La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) decidió que a partir del lunes 2 de agosto se quitara la guardia de seguridad en la Policlínica del Vigía. Los trabajadores que integran la Red de Atención Primaria (RAP) se enteraron de esta medida a través de un mensaje que fue reenviado por Whatsapp, según afirmó el presidente de la comisión interna de la RAP, Marcelo Núñez, al medio local Canal 11.
“El mensaje nos llegó a la tarde, casi noche, y se ve que fue repetido varias veces. Decía que a partir del 2 se nos iba a quitar la guardia de seguridad”, sostuvo. Nuñez dijo que cuentan con este servicio desde 2015 y su implementación “mejoró notoriamente” el servicio de atención en puerta, además de la tranquilidad de trabajadores y usuarios.
“Teníamos todo ordenado, había hasta un teléfono al cual los médicos llamaban desde el consultorio y la seguridad iba derivando a los pacientes”, destacó. De esta manera, afirmó que se generó un orden y funcionaba “mejor que un sanatorio”.
Resaltó que la seguridad, además de protección, era una prestación primordial desde que se desencadenó la pandemia de covid-19, ya que los funcionarios ayudaban a gestionar en puerta y derivar a los posibles casos sospechosos que llegaban con síntomas, evitando que permanecieran con otros pacientes que concurren con otras patologías en la sala de espera.
Nuñez agregó que el personal de la policlínica no podrá cumplir esa tarea porque las funcionarias están “saturadas”. “La gente estaba en un ambiente cálido, ahora en invierno tuvimos que hacer una regresión de diez años y comenzar a atender a través de la reja”, lamentó.
Por estos motivos la comisión interna se declaró en conflicto y decidieron no abrir las puertas de ninguna de las policlínicas dependientes de la RAP y sólo brindar servicios esenciales en los centros. Los funcionarios dialogaron con la dirección de la RAP departamental, quienes se comprometieron a comunicarse con ASSE y esclarecer los motivos de esta decisión. “Serán económicos”, especuló Nuñez.
El personal solicita que los trabajadores de la seguridad retomen sus funciones y, en caso que no sea así, estarán en “pie de conflicto” y “recrudeciendo las medidas de lucha”.