Los ediles Joaquín Garlo (Frente Amplio, FA) y Darwin Correa (Partido Nacional) protagonizaron un contrapunto en la sesión de este martes de la Junta Departamental de Maldonado. Todo se inició con un expediente que consultaba la viabilidad para ampliar una obra en Rincón del Indio y que venía con informe negativo desde la Comisión de Obras Públicas. Esta primera discusión terminó derivando en un debate más amplio entre la bancada de gobierno y la oposición sobre las excepciones para las construcciones.
Garlo señaló que en el departamento hay una tendencia sistemática “a decir sí” a “casi todo lo que solicitan” los desarrolladores privados de la construcción, una postura que lleva a consolidar la noción de que en Maldonado “se puede hacer cualquier cosa”.
Mencionó que la mayoría de los inversionistas concurren a la Junta Departamental a presentar excepciones repetidas hasta tres o cuatro veces y esto ocurre porque no existe “una política clara y transparente”. Además, según sostuvo Garlo, no hay certezas de que se concreten las obras, y agregó que en el quinquenio anterior se otorgaron unas 60 excepciones, de las cuales la gran mayoría no prosperó en “obras tangibles” y no generaron la cantidad de puestos de trabajo que el intendente Enrique Antía había prometido.
Puso como ejemplo lo que sucedió con los proyectos del World Trade Center y el ex Hotel San Rafael, hoy en manos de Guisseppe Cipriani. “Nunca iniciaron las obras, no podemos caer en la fe para saber si una construcción se realiza o no. No nos podemos guiar por la cara, el nombre o la billetera del que viene a pedir algo, esos no pueden ser los indicadores para decir a este sí o a este no”, sentenció el edil.
Respecto de esta situación, Garlo informó que integrantes del Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA) llevarán a cabo este jueves una movilización en reclamo al gobierno departamental y los inversionistas. Por último, dijo que los únicos que se llenan los bolsillos son los empresarios, mientras que los trabajadores de Maldonado se quedan “mirando la fiambrera”.
A todo esto, el edil Correa contestó que las excepciones aprobadas en la gestión anterior fueron 58 y se realizaron 52 obras. Sostuvo que la Junta Departamental cuenta con una Comisión de Seguimiento, integrada por todos los partidos políticos, y los ediles tienen la obligación de llamar a los inversionistas y corroborar que las modificaciones se realicen. “Si esto no sucede, hay que mirar puertas para adentro [de la Junta Departamental]”, aludió.
Correa recordó, como por si acaso, una excepción votada para el puerto que se construiría en Piedra del Chileno, durante el gobierno de Oscar de los Santos (FA), que finalmente tampoco prosperó. El edil blanco dijo que la única consecuencia de aquella situación fue que el valor de la tierra se disparara unas 50 veces en esa zona del departamento.
Por último, Garlo respondió que el FA solicitó que la Comisión de Seguimiento se reúna, pero esta no funciona porque “el Partido Nacional no la convoca”.