Desde el jueves y hasta este lunes -con excepción del domingo- inspectores de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) y la Policía inspeccionaron dos terrenos próximos al Cerro de los Burros, entre los balnearios Playa Verde y Playa Hermosa, en el Municipio de Piriápolis, tras una denuncia de ocupación por parte de vecinos.
Según Alejandro Lussich, director general de Vivienda de la IDM, varios habitantes señalaron haber realizado convenios para pagar la contribución, aunque remarcó que “pagar los impuestos no genera derechos sobre los bienes”.
Inspectores de la Dirección de Vivienda junto a parte del comando de la Jefatura de Maldonado y el alcalde de Piriápolis, René Graña, verificaron que hay al menos dos terrenos ocupados, indicó Lussich. Uno de ellos desde hace varios meses, y su propietario hizo la denuncia penal.
Por su parte, las personas que viven en el lugar denuncian que durante los operativos la Policía ingresó a las viviendas alegando tener una orden de allanamiento de la Fiscalía que se negaron a mostrar. Además, señalan que los oficiales no les permitieron filmar los operativos, a pesar de que la prensa estuvo presente con sus cámaras.
En un primer terreno hay sólo una construcción grande con un grupo de personas viviendo allí y en el otro predio encontraron unas 40 construcciones entre viviendas finalizadas, comienzos de obras y carpas, comentó Lussich.
El lugar es un fraccionamiento “que no tuvo mucho resultado”, afirmó el director de Vivienda. Destacó que las calles no están terminadas y faltan servicios públicos como agua y luz.
Con respecto a la reacción de los habitantes durante el relevamiento, el jerarca expresó que “los sorprendió la presencia de la intendencia porque entendían que al ser un predio privado no podían intervenir”.
Este martes 20 de abril elevarán el asunto a la Dirección General de Asuntos Legales de la IDM, encabezada por Adriana Graziuso, para averiguar quiénes son los propietarios de las construcciones.
Las personas del lugar fueron intimadas a presentarse “a la brevedad” ante el municipio con los títulos de propiedad y permiso de construcción, indicó Lussich. De no hacerlo, Asuntos Legales presentará una denuncia en la Fiscalía.
El propietario denunciante asegura que hay cierta logística, con vehículos que traen los materiales para la construcción de las viviendas.
Por último, Lussich sostuvo que el gobierno nacional y el departamental no creen que la Justicia “deba fallar” para que se les otorgue una vivienda a los habitantes, ya que entiende que las ocupaciones deben ser “contenidas”.