Este martes comenzó la audiencia de control de acusación en la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés y al profesor de Historia Sebastián Mauvezín por delitos sexuales. La audiencia –que fue transmitida en vivo por el convenio entre la Asociación de la Prensa Uruguaya y el Poder Judicial– comenzó con la lectura de la acusación contra el senador, que fue presentada en octubre de 2025, tras dos años de investigación.
La fiscal suplente de Delitos Sexuales de tercer turno, Isabel Ithurralde, pidió una condena de 16 años de penitenciaría por diez delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de atentado violento al pudor, un delito de asociación para delinquir y cohecho. Para Mauvezín, la Fiscalía pidió una condena de 6 años de penitenciaría por los delitos de contribución a la explotación sexual.
Tras el relato de los hechos que la Fiscalía intentará acreditar en el juicio oral, se leyó la prueba que procurará ingresar a juicio, para lo que necesita la aprobación de la jueza de garantías, Marcela Vargas. La Fiscalía identificó a 13 víctimas en el caso, que participarán en el juicio a través de la reproducción de las declaraciones anticipadas que ya fueron tomadas y pedirá la declaración de más de 50 testigos, incluyendo peritos que incorporarán los informes criminalísticos, psicológicos, relevamientos fotográficos y otras pruebas periciales y varios testigos vinculados a las víctimas, entre ellos varios policías.
También se pidió la declaración de los periodistas Martín Tocar y Carolina Delisa, el exdirector del Comcar Carlos Taroco, condenado por la investigación parapolicial para favorecer la posición de Penadés en el juicio, el exdiputado Álvaro Viviano y los funcionarios de la Corte Electoral que realizaron investigaciones requeridas por Penadés. En la primera hora de la audiencia, la Fiscalía leyó la acusación fiscal y la defensa de las víctimas expresó su acuerdo con los hechos relatados por la Fiscalía.
Por su parte, la defensa de Penadés, que llevan adelante los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto, comenzó su intervención objetando la acusación por razones formales, tal como prevé el literal a del artículo 268.1 del Código de Proceso Penal. Además de contravenir la calificación jurídica presentada por la Fiscalía, al considerar que hay hechos descritos que no constituyen delito o que constituyen delitos diferentes a los que fueron tipificados, la defensa de Penadés señaló que lo que declararon los denunciantes no está recogido claramente en la acusación. En ese sentido, Guerrero señaló que “si se llega al juicio con una acusación que no es clara”, se está afectando el debido proceso.
En tanto la defensa de Mauvezín, que lleva adelante la abogada Roxana Gavazzo, se opuso al relato de la Fiscalía y aseguró que, si bien es esta quien tiene la carga de la prueba, la defensa va a demostrar la inocencia de su cliente. Concretamente, Gavazzo pidió las partidas de nacimiento de las víctimas, destacando que “va a comenzar un juicio sin el conocimiento del nombre de las víctimas, ni las edades” y dijo que eso lleva a una “vulneración del derecho de defensa”. Gavazzo dijo que “ya no interesa” la identidad de las vícti,as, pero sostuvo que “resulta fundamental tener la edad”, dado que la defensa no pudo controlar ese dato, que calificó como “el eje central” de la causa.
Tras más de cuatro horas de debate, la jueza Vargas coincidió con la Fiscalía en cuanto a que no hay un defecto formal en la acusación y agregó que el debate sobre la tipicidad “se tiene que desenvolver en el juicio oral”. “La información que se proporciona es una información de calidad, porque está fijando la edad que tenía cada una de las víctimas cuando ocurre el evento y el año”, afirmó. La defensa de Penadés apeló la decisión de Vargas.
