la libertad anticipada”, apuntó.
La decisión de quitar el artículo de libertad anticipada de la reforma del CPP fue tomada por el Ejecutivo, tras una reunión de Díaz con integrantes de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la asociación de ex presos políticos Crysol.
El artículo en cuestión habilitaba a que pudieran acceder al beneficio condenados que hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena por una serie de delitos, entre ellos, los de lesa humanidad. La libertad anticipada se restringió en 2017 con la reforma del CPP y, posteriormente, con la Ley de Urgente Consideración, que incorporó otros delitos en los que se excluía la posibilidad de hacer uso del beneficio.