El fiscal especializado en Estupefacientes de tercer turno, Rodrigo Morosoli, avanza en la investigación sobre una organización criminal, responsable del ingreso de 17 kilos de droga al predio carcelario de la Unidad 4, ex Comcar, incautados en la tarde del domingo 23 de agosto. Si bien el operativo fue realizado bajo las órdenes del fiscal de Flagrancia de cuarto turno, Carlos Sastre, la incautación fue el resultado de una investigación sobre una organización criminal que opera dentro y fuera de las cárceles que estaba siendo investigada desde hace varios meses por la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
La droga fue encontrada en los fondos del ex Comcar, entre la zona militar y el predio carcelario controlado por el Ministerio del Interior, en una zona cercana al módulo 6. A partir de la información de la UIAP, se inició un rastrillaje en el área, donde encontraron incluso “a simple vista” ladrillos de droga y otros objetos que tenían como destino su comercialización dentro del recinto carcelario. Según consta en el parte policial, hacia adentro del predio –en zona policial– se encontraron equipos electrónicos, celulares y una máquina para realizar tatuajes.
En total fueron incautados 14,894 kilos de pasta base, 2,320 kilos de marihuana y 353 gramos de cocaína, 38 teléfonos celulares, diez TV Box y 13 routers. Según supo la diaria, se estima que el material era acopiado en esa área común, que no pertenece a ningún módulo específico, para ser distribuida a las diferentes áreas del establecimiento carcelario. Fuentes de la investigación estiman que el valor de venta de todo lo incautado alcanza los 300.000 dólares.
Desde el inicio de la investigación, por el volumen y el empaquetado, se descartó que la droga haya ingresado a través de las visitas y se puso foco en la connivencia con las fuerzas policiales y militares que trabajan en el lugar. Según informó el periodista Gabriel Pereyra y confirmó la diaria, cuando el fiscal Morosoli pidió –a través de la Policía– la nómina de los militares que estaban actuando en la guardia perimetral, los militares le negaron a la Policía la información por cuestiones de procedimiento.
En diálogo con la diaria, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, señaló que lo que pidió el jefe de la guardia perimetral de la Unidad 4 fue que la orden de entregar la lista de los militares que hacen turno en ese establecimiento carcelario llegara a través del Comando General del Ejército. Ante eso, la Policía le pidió al fiscal Morosoli que enviara un oficio al Comando, que, según señaló Stevenazzi, fue contestado este viernes. Además, Stevenazzi informó que el fiscal Morosoli pidió otro oficio con información que está siendo recabada por el Comando y será entregado en las próximas horas, aunque declinó dar más detalles sobre ese segundo informe.
Consultado sobre cómo se está procesando el caso en el Ejército, Stevenazzi indicó que se dispuso una investigación administrativa para determinar responsabilidades. Stevenazzi dijo que se realizará “una investigación con la mayor rigurosidad”, en el marco del Decreto 500/91, pero advirtió que aún no hay ninguna persona sancionada o separada del cargo. Si bien prefirió no dar demasiados detalles sobre el fondo del asunto por tratarse de una investigación que aún está en curso –además de que el hecho está siendo investigado por la Fiscalía–, planteó que la mayor cantidad de paquetes fueron encontrados dentro del área del establecimiento carcelario, fuera de la órbita del Ejército.
En esa línea, aclaró que una parte sí fue encontrada en la franja que corresponde al Ejército, pero señaló que fue encontrada porque, por iniciativa de la fuerza, se dispuso una limpieza del terreno para colaborar con la investigación.
En diálogo con la diaria, el director de Investigaciones de la Policía Nacional, Pablo Lotito, de quien depende la UIAP, señaló que la incautación se logró porque se estaba trabajando con información de que ese domingo iba a haber un ingreso importante de droga a la cárcel, no por los métodos tradicionales, que son las visitas”.
“Se tuvo la información confidencial ese día de que había droga oculta ahí. Va un equipo de la UIAP y encuentra esta cantidad de droga, los celulares y los TV BOX, en parte dentro del perímetro militar y parte ya dentro del predio de la cárcel”, señaló Lotito.
Sobre las hipótesis de investigación, expresó: “Imposible que eso lo hayan tirado para adentro de la cárcel sin el conocimiento militar porque a 20 metros de donde encontraron eso hay una garita militar que está cubierta las 24 horas. Creo que hay una organización criminal compartida, entre policías, militares y presos. Si no hay una corrupción militar [y] policial en conjunción con presos, es imposible que pasen estas cosas”.
Además del segundo oficio solicitado al Comando General del Ejército, están pendientes otras pericias realizadas por la Policía Científica en el lugar y los informes con el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento carcelario.
En abril de 2025, la Policía desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la Unidad 4, en una investigación que llevó adelante la fiscal de Estupefacientes de primer turno, Angelita Romano. En ese caso fueron imputados integrantes de la organización criminal fuera de las cárceles que eran los encargados de ingresar la droga y llevar las finanzas de su comercialización. La droga era pagada principalmente por familiares de los privados de libertad a través de giros a redes de cobranza. Esa organización funcionó al menos entre enero de 2023 y junio de 2024, logrando ingresos por 8,5 millones de pesos.
Otro episodio que reveló el nivel de interacción entre los establecimientos carcelarios y el funcionamiento del narcotráfico fuera de las cárceles fue la investigación realizada por la fiscal de Estupefacientes de segundo turno, Stella Lorente, en mayo de este año, en la cual se detectó una conexión a través de dos módems en una celda del Penal de Libertad, utilizada por Ricardo Cáceres para controlar en tiempo real el funcionamiento de las bocas de pasta base de su organización en Cerro Norte.
Según información del Instituto Nacional de Rehabilitación, el 85% de las personas privadas de libertad presentan consumo problemático de sustancias, sin tratamiento previo al ingreso, y 78% son adictos a la pasta base.
