La variable “equilibrio” fue una pieza fundamental para el estudio que realizó el Observatorio de Medios del Uruguay (OMU) sobre la cobertura informativa de las dos posturas de cara al referéndum del 27 de marzo que pretende derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). ¿Cómo se mide el equilibrio? El observatorio valoró características cuantitativas y cualitativas, concentrándose en la primera dimensión. Si bien en diciembre la mayoría de los medios analizados cubrían más noticias relacionadas con el Sí, hacia febrero la balanza se había inclinado totalmente hacia el otro lado: “26% de las noticias tienen fuentes en su totalidad o en su mayoría favorables al ‘Sí’, frente a 55% favorables al ‘No’”, consignó la investigación.
Pero el equilibrio en cuanto a las noticias y lo que se elige decir en ellas es potestad de los medios. La publicidad, por otra parte, depende del presupuesto del que disponga cada comando para comprar minutos en radio y televisión, además de cartelería, impresiones de folletos y papeletas, y un sinfín de pormenores que surgen en campañas a nivel nacional. Asimismo, las campañas por consultas a la ciudadanía de este tipo –ya sean referéndums o plebiscitos– no son controladas por la Corte Electoral, ya que no están comprendidas dentro del campo de acción de la Ley de Partidos Políticos –18.485, del año 2009–.
Esta ley, según explicó a la diaria el ministro de la Corte Electoral, José Korzeniak, “regula el financiamiento de campañas en elecciones nacionales y departamentales, además del financiamiento permanente de los partidos políticos”; dentro de estas definiciones, además, se distingue el financiamiento público del privado. El primero se hace desde el Estado, “con cargo a Rentas Generales” y en función de los votos obtenidos en la última elección. El segundo, por su parte, se controla simplemente con una rendición de cuentas que entregan los partidos.
La principal ayuda económica que perciben los partidos en épocas que no son electorales tiene que ver con el financiamiento permanente, que entrega de forma anual –según lo dispuesto en el artículo 39 de la ley– cuatro unidades indexadas (UI) por cada voto obtenido en la última elección. Si se toman los votos que cosechó cada partido en 2019, da que el Frente Amplio (FA) recibiría al año unas 3.797.504 UI anuales –lo que equivale a más de 20 millones de pesos–; el Partido Nacional (PN), unas 2.785.808 UI o 14,7 millones de pesos; el Partido Colorado (PC), 1.200.708 UI o 6,3 millones de pesos; y Cabildo Abierto, 1.074.944 UI o 5,6 millones de pesos. “Yo no puedo decirte cuánto está gastando cada campaña porque no lo sé, la Corte no se entera de eso”, explicó Korzeniak, aunque aseguró que “se echa mano del financiamiento permanente”.
Por otro lado, Korzeniak sí se sintió habilitado a contestar sobre el costo que tendrá esta elección para el Estado: “Unos 93 millones de pesos, que incluyen desde la asistencia técnica para la transmisión de resultados, la asistencia para la comisión receptora de votos, la transmisión de datos, más los viáticos de los funcionarios que se trasladan y toda la organización logística de la elección”.
Consultado por el hecho de que el financiamiento de las campañas en referéndums y plebiscitos no se controle, Korzeniak sostuvo que a su juicio “no hay un fundamento racional”, y que de todas formas “el régimen de financiamiento en Uruguay es muy insuficiente; soy de los partidarios de que tendríamos que mejorar muchísimo este tema”. Recordó que durante la pasada legislatura se impulsó un proyecto de ley sobre el tema que “tuvo media sanción y no se aprobó; lo lamento mucho, porque era mejor de lo que hay, sin ser una legislación a la que yo aspiro”.
“En el mundo hay ejemplos suficientes del problema del financiamiento de los partidos políticos como para no tener mecanismos de control; no es que no haya, pero son insuficientes”, arguyó Korzeniak, y sostuvo que existen “prohibiciones que la Corte Electoral no está en condiciones de verificar” por carecer de los mecanismos y las herramientas que en “otros organismos electorales del mundo” sí existen.
“Además, hay otras discusiones”, añadió. “Por ejemplo, ¿es conveniente o no el financiamiento privado de los partidos políticos? Hay que discutir a fondo un mejor control del financiamiento; algunos países prefieren que no haya financiamiento privado, que es difícil porque las campañas son costosas y significaría una carga importante para el Estado, más de la que ya tiene. Pero, por otro lado, es saludable que los partidos políticos tengan fuentes de financiación transparentes”, sostuvo el ministro de la Corte Electoral.
