Los abogados del principal socio de Sebastián Marset, el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, denunciaron que fue víctima de un intento de atentado contra su vida en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú, según informó radio Ñanduti.
El hecho ocurrió el 11 de mayo y, según un documento difundido por el medio paraguayo, la Justicia instó a las autoridades del centro penitenciario a brindar información sobre el atentado.
El documento del juzgado de Crimen Organizado está dirigido a las autoridades penitenciarias y fechado el 19 de mayo. El juzgado da un plazo de 24 horas para informar sobre los hechos denunciados por los abogados y subraya que “ni el centro penitenciario de Minga Guazú, ni desde el Ministerio de Justicia” enviaron información a la Justicia sobre el hecho.
Según los datos aportados por los abogados, el atentado ocurrió a las 11.00, cuando algunas personas privadas de libertad del módulo eludieron a sus custodios y avanzaron hasta el módulo 8 “con la intención de acabar con la vida de Insfrán”. Después del hecho, las autoridades de la cárcel habrían dispuesto dos miembros de seguridad del establecimiento para fortalecer la custodia de Insfrán y ordenado comunicar a la Justicia, pero la información nunca llegó.
Desde el juzgado ordenaron al centro penitenciario “remitir imágenes del circuito cerrado del lugar que acrediten lo acontecido e informen las medidas de seguridad que se han tomado para resguardar la vida de Insfrán”.
“Desde el momento en que el juzgado penal especializado de Crímen Organizado ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva, es exclusiva responsabilidad del Ministerio de Justicia brindar las garantías suficientes y las medidas necesarias tendientes a proteger la salud y la integridad física del encausado”, señala el documento firmado por una actuaria del juzgado de Crimen Organizado.
Según información brindada por el medio ABC, los atacantes serían siete miembros del Primer Comando da Capital y el plan se habría frustrado porque Insfrán en ese momento estaba participando de una audiencia telemática. El abogado de Insfrán, Federico Torres, dijo que los guardias de la cárcel le comunicaron que los atacantes tenían “orden de silenciar” a Insfrán.
“Por esa situación, inmediatamente presentamos un escrito ante el tribunal para que tome las decisiones pertinentes y pueda resguardar su integridad física y sobre todo su vida”, señaló en declaraciones recogidas por ABC. “Si ellos pueden mantener y resguardar su integridad física y su vida en ese lugar, está bien. Pero si no es así, creemos que lo más conveniente y lo más sano sería trasladarlo a un lugar donde no se encuentre esa clase de personas”, agregó el abogado.
Miguel Insfrán cumple prisión preventiva desde el 25 de agosto de 2024, tras más de dos años prófugo. La alianza con Sebastián Marset se estableció en 2018, pero Insfrán, junto a su hermano José Alberto, era un referente del crimen organizado paraguayo.
Insfrán nació el 17 de febrero de 1982 en la ciudad de Mariano Roque Alonso, al norte de Asunción. A principios de los 2000, Insfrán se dedicaba al robo y el desarme de vehículos, siendo detenido por ese delito cuando se encontraba prófugo en Río de Janeiro. Entre las personas que se declararon como víctimas de esa organización, se encontraba el futbolista y actual ministro de Deportes César Ramírez Caje, quien denunció que le habían robado un camión. Insfrán fue investigado por la desaparición de Édgar David Lomaquis González, un conocido estafador paraguayo, que habría estado reunido con Insfrán horas antes de su desaparición, el 9 de febrero de 2010.
Entre 2013 y 2018, Insfrán se dedicó al automovilismo, pilotando la marca Skoda, que también fue su apodo en las comunicaciones que mantenía con la organización criminal a través de la aplicación Sky ECC. En ese momento también montó una empresa de fabricación de remolques y tanques para agua y combustible, llamada El Porvenir, que luego sería utilizada en el esquema de lavado armado por la organización que montó con Marset. Su contadora, Reina Mercedes Duarte, fue detenida en marzo de 2022, a raíz de la Operación A Ultranza y es considerada una pieza clave en la alianza con Marset.
