Maldonado Ingresá
Maldonado

Ilustración: Ramiro Alonso

Tierras en Cerro de los Burros: entre la preservación de la naturaleza y los intereses económicos

3 minutos de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

Los vecinos advierten que existe un vínculo entre los “relevamientos” de terrenos y los intereses de operadores inmobiliarios.

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

En el operativo que llevaron a cabo las autoridades departamentales y la Policía en los terrenos del norte del Cerro de los Burros, en Playa Hermosa, se notificaron a más de 40 familias con diversas situaciones con respecto a los derechos posesorios de las tierras. Algunos son propietarios, algunos comenzaron a pagar la contribución inmobiliarios, y hay familias que viven allí hace 20 años.

El “relevamiento”, tras denuncias por ocupaciones en el norte del Cerro de los Burros, duró cinco días y estuvieron presentes policías, el cuerpo inspectivo de la Intendencia de Maldonado, el director general de Vivienda de la intendencia, Alejandro Lussich, el alcalde de Piriápolis, René Graña, el jefe de Policía de Maldonado, Juan Pioli, el comisario de Piriápolis, Freddy Rodríguez, y la Guardia Republicana, que se formó en la ruta 73, aunque no intervino. Durante los operativos también estuvieron presentes agentes inmobiliarios y periodistas.

El jueves pasado el periodista Marcelo Umpiérrez tuiteó que el operativo fue coordinado por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el intendente Enrique Antía, quienes dieron instrucciones a las autoridades presentes en los procedimientos sobre las presuntas ocupaciones ilegales. Durante el procedimiento el alcalde de Piriápolis confirmó que “estaba cumpliendo órdenes” de ambos, contó una de las vecinas.

la diaria conversó con algunos vecinos de la zona urbana y algunos integrantes del colectivo La Tribu, que integra la Red Nacional de Semillas, que viven en la zona rural. Ambos coinciden en señalar su apuesta por la convivencia pacífica con la naturaleza, la defensa de la sustentabilidad y la preservación de la fauna y la flora autóctona.

Los vecinos de La Tribu señalaron que cuando se presentaron en la comisaría de Piriápolis, donde estaban citados, fueron informados de que la fiscalía no había emitido una orden de allanamiento sobre sus padrones, como indicaron las autoridades. Durante la intervención, el comisario advirtió a los vecinos que si se negaban a dejar pasar a los policías, lo iba a considerar como desacato. En su caso, las tierras que habitan son propiedad de la madre de una de las integrantes del grupo.

Los vecinos de la zona urbana manifestaron sentir miedo y vulnerabilidad debido a la irrupción de policías en la intimidad de las viviendas sin orden de allanamiento, así como por el uso de drones y cámaras cuyas imágenes fueron difundidas por autoridades y por la prensa. Luego del procedimiento la Policía redactó a cada vecino una notificación para concurrir a la comisaría, con motivo “a enterarse”.

La intendencia, por su parte, tampoco realizó un expediente administrativo que respalde la intervención, indicaron los vecinos. Sin embargo, el cuerpo inspectivo dejó notas en las que se lee: “Hasta no tener condiciones de obra se cesarán las actividades bajo apercibimiento”.

El interés por los fraccionamientos en la zona no son nuevos. En 2013 un grupo de vecinos impidió que se remataran los padrones rurales de la cima del cerro, con base de 220.000 dólares, por “cuenta y orden” de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario. El 40% de los padrones pertenecieron al Banco Caja Obrera, intervenidos por el Banco Central del Uruguay en 2002. En 2014 el Ministerio de Educación y Cultura lo declaró monumento histórico nacional.

El Cerro de los Burros está rodeado por fraccionamientos de padrones rurales y urbanos. La zona no tiene alumbrado público, muchas familias optan por vivir sin servicios de luz y, en cambio, usan paneles solares. Para evitar la destrucción de monte nativo los vecinos se oponen a la construcción de nuevas calles, algunos recolectan el agua de la lluvia y otros colocan carteles de concientización sobre el cuidado del lugar.

Los vecinos consideran que la preservación y el cuidado de la naturaleza del lugar incomoda a las inmobiliarias, a las que les resulta difícil vender los terrenos que no cuentan con servicios de luz y agua.

Las tierras que habitan los vecinos lindan con las de la pareja de empresarios Marcelo Balcedo y Paola Fiege, los argentinos propietarios de 90 hectáreas, que serán extraditados por la Justicia argentina por una causa de desvío de fondos del diario platense Hoy y la radio FM 92, propiedades de la madre de Balcedo.

Rodeados por extensas vallas iluminadas, en medio de una gran extensión de césped, está la finca El Gran Chaparral, que recuerda a la serie americana homónima del director de Bonanza, David Dortort, sobre la historia de un colono decidido a pelear con apaches para conservar el lugar.

El Cerro de los Burros y las tierras que lo circundan fueron declarados patrimonio departamental y monumento histórico nacional por su valor arqueológico. La investigación que el arqueólogo Ugo Meneghin realizó entre 1970 y 2020 concluyó que las laderas del cerro son habitadas desde hace 13.500 años. En la cumbre del cerro las poblaciones nativas construían artefactos, puntas de proyectiles, raederas, cuchillos y puntas de lanza llamadas “cola de pescado”, revelaron los hallazgos.

Para realizar modificaciones sustantivas en el lugar se debe solicitar una autorización de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que procura mantener la integridad del área arqueológica. Sin embargo, eso no evitó que Balcedo clausurara una calle pública, a la vez que creaba otra, talara árboles y alumbrara todo el contorno de su propiedad con focos que degradan el ecosistema.

¿Tenés algún aporte para hacer?

Valoramos cualquier aporte aclaratorio que quieras realizar sobre el artículo que acabás de leer, podés hacerlo completando este formulario.

¿Te interesa la cobertura periodística de Maldonado?
None
Suscribite
¿Te interesa la cobertura periodística de Maldonado?
Recibí la newsletter de Maldonado en tu email todos los jueves.
Recibir
Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura