La casa de Egipto y Estados Unidos donde funcionaba una boca de venta de pasta base y en la que el domingo 24 de mayo fueron acribilladas tres personas, tenía una orden de allanamiento para el día siguiente a raíz de una denuncia anónima recibida por la Brigada Antidrogas, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.
En esa denuncia anónima, los denunciantes marcaron cuatro bocas de venta en Cerro Norte y señalaron a varias personas cercanas al narcotraficante Ricardo Cáceres como los responsables de su administración, entre ellos su esposa y su cuñado. Según la teoría del caso de la fiscal de Estupefacientes, Stella Lorente, que realizó seguimientos, escuchas telefónicas y vigilancias con dron, las bocas eran monitoreadas desde la cárcel por Cáceres a través de videollamadas y cámaras conectadas directamente a dos módems que fueron incautados en su celda en el Penal de Libertad. Sin embargo, Cáceres no figura como indagado en la causa, ni tampoco fue citado a declarar como testigo.
Tres días antes del homicidio, el 21 de mayo, el juez de Crimen Organizado de primer turno Fernando Islas ordenó que el 25 de mayo se realizara el allanamiento de las cuatro casas denunciadas y otras ocho viviendas que surgieron de la investigación y la detención de las personas investigadas, entre ellas el cuñado y la esposa de Cáceres.
Un día antes de concretarse el operativo, varios hombres bajaron de un auto y dispararon contra varias personas que se encontraban en el frente de la casa, hiriendo de muerte a tres, dos hombres y una mujer, mientras que otras dos personas fueron gravemente heridas, entre ellas una de las personas que distribuía la pasta base a las bocas de la organización, que finalmente —días después— fue condenada por tráfico de estupefacientes por un acuerdo abreviado a dos años y tres meses de cárcel. El hombre pidió no ser encarcelado en el Comcar o el Penal de Libertad, por considerar que su vida corría peligro en esos establecimientos. En la misma audiencia, fue condenada la esposa del Ricardito, considerada la responsable de comandar la organización. En su caso, acordó una pena de penitenciaría de cuatro años.
Los 12 allanamientos realizados después del triple homicidio ya habían sido ordenados por el juez Isla y respondían a la investigación de la fiscal Lorente y no del homicidio, que está a cargo de la fiscal Silvia Naupp. En la investigación, a la que accedieron la diaria y El País, Lorente describe la forma en la que operaba la organización. La esposa de Ricardito se reunía con dos personas responsables de administrar las finanzas de la organización y era quien recibía el dinero a través de giros de redes de cobranza, constando que uno de los administradores le giró entre octubre y diciembre de 2025 209 mil pesos y, desde otra cuenta, 421.000 pesos en dos meses. La organización trabajaba con un monitoreo permanente, algo que surge de las conversaciones entre los integrantes de la organización y de los videos extraídos de los celulares que fueron incautados a las personas detenidas. “Que la balanza la ponga para fuera de la mesa, que labure con las cámaras porque, si no, la putean a ella, que el puerta tiene que controlar que esté la balanza”, señala una de las instrucciones que recibió uno de los encargados de la venta dentro de la droga.
Además, la investigación da cuenta del uso de un monopatín eléctrico y una moto que se utilizaba para realizar la recolección del dinero. Por otra parte, la investigación da cuenta de otras denuncias asociadas a la organización, entre ellas la denuncia de un padre que denunció el secuestro de su hija, señalando que, por deudas generadas por su adicción, había sido secuestrada y obligada a trabajar para la organización. La joven dijo que fue golpeada con armas y puños y que “todos los días el Ricardito desde la cárcel llamaba y le decía si sabía quién era él, que era el que salía en la tele”. También se registró una denuncia por copamiento a principios de marzo, en la que el propietario de una casa en Cerro Norte planteó que la organización se había metido en su casa y, “por miedo a represalias” contra su hijo que está preso, les habilitó el galpón de la casa.
Tres policías son investigados por ingresar ilegalmente a la misma boca donde ocurrió el triple homicidio
La casa de Egipto y Estados Unidos, donde ocurrió el crimen, estaba siendo investigada a raíz de una denuncia contra tres policías que el 16 de abril ingresaron a la vivienda sin una orden de allanamiento. En un video difundido en redes sociales, se ve a un policía amenazando a una persona que trabajaba en la boca, diciéndole que la casa estaba tomada, mientras la persona amenazada le advertía de la irregularidad del procedimiento.
Según pudo saber la diaria, dos de los policías denunciados por simular allanamientos con fines extorsivos, que trabajaban en el área de investigaciones de zona 4, fueron trasladados a zona 3 a tareas administrativas, mientras que el otro pidió licencia médica. La investigación administrativa está a cargo de Asuntos Internos del Ministerio del Interior y se mantiene en la etapa presumarial. De acuerdo a fuentes allegadas a la investigación, la versión de los policías es que ingresaron por una denuncia que existió, pero que no registraron, y niegan haber recibido dinero a cambio de no avanzar con las incautaciones. Paralelamente, el caso está siendo investigado penalmente por la fiscal de Delitos Complejos de segundo turno, Sandra Fleitas.
Luego del triple homicidio, el jefe de la zona IV, Charles Portuguez, fue trasladado a la Dirección de Coordinación Ejecutiva “por razones de servicio”.
