El 18 de marzo el Ministerio de Ambiente (MA) ordenó el cese “inmediato” de una obra de caminería sobre la laguna José Ignacio, que fue denunciada por vecinas de la zona. Tras una inspección de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, se comprobó que la construcción utilizaba “material extraído del mismo terreno” y que avanzaba “sobre el espejo de agua”.
“Las actividades desarrolladas generan un impacto ambiental negativo significativo por la destrucción de hábitat de alto interés de conservación, que podría ser irreversible. Su continuidad agravará el daño ocasionado”, se lee en la Resolución 256/2022. Además, la cartera destacó “el alto interés de conservación” de la laguna José Ignacio por el nivel de biodiversidad de su ecosistema.
El documento del MA indicó que la obra se llevó a cabo en el padrón 24.553, donde se sitúa el hotel de lujo Estancia Vik, que pertenece a Bermick SA. Bautista Yelós, uno de sus mánagers, dijo a la diaria que la empresa no era la causante del movimiento de tierra en la laguna.
A pesar de la orden de suspensión, la construcción siguió adelante, por lo que el caso pasó a estudio del Departamento de Jurídica del MA. El lunes 4 de abril la cartera reiteró la intimación a suspender la actividad, pero esta vez “bajo apercibimiento de incurrir en desacato, así como sanciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento”. El documento fue dirigido a Carolina Vik, Alexander Vik y Camila Vik, propietarios del padrón 24.553, así como los comprendidos entre el 26.432 y el 26.437.
Ante la notificación del MA, el fiscal letrado de 2° turno de San Carlos, Jorge Vaz, comenzó una investigación de oficio para determinar la existencia de delito por parte de los propietarios, según informó FM Gente.
Consultado por la diaria, el fiscal señaló que la investigación fue archivada luego de constatar que los integrantes de la familia Vik no son los responsables de la obra y que, por lo tanto, no cometieron delito de desacato. “Desde el punto de vista penal no hay nada”, por lo que el caso deberá correr por la vía administrativa, concluyó Vaz.
Según contó, la Policía se presentó en la estancia y determinó que la obra se lleva a cabo en un predio lindero. “Estamos atentos porque es un asunto importante”, expresó el fiscal.