La causa investiga decenas de crímenes de lesa humanidad cometidos por militares uruguayos en territorio argentino, entre ellos los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz –cuyos cuerpos aparecieron acribillados el 21 de mayo de 1976 en Buenos Aires, dentro de un Torino borravino–, la desaparición del militante comunista Manuel Liberoff –que fue secuestrado unas horas después de Zelmar Michelini en su casa de la calle San Martín– y la desaparición de Washington Barrios, ocurrida en Córdoba en setiembre de 1974.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2020 por Gabriela Schroeder. Denunció su secuestro y el de sus dos hermanos luego del asesinato de su madre, Rosario Barredo, quien fue secuestrada junto a William Whitelaw el 13 de mayo de 1976; la causa también investiga la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni. Desde su inicio fallecieron varios militares que estaban siendo investigados por el cuádruple homicidio y la desaparición de Liberoff: el 25 de junio de 2021 murió el represor José Nino Gavazzo, en octubre de ese año murió el integrante del Servicio de Información y Defensa Gilberto Vázquez, mientras que Ernesto Ramas, quien llegó a ser imputado en la causa, falleció en 2022. El último militar acusado por el cuádruple homicidio y la desaparición de Liberoff fue José Arab, quien falleció en setiembre de 2025.
Tras el fallecimiento, la Justicia dio por extintos los delitos por los que se acusaba a Arab. No obstante, según señalaron fuentes allegadas a la causa, esa decisión no impide avanzar con otros investigados por el crimen, aun cuando no hayan sido imputados. Es el caso del militar en situación de reforma Manuel Cordero, que se encuentra cumpliendo pena por delitos de lesa humanidad en Argentina, y del prófugo Pedro Mato, quien fue el único signado como autor material del hecho. Si bien en 2010 fueron condenados por los cuatro homicidios el dictador civil Juan María Bordaberry y el canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, hasta ahora nunca hubo imputaciones o procesamientos por la autoría material.
Uno de los puntos que conectan a Mato con la autoría material surge del trabajo de la comisión parlamentaria que investigó los asesinatos entre 1985 y 1987, hasta que una filtración publicada en la columna “El duende de la trastienda”, en el diario El País, determinó la interrupción su trabajo. En esa comisión fue recibida la enfermera Haydée Trías, amiga de la esposa de Mato, quien declaró en ese ámbito que Mato había confesado el crimen cuando atravesaba un cuadro depresivo.
La fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, ha pedido la extradición o el juzgamiento de Mato en Brasil, donde permanece al menos desde 2014, amparado en su ciudadanía brasileña, dado que la Constitución de ese país limita la extradición de sus ciudadanos. Una decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia brasileño a fines de marzo de este año podría cambiar el curso de la investigación: la Justicia brasileña citó a declarar a Mato a pedido de la Justicia italiana. Esto significa que podría ser condenado en Brasil por los crímenes cometidos contra las víctimas italianas del Plan Cóndor, lo que abre la posibilidad de que se utilice el mismo mecanismo y criterio para que responda por los crímenes cometidos en Uruguay.
Además de la posibilidad de obtener avances en relación con la situación de Cordero y Mato, la causa continúa con los otros dos militares en situación de reforma que son acusados por los otros crímenes. En octubre de 2024 comenzaron las audiencias de control de acusación, la etapa previa al juicio, y se estima que la causa permanezca en esa fase, al menos por algunos meses, dado que todavía se discuten los elementos que serán parte del juicio oral.
Jorge Silveira, que integró el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, es acusado por los homicidios de Telba Juárez y Eduardo Chizzola; los delitos de supresión de estado civil de Mariana Zaffaroni y Macarena Gelman, y los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves contra Carlos Rodríguez Coronel, Sara de León, Adriana Ferraro, Alejandro Nogueira, Mario Nino Di Negri, Ricardo Gil Vázquez, Luis Ferreira da Silva, Elisa Michelini Delle Piane, Jorge Vázquez e Ivonne Trías.
Por su parte, el expolicía Ricardo Medina, que ingresó al Servicio de Información y Defensa en julio de 1976, es acusado por la supresión y suposición de estado civil de Mariana Zaffaroni y Macarena Gelman; las privaciones de libertad de María Elena Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba; de Beatriz Inés Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso; de Beatriz Barboza y Francisco Javier Peralta. Además, se le imputó un delito de lesiones graves contra Barboza y Peralta y un delito de rapiña contra la familia Soba y la familia Mechoso.