El referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) puede verse como un enfrentamiento entre el gobierno –con dirigentes, ministros y legisladores de la coalición oficialista como abanderados– y la oposición, personificada no sólo en el Frente Amplio (FA) sino también en las principales organizaciones del campo social que impulsaron, tras su aprobación, la recolección de firmas que habilitaron la consulta popular de este 27 de marzo. Entre ellas, el PIT-CNT, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes). De todas formas, desde ambos lados hay matices, organizaciones y sectores de la población más reducidos que hacen su aporte a la discusión desde otros lugares.
¿Dicen que no?
“La confederación no habla temas políticos, menos partidarios”, dijo a la diaria el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales de Uruguay, Juan Martínez, y aclaró que “tampoco se toma una posición genérica respecto de este tipo de temas”, en vista de que en la “diversidad de las distintas cámaras empresariales es difícil tomar una decisión respecto de temas en los que no hay consenso”. De todas formas, dentro de los objetivos de la confederación está el interés de “trabajar por los grandes cambios que a mediano o largo plazo tiene que hacer el país”, explicó Martínez.
“Nosotros hemos planteado la necesidad de contar con una regla fiscal, así como una reforma educativa que no puede postergarse ni un minuto más, porque el país así va a poder crecer”, añadió. “Hay temas en los que, si bien no tomamos postura respecto del referéndum en particular, tomamos una posición temática respecto de las cosas que el país debe hacer, como reformar el Estado”, temas que para Martínez “trascienden” la disputa política. Estos temas, justamente, “están en la LUC” y se encuentran “en sintonía” con lo que plantea de un tiempo a esta parte la confederación. “La herramienta no nos corresponde a nosotros sino a los gobernantes de turno, que por algo fueron electos democráticamente”, puntualizó, y consideró que de todas formas “no pueden haber dos opiniones respecto de que tiene que haber una regla fiscal, o una reforma educativa, o que deban existir reglas claras sobre los manejos económicos del país”, por lo que “todo lo que va en esa dirección lo vamos a apoyar”.
Por otra parte, se refirió a los convenios firmados por Uruguay y los compromisos asumidos luego de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyera a Uruguay en la “lista negra” tras reclamos de las cámaras empresariales por la negociación colectiva y la ocupación de los lugares de trabajo. “El país debe aplicar los convenios firmados para generar un mercado laboral moderno y actual según los requerimientos del mundo moderno”, sentenció Martínez. Consultado por los dichos del representante de los empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), José Pereyra, que consideró en diálogo con Búsqueda que es una “obligación” de los empresarios acompañar la campaña del No, Martínez consideró que Pereyra “se equivoca, el empresariado no tiene color político, no creo que sea una obligación”. Para el presidente de la confederación “el empresario puede expresarse de forma individual; como gente que defiende la libertad de expresión consideramos que cada uno puede expresarse libremente”.
Por su parte, Pereyra recordó que “las grandes gremiales participaron en una delegación que fue a Ginebra en un posicionamiento contrario a lo que planteaba el PIT-CNT”, y que en su momento “entramos en una lista de barbarie en la que se permitía la ocupación libre de empresas privadas”. Esta, dijo en diálogo con la diaria, “fue una demanda canalizada por el sistema político, fue una demanda de las gremiales empresariales y terminó en una ley de urgente consideración”, que además se ha posicionado “con las gremiales del este” en contra de la “obligación financiera”. “Son demandas nuestras, no del sistema de partidos, y hay que defenderlas”, afirmó, y consideró: “No es decir ‘está en otro plano ahora’. Si mañana se deroga ¿qué vamos a hacer?, ¿se va a ir a Ginebra de nuevo, cuando acá el que juntó firmas fue el PIT-CNT?”.
Para Pereyra se debe “dejar de tener miedo de opinar por que se nos catalogue de un lado o del otro”. Los empresarios, dijo, no pueden “estar dubitativos de a dónde se va la vida de la imagen empresarial del país. Los otros temas se pueden discutir, el tema es que en la bolsa entran temas que trabajamos”. En respuesta a lo dicho por Martínez, insistió en que se trata de “un tema cívico, no un tema político, hay responsabilidades sociales. Cuando uno mide lo individual y no lo colectivo es difícil, yo no creo que las gremiales de la confederación ni Juan Martínez estén de acuerdo con las ocupaciones”.
