El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se reunió este lunes en la Torre Ejecutiva con referentes de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la asociación de ex presos políticos Crysol. Según supo la diaria, en ambas instancias Díaz transmitió que el oficialismo modificará el artículo del proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que habilita el pedido de libertad anticipada para personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
El proyecto, elaborado por el Poder Ejecutivo, ingresó al Parlamento a fines de marzo y se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Desde las organizaciones señalaron a la diaria que este lunes se les manifestó que la iniciativa no estaba dirigida a los condenados por delitos de lesa humanidad y que se buscará una alternativa para habilitar la libertad anticipada para personas condenadas por otros delitos, sin incluir los de lesa humanidad. El integrante de Crysol José Pedro Olivera dijo a la diaria que desde el gobierno expresaron “que entendían nuestras razones y que iban a buscar una solución para resolver este tema tan caro para nosotros”.
Una fuente del Poder Ejecutivo señaló a la diaria que junto con la bancada del Frente Amplio se definió desglosar ese punto de la reforma y trabajar en una “redacción alternativa” que aclare que los delitos de lesa humanidad y del período del terrorismo de Estado quedarán excluidos del beneficio de la libertad anticipada. Apuntó, además, que técnicamente no hubo un “error jurídico”, ya que la exclusión de determinados delitos de la posibilidad de este beneficio genera “un problema de convencionalidad”, por el cual los condenados podrían reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el proyecto original del Poder Ejecutivo se elimina la exclusión del beneficio que actualmente rige para todos aquellos delitos que, desde la vigencia del CPP en noviembre de 2017, quedaron sin la posibilidad de solicitar la libertad anticipada. En concreto, la reforma habilita el beneficio para condenados que hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena por una serie de delitos, entre ellos, los de lesa humanidad.
El actual CPP excluye de ese beneficio a quienes tengan condena por delitos de lesa humanidad, delitos de narcotráfico, delitos sexuales, rapiña, homicidio agravado, secuestro y extorsión. También quedan excluidas las personas condenadas que hayan reincidido en delitos de homicidio, narcotráfico, lavado de activos, rapiña, lesiones, extorsión y hurto agravado.
En Uruguay, la mayoría de las personas privadas de libertad por crímenes de la dictadura están condenadas por delitos comunes, principalmente homicidio, lesiones graves, privación de libertad y abuso de autoridad contra detenidos, dado que los delitos de lesa humanidad fueron tipificados por ley en 2006. Desde Crysol, Olivera dijo que “se van a tener en cuenta esas salvedades para que no sean beneficiados los represores”. Dijo que en la reunión de este lunes Díaz “dio la seguridad” de que las organizaciones van a ser consultadas para la resolución definitiva.
El integrante de Madres y Familiares Javier Tassino dijo a la diaria que quedaron “conformes” con la aclaración que hizo el prosecretario de Presidencia. “Nosotros creemos que, a esta altura, ese tipo de definiciones tienen que ser claras, porque si se institucionalizan pueden traer confusión”, señaló Tassino, y advirtió que las acciones que “no son bien calculadas” y que posteriormente “hay que salir a aclararlas” generan conmoción “en mucha gente, sobre todo, en familiares de detenidos desaparecidos”.
En la misma línea, Olivera señaló que manifestaron su “gran malestar” porque se haya “llegado a esta instancia, que pensamos que nunca debería haber ocurrido”. El pasado jueves, Crysol manifestó en un comunicado que “otorgar la libertad anticipada a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, invocando el propósito de descomprimir la explosiva superpoblación carcelaria, nos parece deplorable y condenable”.