El proyecto, que fue una iniciativa del diputado colorado suplente Rodrigo Martínez, fue aprobado con los votos de los senadores del Frente Amplio y el colorado Robert Silva, quien no acompañó algunos artículos del proyecto por considerar que podrían mejorarse y presentó sustitutivos que no fueron aprobados.
La responsable de informar sobre el proyecto fue la senadora frenteamplista Graciela Barrera, quien recordó que en 2019 se realizó un conversatorio con legisladores y jueces de la región en los que se habló de las experiencias de procesos de justicia terapéutica y sus buenos resultados en materia de reducción de la reincidencia. “La justicia terapéutica se refiere a un enfoque integrador del derecho penal. Se busca con este mecanismo abordar la raíz de los problemas que llevan a cometer delitos en especial los relacionados con el consumo problemático de sustancias”, señaló.
El proyecto plantea la rehabilitación de la suspensión condicional del proceso y la creación de un piloto destinado a 40 personas que acepten voluntariamente sustituir penas de prisión, con mínimas previstas de hasta tres años, por un tratamiento de rehabilitación supervisado por una comisión técnica y el Poder Judicial.
“El valor principal de este enfoque radica en reconocer que muchas personas que cometen delitos no lo hacen desde la libertad plena, sino desde contextos de profunda vulnerabilidad, trastornos mentales, adicciones y carencias afectivas y materiales que distorsionan su capacidad de decisión. Se ha demostrado que aplicar una pena sin considerar estos elementos, no solo es ineficaz, sino que puede agravar los problemas de base generando ciclos de reincidencia permanente que terminan normalizando la exclusión”, afirmó.
“Estamos hablando de tender una mano institucional para brindar oportunidades reales de recuperación a quienes hoy se encuentran atrapados en un espiral destructivo del consumo, el delito y la cárcel”, agregó Barrera.
Por su parte, el senador del Partido Nacional Carlos Camy dijo que querían que el proyecto volviera a comisión, principalmente en función de los reparos que planteó la Suprema Corte de Justicia en la última sesión de la comisión, donde entre otros aspectos mencionó dificultades para implementarla y la falta de competencia de los juzgados de Ejecución para ese tipo de función.
En ese sentido, Camy señaló que el proyecto piloto, en principio por dos años, plantea su continuidad y que solo hay 17 juzgados de Ejecución en todo el país. “Son dos proyectos de ley en uno: uno del artículo primero al octavo; el otro, distinto, de otra naturaleza, es el artículo 9 que plantea el restablecimiento de la suspensión condicional del proceso que había sido derogado por la LUC [ley de urgente consideración] en el anterior período de gobierno”, afirmó Camy.
“Entendemos que la orientación del proyecto es razonable, compatible en cuanto al propósito que persigue, parece razonable que exista una Justicia particular para este tipo de cosas”, agregó.
Por su parte, el senador Javier García planteó que uno de los aspectos advertidos por la Suprema Corte de Justicia en comisión fue la posible inconstitucionalidad del artículo 10 en la medida en que dispone que el Poder Ejecutivo reglamente una ley que compete al funcionamiento del Poder Judicial. Además, señaló que al no estar creados los juzgados de ejecución con competencia en drogas, la reglamentación no los puede crear por lo que estimó que habrá dificultades al momento de asignar las tareas de supervisión del proceso terapéutico a los juzgados de Ejecución, tal como plantea el proyecto.
