Medio Oriente después de la guerra en Irán

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El 7 de agosto de 2026, en La Meca, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa mutua. En él se prevé no solo reforzar la cooperación, el intercambio de inteligencia y los ejercicios militares conjuntos, sino también la coordinación entre responsables políticos y de seguridad frente a cualquier amenaza externa. Asimismo, se plantea la posibilidad de una colaboración más estrecha en el ámbito de la industria y la tecnología militar, así como también en el de la ciberseguridad. Presentado por sus signatarios como una alianza estrictamente defensiva que no se dirige contra ningún Estado en particular, este acuerdo refleja, sobre todo, la voluntad de estrechar lazos ante la reconfiguración de fondo del equilibrio regional tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán¹ y ante un contexto marcado por los proyectos expansionistas de Tel Aviv.

Esta evolución confirma que Medio Oriente [que los árabes llaman Mashrek] y su entorno inmediato –en la encrucijada entre África, Asia y Europa– están escribiendo un nuevo capítulo de su historia contemporánea. Una etapa que surge de la mano de las transformaciones políticas y estratégicas que iniciaron en 2023 y que rediseñan las relaciones de fuerza de un espacio modelado por las guerras y las fronteras impuestas a principios del siglo pasado.

Lo que durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) pudo parecer una suerte de repliegue estadounidense –o al menos un leve relegamiento de Medio Oriente en la escala de prioridades en la agenda del país– contribuyó, tras el estallido de las “revoluciones árabes” en 2011, al surgimiento de nuevas configuraciones regionales y esquemas económicos inéditos.

Irán, en pleno proceso de expansión, se consolidó entonces como la principal potencia regional.² En 2022, mediante su intervención en Siria logró salvar provisoriamente a su aliado Bashar al-Ásad. En 2003, gracias a la caída del régimen iraquí de Saddam Hussein tras la invasión angloestadounidense, logró concretar su dominio parcial sobre Irak. Además, su implantación política y militar en Líbano a través de Hezbolá, así como su apoyo a los hutíes en el norte de Yemen, le otorgó una profundidad estratégica considerable. Más tarde, en 2015, el acuerdo nuclear que alcanzó con la administración Obama y las cancillerías europeas afianzó su liderazgo.

Sus adversarios saudíes y del Golfo reprimieron el levantamiento popular en Baréin para impedir que Teherán –que durante mucho tiempo había reclamado la soberanía sobre la isla antes de renunciar a ella, al menos formalmente, en 1970– se aprovechara de la situación. Con posterioridad, en 2015, los saudíes emprendieron una intervención militar a gran escala en Yemen para frenar el avance de los hutíes, pero no lograron desplazarlos del poder en Saná y eso les impidió disputar realmente el predominio iraní.

Los acontecimientos posteriores sugieren además que Israel –en ese momento dedicado principalmente a la expansión de la colonización en la Cisjordania ocupada y en el endurecimiento del bloqueo sobre Gaza– seguía en paralelo, con gran atención, el avance de la influencia iraní y preparaba su futura confrontación con Teherán y los actores que forman parte de sus redes, empezando por Hezbolá.

El factor chino

A medida que Washington se replegaba, el interés por Rusia en la región se mantuvo acotado, a pesar de su intervención en Siria en 2015 y de su implicación más incierta en Libia. En cambio, la apertura hacia China aumentó de forma sustancial, incluso entre actores regionales antagónicos. Irán, asediado por el peso de sanciones internacionales y, una vez más, bajo estrecha vigilancia tras el retiro de Washington del acuerdo nuclear en 2018, encontró en Pekín no solo el mejor mercado para su petróleo, sino también un proveedor de bienes y tecnología.

Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Turquía también entablaron relaciones con China para llevar adelante grandes proyectos económicos, mientras que Abu Dabi profundizó su cooperación petrolera y comercial con India. Egipto, Sudán y el norte de África experimentaron una actividad similar: las inversiones y productos chinos aumentaron de una forma inédita en detrimento de los actores occidentales, tanto europeos como estadounidenses. Por su parte, Israel atrajo a empresas chinas e inversores indios para desarrollar su infraestructura, sobre todo alrededor de los puertos de Eilat y Haifa.

