La falta de transparencia de la administración del intendente nacionalista Enrique Antía ha sido denunciada por numerosos ediles de la oposición en la Junta Departamental desde que comenzó el actual período de gobierno. En la sesión de este miércoles, los ediles Joaquín Garlo y Fermín de los Santos pusieron el tema nuevamente en escena al marcar que unos 70 pedidos de informes planteados por la bancada del Frente Amplio (FA) durante esta administración no han sido contestados.
En ese sentido, Garlo reiteró un total de 36 pedidos sobre diversos temas planteados por su bancada desde enero de 2021 hasta el cierre de 2022. Tras leer el número de expediente y el asunto que motivó cada pedido, adelantó que en una próxima sesión se abocará a exponer “una lista más extensa” de las solicitudes planteadas por el FA en el correr de este 2023.
“Además de legislar, los ediles tenemos el mandato constitucional de controlar la actividad de la Intendencia de Maldonado. Para realizar esa función se requiere tener un conocimiento debidamente informado, pero si se nos oculta la información de las acciones del gobierno departamental, esa tarea es imposible”, lamentó.
A su juicio, es “incomprensible” que pasen años sin que los expedientes que llegan al Ejecutivo se muevan de la oficina en la que fueron presentados. “Es incuestionable la falta de transparencia activa en la comunicación de la intendencia, no sólo con resoluciones que no se publican en la página oficial; también se priva a los ediles de cumplir con el mandato constitucional de controlar y trabajar en forma correcta por falta de información”, sentenció.
Su compañero de bancada, De los Santos, acotó que la falta de respuesta a los pedidos de informes es “una política establecida del Partido Nacional”. “No es omisión ni casualidad. Son pedidos de informes de la bancada del FA que nunca fueron respondidos. Es imposible hacer un contralor si no hay información”, lamentó.
Luego recordó que en algunos casos los ediles frenteamplistas han tenido que recurrir a la ley de acceso a la información pública y que, aun así, han terminado reclamando respuestas en la Justicia. “El Poder Judicial ha reclamado a la intendencia que acerque información, y aun en esas instancias la han entregado parcialmente”, comentó. Uno de los casos más sonados en este sentido fue la información solicitada respecto a la licitación directa de compra de cámaras de videovigilancia a la empresa israelí Elbit Systems, en 2016. Durante años la administración de Antía se negó a informar, invocando una cláusula de confidencialidad.
El caso llegó a la Justicia, pero, según la bancada opositora, nunca recibieron la información completa solicitada, aunque el gobierno de Antía fue intimado a ello. Otro de los asuntos que llegó a la Justicia fue una solicitud de información sobre las finanzas de la intendencia.