La defensa de Sebastián Marset, representada por los abogados Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva, se reunió con el juez Rossie D Alston Jr. y el fiscal Anthony T Aminoff, el 15 de mayo, y pidió posponer la audiencia prevista para el 20 de mayo y avanzar en el estudio de un acuerdo de culpabilidad que fue propuesto por la fiscalía, según informó Búsqueda y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
El documento del tribunal federal de Virginia señala que la fiscalía ha entregado un “voluminoso” conjunto de pruebas, y “ha presentado una oferta de acuerdo de culpabilidad a la defensa”, que deberá ser analizado por la defensa en conjunto con Marset.
“Por consiguiente, las partes solicitan que la audiencia de evaluación del caso se prorrogue hasta el 1º de julio de 2026 para brindar al abogado defensor tiempo adicional para realizar una revisión más exhaustiva de la carpeta de investigación, reunirse nuevamente con su cliente y continuar las negociaciones del acuerdo de culpabilidad”, señala el texto.
En la audiencia, el tribunal definió el carácter complejo del caso por la cantidad de información que se debe procesar y la inclusión de los requerimientos a otros países que tienen evidencia clave para la causa. La declaración de caso complejo le permite al juez extender los plazos establecidos para fijar fecha de juicio en casos ordinarios, lo que le da más tiempo a la defensa de Marset y la fiscalía para trabajar en un acuerdo.
La fiscalía plantea que tiene unos 22 gigas de evidencia, provenientes de las investigaciones realizadas por el grupo de Trabajo de la DEA en Nueva York y Lima, inteligencia paraguaya, boliviana, brasileña y Europol, que envió los mensajes cifrados de la aplicación Sky ECC que utilizaba la organización criminal de Marset para sus operaciones. Además, la fiscalía tiene en su poder los celulares que fueron incautados en la casa de Santa Cruz de la Sierra, donde el líder narco fue detenido el 13 de marzo.
Según los documentos del caso a los que accedió la diaria, en la audiencia del 1º de abril se leyó la acusación contra Marset, en la que se lo plantea como responsable de los delitos de “conspiración para cometer lavado de dinero”, lo que implicaría una condena de 20 años de cárcel y tres años de libertad vigilada siempre que no acepte el acuerdo propuesto por la fiscalía.