El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, archivó el caso que investiga el desvío millonario del Fondo Social de Viviendas de Obreros de la Construcción (Fosvoc), según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
El abogado denunciante, Óscar López Goldaracena, dijo a la diaria que el jueves se reunirá con el fiscal Rodríguez y conocerá el dictamen de archivo y sus fundamentos. Consultado sobre la posibilidad de que pida el reexamen del archivo del caso por otro fiscal, tal como prevé el artículo 100.3 del Código de Proceso Penal, López Goldaracena señaló que esa decisión debe ser analizada por el Fosvoc.
En cuanto al fondo del asunto y las razones de la decisión, el abogado señaló que si bien aún no accedió al documento sabe que la investigación penal no pudo hacer la trazabilidad del dinero desviado, y agregó que “no hay ningún indicio” que vincule al Partido Comunista del Uruguay (PCU) con la maniobra. López Goldaracena señaló que el PCU no tiene personería jurídica, por lo que no tienen cuentas a su nombre. En ese sentido señaló, que el informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Institucional “no pudo determinar” ilicitud en los fondos analizados. “La ruta del dinero no se pudo establecer”, señaló.
Además, resaltó que en la investigación penal no se encontró evidencia contra la secretaria de Finanzas del Sunca y del PCU, Laura Alberti, quien había sido señalada por los condenados en la causa.
Por otra parte, López Goldaracena informó que se inició una denuncia civil contra los condenados como forma de intentar recuperar parte del dinero a favor del Fosvoc. El abogado explicó que como las condenas, por juicio abreviado, fueron por un delito de lavado de activos, los bienes incautados fueron decomisados. López Goldaracena recordó que por este caso, en el que se descubrió una maniobra de desvío de fondos de 1.200.000 dólares, fueron condenadas ocho personas.
El fondo se creó en 1967, en acuerdo entre empresarios y trabajadores del sector, y es administrado por representantes de las cámaras empresariales y el Sunca y financiado mediante la retención de un 0,025% de los ingresos de ambas partes, para financiar la construcción de viviendas o reformas de trabajadores del sector, con préstamos sin intereses o subsidios.
La investigación penal determinó que la maniobra fue montada por Bruno Bertolio, expresidente del fondo y exdirigente del Sunca, quien fue condenado en junio de 2025 por delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de dinero. Entre abril y noviembre de 2024, se realizaron 193 transferencias bancarias irregulares a 15 cuentas para concretar el desvío de fondos.