El marcado retorno de Washington a la región mediante los Acuerdos de Abraham en 2020 –que ratificaban la normalización de las relaciones entre varios países árabes y Tel Aviv– buscaba activar una dinámica capaz de devolverle la iniciativa frente a Pekín y consagrar el papel central de Israel en un vasto espacio geopolítico. Este se extendía desde Marruecos y Sudán, en la vertiente africana, y se proyectaba hacia el mar Rojo hasta Emiratos y Baréin, en la vertiente asiática, bajo una lógica de contención de Irán en el Golfo y el océano Índico. Al sumarse a Egipto y Jordania, países que habían normalizado sus relaciones con Israel desde hacía tiempo, estos Estados debían constituir, según la administración Trump, un arco estratégico de primera importancia, tanto en el plano económico como en el político y militar.

Incidencia emiratí

En ese contexto, Emiratos buscó protagonismo: selló su alianza con India e Israel, extendió su control sobre el este y el sur de Yemen y estableció una base militar en la entrada del mar Rojo, en Somalilandia. Además, apoyó a ciertas facciones armadas en Sudán,³ en especial las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), acusadas de crímenes de lesa humanidad, tras haber respaldado previamente a las tropas afines al general Jalifa Haftar en Libia. Esta política de influencia emiratí se inscribía en una visión portuaria, militar y comercial del poder, atenta a los estrechos, las fachadas marítimas, las rutas energéticas y las plataformas logísticas.

No obstante, la vacilación de Arabia Saudita a la hora de entablar lazos diplomáticos con Tel Aviv combinada con la reconciliación entre Riad y Teherán bajo la mediación de China⁴ –en un momento en que la administración de Joseph Biden parecía poco dispuesta a continuar con la política que Trump aplicó para Medio Oriente durante su primer mandato– frenó la dinámica de acuerdos de normalización. Por su parte, la guerra genocida en Gaza que se desencadenó tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 la terminó por suspender, antes de que un conjunto de variables regionales e internacionales volviera a barajar las cartas.

La caída de Damasco y la guerra con Israel

Entre esas variables figura el final del régimen sirio a finales de 2024. Su vulnerabilidad estructural ya había quedado expuesta con el debilitamiento del apoyo directo de Rusia, dedicada de lleno, desde febrero de 2022, a la guerra en Ucrania. El Kremlin quería convertirla en una demostración de fuerza, pero la invasión complicó los planes y absorbió la mayor parte de sus recursos militares y económicos.

Es preciso añadir el retroceso de la influencia de Irán en la región resultante de la recomposición del escenario político iraquí y de la transformación de la Siria pos-Ásad en un espacio hostil a Teherán. En cuanto a Hezbolá, perdió gran parte de sus capacidades militares después de la “guerra de apoyo” a Gaza que emprendió el 8 de octubre de 2023. Respaldado por su aparato de inteligencia, su incuestionable superioridad aérea y su impunidad, Israel transformó esta campaña en una catástrofe para “el partido de Dios” y su base social, así como también para la mayoría de los habitantes del sur y del este de Líbano, y de las afueras del sur de Beirut. A esta dinámica se sumaron los bombardeos de Tel Aviv y Washington contra el programa nuclear iraní en junio de 2025, seguidos de una respuesta de Teherán con lanzamientos de misiles y drones que alcanzaron varios puntos del territorio israelí, aunque sin modificar las nuevas relaciones de fuerza ni lograr una disuasión real.

