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Oscar Andrade, el 5 de setiembre, en el Comité Central del PCU, en la Huella de Seregni.

Foto: .

El debate por el referéndum de la LUC llegó a Maldonado: Andrade y Echeverría expusieron argumentos

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Andrade, del FA, dijo que la LUC introduce “cambios antidemocráticos brutales”, mientras que Echeverría, del PN, criticó la “voluntad de atacar al gobierno”.

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Luego de superar ampliamente el número de firmas para habilitar un referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), se abrió el debate entre la coalición multicolor y el Frente Amplio (FA). Varios dirigentes políticos de todos los partidos comenzaron una gira por diferentes puntos del país para señalar a la población los pros y los contra de esta ley.

Es el caso del senador frenteamplista Óscar Andradre, quien en el marco de su gira por el país defendiendo la derogación de los artículos, este fin de semana visitó Maldonado. Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Diego Echeverría recorre las ciudades del departamento en defensa de los 135 artículos de la ley que considera “buena, justa, necesaria y popular”.

En el marco de su visita a Maldonado, el sábado Andrade detalló algunos puntos que consideró relevantes. En primer lugar, se refirió a los artículos de seguridad que se defienden “a capa y espada” desde el oficialismo.

Sobre la legítima defensa, Andrade explicó que la LUC modifica las condiciones: “Todo eso estaba muy regulado, ahora se establece que si está en riesgo cualquier bien patrimonial, estás amparado en la legítima defensa aunque no haya agresión”. En ese sentido, evaluó que “la LUC tiene cambios antidemocráticos brutales”.

El legislador utilizó un caso hipotético para señalar las consecuencias de la disposición: “¿qué pasaría si un joven salta un alambrado por unas uvas?”, cuestionó. Ante las modificaciones que introduce la ley, el dueño está amparado a “darle un balazo en la cabeza”, lo que calificó como una “salvajada”.

Además, manifestó que mediante un conjunto de normas la LUC habilita a que la Policía no dé explicaciones sobre su accionar y ciertos procedimientos, y criticó el aumento de penas para algunos delitos. “Empeora la situación de cárceles. No se soluciona aumentando las penas porque se vuelve una sociedad más violenta”, subrayó.

Por otro lado, Andrade indicó que no se puede realizar una reforma educativa “sin consultar a [los actores de la] educación”. También criticó los artículos que refieren al nuevo régimen de arrendamiento sin garantía, que habilita a los propietarios a aumentar los precios sin regulación y permite efectuar desalojos en menos tiempo, aunque el inquilino sea buen pagador.

Por último, hizo hincapié en el debilitamiento que sufrirán los sindicatos debido al artículo 392 de la LUC que refiere a la “Libertad de Trabajo y Derecho de la Dirección de la Empresa”. El inciso estipula que el Estado garantiza “el ejercicio pacífico del derecho de huelga”, el derecho de los “no huelguistas” a concurrir a trabajar y el derecho de la dirección a “ingresar a las instalaciones libremente”. A propósito dijo que a los defensores de la ley “les da miedo el trabajador y promueven el individualismo”, advirtió.

El senador lamentó que el oficialismo base su defensa a la LUC exclusivamente en los puntos de seguridad y aclaró que se deben debatir todos los temas que la ley incluye. “Hay que debatir el contenido de la LUC, el discurso de la coalición es muy poco”, opinó.

En tanto, Echeverría declaró que la LUC trajo beneficios en materia de seguridad, libertad financiera y educación. Durante su discurso, el diputado afirmó que derogar los 135 artículos sería un “retroceso” y que el PN busca debatir y discutir ideas, además de salir “mano a mano” con la gente para informar a la población.

Cuestionó al FA por “apoyar” que “desaparezcan” los antecedentes penales de los jóvenes infractores al cumplir 18 años y señaló que la LUC permite que queden registrados para mayor “seguridad”.

También destacó que, a partir de datos y no de “relatos”, se logró comprobar una baja de los delitos y resaltó que la Policía ahora procede con el respaldo del gobierno.

“No podemos permitir que por la simple voluntad de atacar al gobierno, Uruguay pierda una excelente ley que ha sido herramienta de transformaciones necesarias”, concluyó.

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