La Justicia desalojó a 31 familias, en su mayoría migrantes, que vivían en un edificio ocupado en 25 de mayo y Treinta y Tres. En la mañana del martes la policía comenzó el operativo de desalojo, en el marco de un proceso judicial iniciado por los propietarios del edificio de unas cinco plantas. En el lugar vivían 15 niños y niñas.
En diálogo con la diaria, la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Valeria España, señaló la vulneración de derechos que implicó el operativo y destacó que el decreto de desalojo quedó firme, ya que las familias no opusieron excepciones por falta de garantías e información, lo que permitió que el proceso continuara sin que los propietarios acreditaran la propiedad.
España dijo que el Mides venía trabajando con las familias, en su mayoría de origen dominicano, y el 15 de mayo se reunieron para analizar la situación en el Centro de Referencia para Personas Migrantes y luego el consultorio jurídico de la Universidad de la República presentó un escrito para prorrogar el lanzamiento, con una nota del ministerio en la que daba cuenta que venían trabajando con las familias.
“Estamos hablando de un proceso en el que hay un trabajo interinstitucional que involucra a más de 30 familias”, señaló, y agregó que los desalojos claramente “son una vulneración de derechos humanos” e informó que en 2017 ocurrió una situación similar con la participación del mismo abogado en representación de la parte actora en el mismo edificio. España planteó que los migrantes son engañados y pagan una llave de unos 30.000 pesos para acceder al edificio ocupado.
La jerarca señaló que la observación general número 7 del Comité de Derechos Económicos y Derechos Culturales establece expresamente que los desalojos por ninguna razón se deben llevar a cabo cuando hay mal tiempo o alertas por razones climáticas y subrayó que el Poder Judicial “tiene facultad para no desalojar en estas épocas de invierno y tampoco cuando hay niñas, niños y mujeres embarazadas, como es este caso”.
“Desde el Poder Judicial no se actuó con la diligencia esperada, nosotros desde el Ejecutivo llevamos meses acompañando el proceso de relocalización de las familias y desde el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 22° turno se desestimaron los espacios de articulación y al final su decisión impacta en la respuesta institucional que damos”, afirmó.
Sobre ese punto, España dijo que pedirán una reunión urgente con el Poder Judicial para tener un protocolo de desalojos, lo que definió como una necesidad que tiene Uruguay. “No puede ser que haya desalojos sin contemplar aspectos básicos en materia de derechos humanos, de protección de las infancias, quedando el procedimiento en un plano de altísima discrecionalidad”, agregó, y cuestionó que el inmueble esté sin destino “en plena ciudad consolidada”.