En ese contexto, Israel mantuvo su plan de aniquilación de Gaza, al mismo tiempo que fomentó la violencia de sus colonos en Cisjordania. Ocupó zonas en Líbano y, a pesar de un supuesto alto el fuego, mantuvo a lo largo de 2025 una práctica continua de asesinatos, bombardeos y destrucciones. También se apropió de territorios en el sur de Siria. Su primer ministro Benjamin Netanyahu –que tiene una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad– quiso, según sus palabras, “cambiar la región”, especialmente tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Turcos y saudíes

Ante esta hipertrofia del poderío israelí, Turquía y Arabia Saudita impulsaron –a finales de 2025– una nueva iniciativa destinada a contrarrestar a Tel Aviv, que estaba dejando en un segundo plano tanto a Ankara como a Riad. En primer lugar, ambos países se desplegaron en sus respectivos “espacios vitales”. Arabia Saudita, preocupada por las ambiciones emiratíes, se comprometió militarmente contra la expansión de Abu Dabi en Yemen. Con el aval de Washington, Turquía impuso una configuración siria que limitaba los riesgos de fragmentación territorial y le aseguraba un papel central en el país, al tiempo que ponía fin, entre mayo y julio de 2025, a las últimas esperanzas kurdas de autodeterminación en el noreste sirio. Ankara también buscó que El Cairo se sumara a los esfuerzos de la región y agitó la amenaza de una intervención en Sudán frente a las FAR, armadas por Emiratos. En respuesta al reconocimiento por parte de Tel Aviv de la República de Somalilandia, no reconocida internacionalmente, Ankara y Doha aumentaron su asistencia a Mogadiscio.

Por su parte, en setiembre de 2025, Riad firmó unos acuerdos estratégicos con Pakistán, en clara respuesta a los concluidos entre Emiratos e India. Turquía apoyó esos compromisos y propuso transformarlos en una alianza cuatripartita que incluyera a Egipto, con el fin de sentar las bases de una fuerza musulmana afroasiática capaz de hacer frente al eje Nueva Delhi-Doha-Tel Aviv. En junio, los ministros de Asuntos Exteriores de los cuatro países institucionalizaron en El Cairo un formato de concentración, antes de que Riad, Islamabad y Ankara firmaran de manera oficial su pacto de defensa trilateral el 7 de agosto. Por el momento, Egipto ha preferido mantenerse al margen de este acuerdo debido principalmente al tratado de paz de 1979 que mantiene con Israel –que le impide contraer cualquier compromiso militar incompatible con ese país–, pero también para conservar su libertad de acción y su rol de mediador en Gaza, en donde sigue siendo un interlocutor aceptado por ambas partes.

La política de la periferia

En un segundo plano, el eje Nueva Delhi-Doha-Tel Aviv, cuya constitución motivó esta recomposición, conecta los puertos de Bombay (Mumbai), Dubái y Abu Dabi, a través de los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, con el puerto de Eilat y, posteriormente, mediante vías rápidas, con el puerto mediterráneo de Haifa. Este eje modifica el plan inicial que convertía a Arabia Saudita y Jordania en las piezas centrales de la conexión entre India, Emiratos y la costa mediterránea. Asimismo, se inscribe en un antiguo enfoque: transformar los aledaños de Medio Oriente en una base estratégica. La llamada política de la “periferia”, elaborada durante las primeras décadas del Estado con el gobierno de David Ben Gurión (1955-1963),⁵ buscaba terminar con el aislamiento de Israel en la región mediante la construcción de una red con potencias no árabes –por ejemplo, el Irán del sha Mohammad Reza Pahlaví, la Turquía kemalista de los militares y Etiopía, además de ciertas minorías presentes en países árabes–, dentro de una lógica de inteligencia, seguridad y contraasedio. Aunque estas formas históricas han cambiado, Israel continúa sirviéndose de esta lógica en sus alianzas actuales: con India en materia de defensa, tecnología y agricultura; y con Etiopía y Somalilandia en su proyección hacia el Cuerno de África, el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Esta red no reproduce de forma mecánica la antigua doctrina, pero conserva su principio: eludir a las potencias árabes, extender el poder israelí más allá de su entorno inmediato y sustituir una paz regional basada en la resolución de la cuestión palestina por una normalización impulsada por intereses de seguridad, económicos y tecnológicos, que deja a Palestina completamente al margen.

