Maldonado es uno de los puntos calientes del país en materia de trata y explotación sexual de menores. En 2021, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) reportó 494 casos de explotación sexual con fines comerciales y no comerciales en el país, de los cuales 42 correspondían al departamento, según los datos del informe del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia.
Maldonado se encuentra cuarto en el ranking con más casos, precedido por Colonia (44), Artigas (46) y Montevideo (58). No obstante, existe un subregistro: por cada caso detectado, se estima que hay entre cinco y siete “sin visibilizar”, advirtió una de las directoras del INAU, Natalia Argenzio.
La mayoría de las situaciones de explotación a menores registradas fueron denunciadas ante el INAU, pero algunas fueron detectadas en hospitales y policlínicas o en los centros educativos a partir de los protocolos de actuación que establecieron la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Salud Pública, señaló Argenzio.
Por otra parte, en 2021 el volumen de casos de menores en situación de calle, abuso sexual y maltrato en Maldonado superó los 1.300 oficios en el Poder Judicial, contó la directora. “La falta de trabajo en la pandemia llevó a un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adultos referentes, lo que derivó en la desprotección de niñas y niños, quienes permanecen más tiempo en las calles”, señaló. Agregó, no obstante, que un elevado porcentaje de las situaciones se dan dentro del núcleo familiar.
La trata en el Maldonado rural
“Maldonado cumple con varios requisitos para aplicar prácticas de trata de personas: hay mucho tránsito por el turismo y mucha migración [interna] hacia el departamento, en busca de empleo, por ser una zona turística”, evaluó Argenzio. Sin embargo, este delito también está presente en las zonas rurales del departamento, como “La Capuera, Pan de Azúcar, Aiguá y Gregorio Aznárez”, enumeró.
Según la directora, por la baja circulación de personas y la poca actividad comercial fuera de las ciudades es más difícil identificar las situaciones de explotación en esas zonas. En estos lugares trabaja el Centro de Estudio y Derivación del INAU, cuyos trabajadores “sostienen” la situación con “esfuerzo y a pulmón”, ya que “el Estado hoy no está presente”, opinó.
“Hace falta más presencia del Estado”, continuó. En esa línea, criticó que el INAU no ejecutó 755 millones de pesos de su presupuesto en 2021 –que volvieron a Rentas Generales– a pesar del aumento de los casos de explotación sexual respecto de 2020, cuando se reportaron 410.
La directora del INAU indicó que a principios de la actual gestión elevó una propuesta junto con su equipo de trabajo que planteaba la contratación de personal para abordar la problemática, especialmente en las zonas rurales. También apuntaba a reforzar la salud mental, apoyar la educación, crear soluciones habitacionales y trabajar en pos de la reinserción laboral de adolescentes. Pero, según señaló, el proyecto no fue aceptado.