La bancada del Frente Amplio (FA) en la Junta Departamental de Maldonado analizará en estos días cuál será su actitud respecto a las declaraciones del edil colorado Luciano Fernández, quien aseguró en plena sesión del pasado viernes que un integrante del Partido Nacional lo había “tanteado” para saber si podía cambiar su voto en contra del fideicomiso que solicitó la Intendencia a cambio de una gratificación.
El edil frenteamplista Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular) señaló que el tema aún no fue conversado a nivel de la fuerza política, pero estimó que el caso es de suficiente entidad como para adoptar alguna medida.
“De ser reales las denuncias estamos ante un hecho sumamente grave: un edil que habría intentado sobornar a otro, según lo que denunció el edil Fernández, y lo que conversamos con él. Apenas manifestó estos hechos en el plenario nos acercamos para solidarizarnos y consultarle si se encontraba bien, porque fue una situación violenta. Ninguno de nosotros, miembros de la Junta Departamental, esperamos que alguien, dentro o fuera de la Junta intente coaccionar nuestro actuar con violencia o amenazas, o se nos ofrezcan prebendas para definir nuestra voluntad dentro del órgano legislativo”, indicó.
En cuanto al proceder del FA dijo que “caminos posibles hay varios”, pero “hay que ver qué quiere hacer el edil Fernández con esta situación”.
“Es un hecho grave que le ocurrió al Partido Colorado. Yo entiendo que los fueros de la Junta podrían haber sido lesionados; se podría llegar a plantear una cuestión de fueros en el seno de la Junta Departamental e inclusive también es posible crear una comisión especial interna a efectos de investigar los hechos denunciados. Hasta ahora, formalmente, el Partido Colorado no ha presentado ninguna denuncia sino que ha sido en los medios de comunicación y lo que manifestó el edil Fernández en el plenario el pasado viernes”, señaló.
Cuando se le inquirió si cree que el FA en pleno apoyaría la idea de emprender acciones en torno al tema, Garlo precisó que el asunto aún no se discutió en la bancada. “Sin duda va a estar arriba de la mesa; apenas tengamos una resolución la vamos a comunicar”, anunció.
“Personalmente entiendo que cuando un edil denuncia públicamente que se ha intentado modificar su voluntad, ya sea a través de prebendas, de violencia o de amenazas, la Junta en su conjunto debe adoptar una posición, porque es un hecho muy grave que lesiona los principios fundamentales del actuar democrático y del sistema republicano de gobierno”, concluyó.