Desde esta perspectiva, Israel integró a Chipre y Grecia en la arquitectura de sus alianzas con el fin de reforzar su atractivo para los europeos, al tiempo que ejercía una presión cada vez mayor sobre Líbano, inmerso en la búsqueda de acuerdos con los chipriotas para la explotación de yacimientos de gas marítimos. Esta maniobra llegó a inquietar a un Egipto ya preocupado por la gestión de las aguas del Nilo y el proyecto de la Gran Presa impulsado por Adís Abeba, así como por las cuestiones energéticas en el Mediterráneo oriental y el futuro de los ingresos del canal de Suez en caso de contracción o desvío del tráfico marítimo.

Tel Aviv continuó asimismo acentuando su rivalidad con Ankara en torno a la alianza con Azerbaiyán. Este último, eufórico tras su victoria sobre Armenia, se mantiene no obstante en un equilibrio entre la proximidad política con Israel y la colaboración económica con Turquía, atento a sacar provecho de los proyectos en desarrollo para conectar China con Europa a través de Asia Central y Turquía.

Ormuz en el centro

Así, dos grandes bloques parecían estar consolidándose en 2025: un primer conjunto indo-emiratí-israelí que buscaba extenderse y ampliarse, y otro paquistaní-saudí-turco en estrecha cooperación con El Cairo en busca de acuerdos con Siria y Jordania.

Estados Unidos siguió de cerca esas dinámicas. Sus relaciones con la mayoría de los polos de ambas alianzas en competencia se mantenían en buenos términos. Sin embargo, Washington pretendía aislar aún más a Irán, evitar que China sacara provecho de la situación y preservar la centralidad de Israel, todo ello al mismo tiempo que buscaba mantener el control sobre los principales corredores energéticos y comerciales.

El 28 de febrero, el inicio de la nueva ofensiva israelí-estadounidense contra Irán –mientras Washington y Teherán continuaban sus negociaciones sobre la cuestión nuclear bajo la mediación del Sultanato de Omán– puso en pausa las recomposiciones regionales en curso. Pensada por sus impulsores como una operación destinada a debilitar de forma duradera a la República Islámica, destruir su programa atómico, dejar al régimen sin referente y desarticular sus instituciones de seguridad, esta guerra terminó por abrir una etapa más incierta que decisiva. Irán ha quedado gravemente golpeado por las destrucciones, el asesinato de sus líderes religiosos, políticos y militares, las pérdidas humanas y el desgaste económico de un enfrentamiento asimétrico; aun así, su régimen ha logrado conservar su cohesión y una parte considerable de sus capacidades de combate. De hecho, en abril, durante el frágil alto el fuego, continuaba en el poder y seguía siendo capaz de alterar los planes de sus adversarios y de movilizar a sus aliados regionales, con el Hezbolá libanés a la cabeza. Con su respuesta a Israel y, posteriormente, su ataque al norte de Irak y varios países del Golfo, Teherán hizo pagar a sus vecinos de Medio Oriente el precio de su alianza con Washington.

Durante este enfrentamiento, el estrecho de Ormuz se convirtió en el escenario principal de esa capacidad de presión iraní. Al bloquear, minar y cerrar ese paso que permite el tránsito de gran parte del petróleo y del gas a nivel mundial, Teherán desplazó el centro de gravedad del conflicto. Consciente del costo que implicaría un cara a cara directo y prolongado con sus adversarios, transformó al estrecho en una palanca de alcance planetario. Ormuz se volvió entonces un instrumento político y un arma de coacción, y también reveló de forma brutal la dependencia energética internacional.

