El fiscal subrogante de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Gilberto Rodríguez, archivó la denuncia penal inicialmente realizada por la empresa de depósitos portuarios Lobraus contra el director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Jorge Gandini, por difamación, injurias, abuso de funciones y revelación de secreto, luego de que en una entrevista con El Observador calificara a la empresa como un “deudor contumaz y serial”, al ser consultado sobre la eventual rescisión del contrato con el Estado.
La denuncia fue presentada en octubre de 2025, por considerar que Gandini había accedido a información privilegiada por su cargo y la había utilizado en contra de la empresa, antes de que el Poder Ejecutivo decidiera rescindir el contrato por incumplimiento. Luego la denuncia fue ampliada alcanzando al resto del directorio, integrado por su presidente Pablo Genta y el director Constante Mendiondo, porque la empresa dice haberse enterado “por la prensa” sobre la resolución por la que fue intimada a cumplir con el contrato con el Estado.
El dictamen de archivo del fiscal Rodríguez, al que accedió la diaria, sostiene que “no se advierte el dolo requerido por la norma, no se advierte una intención, sino palabras o situaciones que eran sabidas por las partes”. Sobre ese punto destacó que la información divulgada por Gandini no fue decretada como secreta o reservada y, por lo tanto, es pública.
Además, consideró que la decisión de rescindir el contrato con la empresa, tomada en enero de 2026 fue apoyada por el directorio del Tribunal de Cuentas y finalmente, a fines de julio, por el Poder Ejecutivo. “Ello descarta que la decisión u opinión vertida en su momento, configurara un acto esencialmente alejado de todo sustento en lo que respecta al desempeño de los actos que hacen a la función pública”, indicó.
Lobraus presentó una iniciativa privada en 2007 para construir en el Puerto de Montevideo un edificio de 21 pisos y un depósito de 30.000 metros cuadrados. En 2013 ganó la licitación, como único oferente, y en 2016 firmó un contrato a 30 años con la ANP, en modo de concesión. En enero de 2025 la anterior administración comenzó el proceso para rescindir su contrato, dado que no había construido la torre ni culminado el depósito, además de sumar una deuda de unos 500.000 dólares por cánones impagos y multas.
La empresa analiza presentar una denuncia contra el Estado ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para dirimir las diferencias con el Estado uruguayo en el marco del Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos. En la Justicia Civil, Gandini enfrenta una demanda por daños y perjuicios por un millón de dólares.
