El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) incluyó en el articulado del proyecto de ley de Rendición de Cuentas la incorporación de la formación penitenciaria en la Ley General de Educación y la participación del Centro de Formación Penitenciario (Cefopen) en el Sistema Nacional de Educación.
Se trata de un reclamo histórico del Cefopen, que desde su creación, en 2015, se dedica a capacitar a quienes desempeñan funciones en el sistema penitenciario. En los artículos que van del 211 al 215 del proyecto de ley se incluyen cambios a la Ley General de Educación para incorporar a la educación penitenciaria dentro de su regulación, pero además se promueve la participación de un integrantes del Cefopen en la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública y también del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).
Natalia Barraco, directora del Cefopen, dijo que, si se aprueba, este cambio implica un “hito” porque justamente se apunta a reconocer una labor que históricamente ha estado “invisibilizada y poco reconocida”. “Primero, porque todavía cuando se habla de educación en cárceles se piensa solamente en uno de los sujetos de la educación, que son las personas privadas de libertad”, explicó, y, segundo, porque “hay muchos mitos y estereotipos sobre lo que es el trabajo en las cárceles”.
Barraco destacó que la formación penitenciaria requiere una especificidad, y puntualizó que desde el Cefopen trabajan con base en una concepción de seguridad humana, basada en derechos humanos. A modo de ejemplo, señaló que un policía que se forma en la Escuela Nacional de Policía después tiene diversos ámbitos de aplicación de la profesión, y mencionó a los policías de calle y a los bomberos. “Un penitenciario tiene que tener determinados conocimientos, metodologías y formas de proceder, que van de la mano con esa concepción [de seguridad humana] y ese modelo de reinserción social. Para eso todo el personal penitenciario tiene que estar preparado” porque desarrollará una tarea que va a “tener un impacto social importante, como es la rehabilitación”, afirmó.
El Cefopen, que depende del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), se dedica a la formación inicial y permanente del personal penitenciario, al mismo tiempo que realiza formaciones de personal externo al INR, pero que trabaja en el sistema carcelario. En ese sentido, Barraco sostuvo que no estar comprendidos dentro de la Ley General de Educación quiere decir que no son un centro educativo y que los estudiantes y los docentes no son considerados como tales. “Entonces, eso, a nivel simbólico y material, tiene un impacto importante”, ejemplificó.
Por lo tanto, la inclusión en la Ley General de Educación implica que el centro pase a formar parte del Sistema Nacional de Educación y se lo incluya en las políticas educativas nacionales. Barraco explicó que el Cefopen viene trabajando en la Mesa interinstitucional para personas en conflicto con la ley y coordinando con la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura para promover la educación penitenciaria. Sin embargo, aunque el Cefopen participa en el Sistema Nacional de Educación, no es un miembro pleno.
En términos prácticos, la incorporación del Cefopen a la ley aprobada en 2008 implica el desarrollo de planes de estudio, de certificación, de un sistema de bedelía, de formación docente y acompañamiento estudiantil y docente para “poder generar propuestas que consoliden una pedagogía y una didáctica penitenciaria”. También permitirá la posibilidad de que los docentes y estudiantes puedan acceder a un boleto estudiantil y a determinadas becas.
MEC en el Parlamento
Este miércoles concurrió el Ministerio de Educación y Cultura a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda. El titular de la cartera, José Carlos Mahía, se refirió al articulado en cuestión y dijo que se estaba proponiendo incorporar “la formación penitenciaria al Sistema Nacional de Educación, que no existía como tal cuando se aprobó la Ley General de Educación, en 2008”. “Esto es una innovación que creemos que puede aportar por la especificidad que requiere este tipo de educación pública con respecto a todas las personas privadas de libertad”, destacó.