La perspectiva paquistaní

Fue en ese contexto que Pakistán decidió intervenir. Su posición geográfica, en la confluencia de Irán, Asia del Sur, el Golfo y las rutas hacia China, le otorga una relevancia estratégica creciente. Como país musulmán dotado de armamento nuclear, está obligado a moverse en una delgada línea entre oportunidades y limitaciones. Debe preservar su relación con Teherán, ya que ambos países comparten una frontera sensible, marcada por las tensiones en Baluchistán, donde Teherán reprime a grupos acusados de separatismo, y también el tráfico ilegal y el riesgo de desbordamientos. Pakistán tiene, por lo tanto, un gran interés en evitar la caída de Irán en medio del caos, ya que un desenlace así abriría un foco de inestabilidad en su frontera occidental que recordaría, en ciertos aspectos, al que sufrió durante mucho tiempo en el lado afgano. Al mismo tiempo, Pakistán sigue siendo un aliado estratégico de Arabia Saudita y de Qatar, países donde residen millones de sus trabajadores y desde los que provienen transferencias de fondos esenciales para su economía. Esta doble dependencia echa luz sobre su empeño en lograr un alto el fuego definitivo, una postura respaldada por Trump, quien, a diferencia de Netanyahu, terminó mostrando interés en poner fin a una guerra emprendida sin una verdadera estrategia y capaz de desencadenar una grave crisis económica a escala mundial.

El dilema de la monarquías

En esa dinámica, el rol de Omán cobró una importancia muy superior a su peso real. Fiel a su tradición de mediador discreto, el sultanato se encontró, a partir de su implicación en las negociaciones nucleares, en el cruce de dos asuntos ahora interconectados: la seguridad de la península arábiga y la gestión del canal de Ormuz.

Para las demás monarquías del Golfo, la guerra supuso un gran revés estratégico. Durante décadas, su prosperidad se basó en dos pilares: la protección militar estadounidense y la relativa previsibilidad de las rutas energéticas. Hoy en día ambos cimientos se encuentran debilitados. Las bases estadounidenses instaladas en Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Arabia Saudita estaban destinadas a garantizar la seguridad de estos países, sobre todo frente a Irán; en lugar de eso, terminaron exponiéndolos a las represalias de Teherán. Ahí radica el dilema central de estas monarquías, que siguen dependiendo de Estados Unidos en lo que respecta a sus sistemas de defensa, inteligencia, baterías antimisiles y protección naval. Sin embargo, ahora son conscientes de que Washington puede desencadenar una guerra, negociar una tregua, redefinir sus prioridades o plantear una salida diplomática respondiendo únicamente a sus propios intereses. En este contexto, la seguridad de la monarquía se encuentra a la vez garantizada y desprotegida: cuanto más recurren al paraguas estadounidense, más vulnerables se vuelven a las respuestas iraníes; y cuanto más buscan emanciparse de él, más evidentes resultan los límites de sus capacidades autónomas, a pesar de los abultados presupuestos que destinan a la defensa. Por ahora, la consolidación de sus relaciones con China tampoco altera este equilibrio, ya que Pekín sigue siendo, ante todo, un socio económico.

La guerra también dejó al descubierto las crecientes diferencias entre Riad y Abu Dabi. La rivalidad entre Mohammed bin Salmán (MBS), príncipe heredero saudí, y Mohammed bin Zayed (MBZ), presidente de Emiratos Árabes Unidos, va más allá de la mera competencia por la influencia o el prestigio –ya visible en Yemen– y afecta la definición misma del orden regional. Al igual que Pakistán y Qatar, Arabia Saudita, preocupada por Irán, busca contener la escalada y aspira a mermar el poder iraní, pero teme las consecuencias de un colapso abrupto de la República Islámica. Un escenario de ese tipo provocaría la fragmentación de un vecino inmenso, la alteración de los mercados energéticos, una militarización prolongada del Golfo y el ascenso de Israel como única potencia regional indemne.

