La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) en Maldonado denunció más de 15 incumplimientos a las normativas de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible a nivel nacional y departamental, tras la aprobación del proyecto inmobiliario Marina Beach, que incluye 26 casas y un hotel y que fue aprobado este martes en la Junta Departamental de Maldonado únicamente con los votos de los ediles del Partido Nacional (PN).
Este miércoles, en conferencia de prensa, el FA señaló que el proyecto cuenta con la anuencia del oficialismo a pesar de que el expediente presentado al legislativo departamental carece de información importante, específicamente, del documento que acredita la salida fiscal de la tierra, ubicada en la costa entre el balneario Buenos Aires y San Vicente, al sur de la Ruta 10.
El edil frenteamplista Joaquín Garlo, quien elaboró un informe en minoría, sostuvo que la Intendencia de Maldonado “reconoció” no tener en su poder el documento que acredita al terreno como propiedad privada. Garlo recordó que las tierras de las costas no tienen salida fiscal ya que son de dominio público.
Sin embargo, la bancada nacionalista votó a favor de recategorizar la tierra donde se pretende edificar los inmuebles, que pasó de ser suelo rural a potencialmente transformable a suburbano, lo que implica que quien “aduce” ser propietario de la tierra pueda “construir lo que quiera”, planteó el edil.
El proyecto Marina Beach, según declararon en conferencia ediles del FA, fue presentado en 2010 y fue rechazado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que en ese momento dependía del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
En 2019, el proyecto volvió a ser presentado ante la administración departamental del intendente, Enrique Antía, y pese a contar con informes negativos de “todas las oficinas técnicas”, fue aprobado por el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, y la Intendencia de Maldonado (IDM), según afirmó Garlo. “El ministro va en contra de las oficinas técnicas y da andamiaje a esta solicitud. Ahora se presenta nuevamente [el proyecto], que no cumple con los procedimientos correspondientes para su aprobación e implica consecuencias ambientales catastróficas. El daño es irreversible”, lamentó el edil.
Entre las carteras que reprobaron el proyecto, según Garlo, están el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Ambiente, de la gestiones anteriores de la comuna, así como de UTE y OSE, que indicaron que no era viable prestar servicios en esa zona.
Garlo aseguró que la Junta Departamental también incumple las normas al no ejecutar el rol de control departamental sobre las actuaciones de la IDM. “Planteamos y advertimos al PN en la Comisión de Obras sobre las consecuencias de aprobar este proyecto desde que se empezó a estudiar este expediente”, agregó.
Por otra parte, manifestó que “ni los ediles oficialistas, ni la Dirección General de Urbanismo de la intendencia” recibieron a los vecinos de la zona que están “en contra” de esta construcción.
En ese sentido, la bancada del FA anunció que llevará adelante dos recursos legales para detener la obra. El primero será una acción de amparo territorial basada en el artículo 6 del la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y la segunda vía será a través de la cámara baja, tras recolectar unas 1.000 firmas de ciudadanos del departamento para “defender” la playa de Maldonado, un mecanismo establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República, que habilita impugnar decretos del intendente departamentales o resoluciones del intendente.