“Me parece que es sano decir en lo que uno está de acuerdo, por eso digo que es una obligación defender algo que de otra forma sale muy caro para las empresas”, añadió, y consideró que “el sistema político está jugando un juego político. No se está discutiendo lo que está en juego, por eso nosotros salimos a decir esto”. “Nosotros le decimos no al PIT-CNT, no a las ocupaciones de empresas, no a la visión que tiene el PIT-CNT del Uruguay”, sentenció.
Acto por el No en Carrasco (archivo, febrero de 2022).
Foto: Alessandro Maradei
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) acompañó la LUC desde que “conocimos su anteproyecto en enero de 2020”, recordó el presidente de la ARU, Guillermo Valdez. “Posteriormente, con el proyecto en el Parlamento trabajamos sobre el tema y fue una ley que apoyamos desde que se promulgó”, por lo que la posición de la asociación “no es tomada al día de hoy”. En particular, destacó Valdez a la diaria, “hay dos normas o artículos que están cuestionados” y desde la ARU consideran beneficiosos para el agro: “La LUC, por un lado, creó la Dirección de Seguridad Rural, y por otro derogó la obligatoriedad de la intermediación financiera, cosa que para la gente de campo es muy importante”.
Por el Sí
Si bien el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) no tomó postura respecto del referéndum, la agrupación Fosalba, mayoritaria dentro del Ejecutivo del sindicato, optó por posicionarse públicamente a favor de la derogación de los 135 artículos. La presidenta del SMU, Zaida Arteta, pertenece a Fosalba pero aclaró a la diaria que prefirieron “aportar en el debate de las ideas y la información” para “los médicos, médicas y socios, que serían los principales destinatarios, pero también para que la población toda tuviera esos elementos”.
Es por eso que los miembros de Fosalba dentro del Ejecutivo propusieron la realización de debates públicos organizados por el propio SMU, en vista de que “dentro del Ejecutivo hay distintas posturas”. El vocero de Fosalba, Martín Odriozola, recordó que la agrupación “tiene una larga trayectoria posicionándose sobre temas que van más allá de los reclamos corporativos médicos”, y por eso entendieron necesario “tomar una postura como agrupación independiente dentro del sindicato” y acompañar la campaña. Se conformó una comisión que “desde las redes de la agrupación está difundiendo información, y se va a participar con otros colectivos sociales en la elaboración de material propio puesto a disposición de la comisión nacional”.
En cuanto a los debates organizados por el SMU, Odriozola consideró que han logrado “traer representantes de un ámbito o de otro, lo que ha permitido polemizar y abrir el debate”. El ciclo de encuentros para discutir la ley comienza mañana con un debate entre Virginia Cáceres y Pablo Caggiani sobre educación. Luego, el jueves 10, los diputados Gerardo Núñez y Ope Pasquet debatirán en la temática relaciones laborales y, por último, el abogado Juan Ceretta y el subsecretario del Ministerio del Interior, Santiago González, debatirán sobre el eje de seguridad de la LUC.
La Federación de Cooperativas de Producción de Uruguay (FCPU) se posicionó desde un primer momento a favor de la derogación; así lo dijo a la diaria su presidenta, Marisol Fuentes. “Lo primero que apoyamos fue la recolección de firmas para llegar al referéndum, porque nos parecía importante posicionarnos como trabajadores, cooperativistas, pero trabajadores al fin”, sostuvo. En segundo lugar, por considerar que se trató de una ley “que salió de manera apresurada en un momento muy difícil, que no dio lugar a una buena discusión y nos parecía un atropello a la democracia que hubiera salido con una discusión que no se pudo dar la mejor manera”, y recordó “que en ese momento tuvimos simplemente 15 minutos para ver qué reflexión hacíamos de los 500 artículos que nos ponían arriba de la mesa”.
Entre las líneas que preocupan a la FCPU, Fuentes destacó “el tema de que los trabajadores no nos podamos expresar como lo hemos hecho siempre, en una movilización, en una huelga, donde hemos tenido nuestros lugares de expresión y de lucha”, y las disposiciones en materia educativa, puesto que dentro de la federación hay “muchísimas cooperativas que trabajan el tema de la educación, liceos y escuelas cooperativizadas; por eso desde un primer momento pedimos la participación en la Intersocial”.