Asimismo, consideró que la llegada o no de financiamiento privado “puede generar desigualdad”, ya que “lo que se trata de hacer en las campañas es tomar criterios objetivos y conocidos por todos para que el financiamiento transcurra por esos carriles”. Es decir, “el sistema de financiamiento público tiene que ver con los votos obtenidos”, pero las reglas “tienen que tener en cuenta el contralor”. Para eso, según Korzeniak, “hay que hacer auditorías y hay que tener herramientas. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante a nivel legislativo”, concluyó.
“Campaña muy austera” del Sí
“La campaña en el caso del PIT-CNT va por un aporte extraordinario de cada afiliado”, sostuvo en diálogo con la diaria el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), José Olivera. Dicho aporte extraordinario “fue votado en la Mesa Representativa el año pasado, por un valor de 45 pesos por afiliado en cinco cuotas –es decir, nueve pesos por mes–, y ese es el grueso del financiamiento de la campaña que estamos aportando como PIT-CNT”.
Según Olivera, la central sindical no tiene otra forma de financiar “que no sea con aportes sindicales” 50% de la campaña por el Sí, que es el acuerdo al que llegaron con el FA, la otra organización que financia la opción del voto rosado. “Es una campaña muy austera, que tiene un componente central que es la militancia para distribuir y producir contenido y materiales”, reflexionó Olivera. Agregó: “El gasto más grande que tenemos es en imprenta, en lo que tiene que ver con las papeletas y folletos, y después pautas en radio y televisión, que es casi testimonial por los costos que tiene”.
Por su parte, Fernando Pereira, presidente del FA, consideró que la campaña “se podría llamar ‘Al voto sí lo financia el pueblo’”, en vista de que los distintos sectores del FA aportan una parte importante pero “hay miles de uruguayos que han comprado su balconera y han puesto una voluntad mayor al costo que tiene, que compran un pin y lo pagan, compran una banderita para el auto y van construyendo recursos que se vuelcan en los miles de muros que después se ven pintados”.
No obstante, “eso no paga minutos de televisión”, matizó Pereira, y explicó que la comisión de finanzas del FA definió –en acuerdo con los sectores– ahorrar una parte para la campaña, sumado a lo que los sectores aportaron –unos 70.000 dólares– “y, con algo de endeudamiento que vamos a agarrar, llegamos a cubrir la mitad de la campaña, teniendo claro que no se acerca ni mínimamente a los que precisamos”.
“Estos son los recursos para minutos de televisión y minutos de radio, en las que estamos perdiendo dos a uno o tres a uno en las radios del interior, pero en militancia y territorio estamos ganando diez a uno”, consideró Pereira. “Lo que podemos contabilizar es una campaña muy austera”, coincidió el presidente de la coalición de izquierda, y estimó que el acto en el Velódromo, previsto para este sábado 19 de marzo, “va a dar poco más de 70.000 dólares”. Asimismo, explicó que “la correcaminata dio algunos recursos y la venta de merchandising en la sede del FA y en los comités de base” dejaron otros tantos miles.
“Está claro que los comerciales del No tienen 2 minutos 40 segundos; la diferencia es tan poco pareja que hicimos lo que pudimos, pero ningún esfuerzo iba a lograr superar a la campaña que está colocando el No”, sostuvo Pereira. “Cuando termine haremos una definición de números”, añadió, y repitió que será una campaña “de la pobreza” en términos financieros, pero una campaña “de la riqueza en términos de la gente financiándola”.
“Es una cosa que hace mucho tiempo no se veía, pero que no debemos abandonar”, expresó. En total, estimó que “cada parte pondrá más o menos 300.000 dólares y esperamos llegar a unos 700.000 dólares en total” en la campaña por el Sí. “Claramente es un número muy exiguo para una campaña, cada minuto a veces vale una fortuna, hemos pedido minutos gratis a Andebu [la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, que nuclea a las radios y canales de televisión] y no se pudieron dar. Esos minutos que están pensados para [promover campañas sobre] el bien público, si una instancia democrática no es un bien público, no se lo que es”, sentenció.
la diaria intentó comunicarse con la economista Laura Raffo, quien prefirió no hablar del tema del financiamiento, así como con el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y otros dirigentes de la campaña del No, sin obtener respuesta ni números sobre lo gastado por el No.