El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, resolvió esta semana archivar el caso que investiga el desvío millonario del Fondo Social de Viviendas de Obreros de la Construcción (Fosvoc) y, en particular, la investigación referida a que los eventuales destinos del dinero fueran el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).
La denuncia fue presentada en enero del año pasado por las autoridades del Fosvoc, integrado por representantes del Sunca y la Cámara de la Construcción, tras detectar irregularidades cuando la encargada de los pagos mensuales se tomó licencia y la trabajadora que la reemplazó notó movimientos extraños en las cuentas. El desvío fue por más de un millón de dólares y la investigación penal constató que entre abril y noviembre de 2024 se hicieron 193 transferencias bancarias irregulares a 15 cuentas para concretar la maniobra ilegal.
Por esta causa, ocho personas fueron condenadas, entre ellas Bruno Bertolio, expresidente del fondo y exdirigente del Sunca, quien aceptó en un proceso abreviado la responsabilidad de haber cometido los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de dinero. Los condenados dijeron a la fiscalía que no habían actuado por sí mismos, sino que respondían a órdenes de dirigentes del PCU. Tras una audiencia en junio del año pasado, Rodríguez, el fiscal a cargo del caso, dijo en una rueda de prensa que “en principio” aparecía de “manera bastante sólida, consolidada”, la idea de “que parte de ese dinero” iba para el PCU y el Sunca.
Sin embargo, este jueves el fiscal notificó a la defensa del Fosvoc, a cargo de Óscar López Goldaracena, que había resuelto archivar el caso por falta de elementos que permitieran determinar el destino del desvío millonario. En el documento, del que dio cuenta El Observador y al que accedió la diaria, se señala que “de los controles realizados”, no se determinó la “existencia de vínculos transaccionales entre el PCU y el Sunca con el Fosvoc”.
Por otra parte, no se encontró evidencia contra la secretaria de Finanzas del Sunca y del PCU, Laura Alberti, quien había sido señalada por los condenados en la causa, así como tampoco contra los legisladores Óscar Andrade y Daniel Diverio, que se pusieron a disposición de la investigación.
Elementos del archivo
Rodríguez, junto con la fiscal adjunta Gabriela Gómez, afirmó que “la operativa llevada a cabo por la institución PCU (al menos lo que se expresa por acta labrada en oportunidad de controles extensivos de Senaclaft conjuntamente con la documentación aportada para respaldar sus acciones) dificultan, al extremo de que se imposibilita, un correcto control de dicha institución”.
Se señala, a modo de ejemplo, que “basta con mencionar que hay personas físicas (militantes) que operan con cuentas bancarias para el PCU” y que “se desconoce la totalidad de las cuentas bancarias que se utilizan” e “incluso, debido a que estas no están a nombre de una empresa o institución, no es posible acceder a todas ellas si no es mediante la declaración expresa del PCU, lo cual quedó de manifiesto que no necesariamente al ser consultados se brindó, ya sea por error u omisión expresa, información acerca de todas ellas”.
Sobre este punto, se señaló que inicialmente el PCU brindó cuatro cuentas bancarias y luego “surgió la existencia de transacciones de otras cuentas bancarias que eran operadas por militantes del PCU y que no fueron informadas”. En concreto, se trataba de una cuenta a nombre de tres militantes. La fiscalía concluyó que “se desconoce, más allá de las declaraciones que nos puedan brindar, y dado que la apertura de las cuentas se realiza a nombre de un/unos particulares (por no tener personaría jurídica), si el PCU utiliza otras cuentas además de las mencionadas”.
Asimismo, sobre el análisis del ingreso de fondos en sus cuentas, como boletos de rifas o bonos, se señaló que los documentos “no permiten los controles mínimos necesarios” y se indicó, a modo de ejemplo, que “no es posible confirmar que el efectivo depositado por estos conceptos sea el monto proveniente de las rifas/bonos, etcétera, o además incluya otros conceptos”.
Por otra parte, se señaló que, “según el relevamiento realizado en el Sunca, quedó de manifiesto que existen movimientos de dinero en efectivo que no pueden ser rastreables”. En la misma línea se expresó que “todas las instituciones manejan un grado importante de efectivo, y particularmente el PCU no cuenta con personería jurídica y recibe ingresos muy variados y de cuentas personales (tiene aproximadamente 7.000 militantes)”.
En suma, Rodríguez y Gómez concluyeron que, “a partir del análisis realizado y considerando la modalidad operativa del PCU, no es posible afirmar ni descartar que este haya recibido aportes del Fosvoc. Tampoco se identificaron movimientos entre estas sociedades y el Sunca”. Además, “si bien se puede afirmar que el PCU recibió ingresos no documentados, no existen indicios claros de ilicitud de los mismos”.