Por su parte, la federación de los emiratos actuó de forma muy distinta frente a la crisis. Mucho más expuestos a las represalias iraníes, más comprometidos con la red de normalización de relaciones con Israel y más deseosos de liberar su política energética de ataduras colectivas, Emiratos Árabes Unidos adoptó una postura mucho más ofensiva. Su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) refleja esa voluntad de autonomía respecto a Riad y su preferencia por una política más flexible, transaccional y menos supeditada a los esquemas árabes o petroleros tradicionales. Abu Dabi busca incrementar sus ventas, acelerar la diversificación de sus alianzas, blindar sus vínculos con Asia y Occidente, y librarse de la disciplina de cuotas que impuso Arabia Saudita. Así, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) –creado en 1980 para hacer frente, precisamente, a la amenaza iraní– se percibe hoy menos como una estructura común que como un escenario donde cada capital evalúa sus pérdidas, su margen de maniobra y sus posibles ganancias.

Líbano como recurso y reflejo

En paralelo a estos acontecimientos en el Golfo, la extensión de la guerra israelí contra Hezbolá y Líbano en marzo generó aún más inestabilidad. Las tensiones internas en Beirut entre partidarios y detractores de Hezbolá, la destrucción de decenas de pueblos del sur, las pérdidas humanas y materiales infligidas a un país que desde 2019 viene atravesando crisis financieras y económicas, el temor a un conflicto sin salida política y la nueva ocupación israelí de un territorio calificado de “urbicidio” y despoblado de sus habitantes representan una amenaza existencial para el Estado libanés.

Beirut se encuentra atrapada entre tres grandes condicionamientos: la continuidad de las operaciones israelíes –más allá de la tregua pactada en torno a Irán–, el desplazamiento masivo de poblaciones junto con la ocupación y la destrucción de una zona que abarca casi el 8 por ciento del territorio nacional, y finalmente las presiones de Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz con Tel Aviv y forzar el desarme de Hezbolá –presiones a las que este último responde amenazando con derrocar al gobierno si se aceptan las condiciones de Washington y Tel Aviv–. Las negociaciones y la ulterior firma en Washington, el 26 de junio, de un acuerdo entre Beirut y Tel Aviv no han modificado la situación.⁶

Para Teherán, Líbano sigue representando un recurso estratégico esencial. Un alto el fuego que incluya a Hezbolá le permitiría resguardar parte de su despliegue regional. En cambio, la destrucción del movimiento chiita supondría la pérdida de una de sus principales vías de proyección exterior.

En lo que respecta a Israel, este ha aprovechado la coyuntura para consolidar la ocupación de territorios libaneses y conectarlos con las zonas recientemente conquistadas en el sur de Siria. Desde allí amenaza la ruta que une Turquía, Jordania y Arabia Saudita, al tiempo que instrumentaliza la “cuestión drusa”, detonante de fricciones confesionales tras la masacre perpetrada en julio de 2025 por milicias afines al nuevo régimen de Damasco en Sueida. En los últimos meses, en esa misma región ha cobrado fuerza un movimiento separatista de perfil proisraelí.

Al mismo tiempo, Tel Aviv continúa con su proyecto genocida en Gaza y acelera sus intentos para consumar la anexión de Cisjordania, cuya cobertura mediática se encuentra, desde hace un tiempo, relegada a un segundo plano.

De este modo, la región atraviesa un período de profunda incertidumbre. Las guerras rediseñan provisoriamente los mapas y las alianzas hacen caso omiso del derecho internacional. Los Estados revelan sus puntos débiles. Las sociedades, a pesar de las ruinas, los desplazamientos forzados, los desacuerdos internos y las presiones externas, siguen resistiendo. Las rivalidades imperiales, el auge de las potencias intermedias, la centralidad persistente de Palestina y la impunidad israelí forman parte de un panorama atravesado por múltiples fracturas y relaciones de fuerza cambiantes. Es esta combinación, más que la sucesión de conflictos en sí, la que confiere a esta nueva etapa su carácter precario e inestable.

Ziad Majed, politóloga franco-libanesa, profesora en la American University de París y autora del libro Le Proche-Orient, miroir du monde, La Découverte, París, 2025. Traducción: Paulina Lapalma.