Los empresarios y comerciantes de Punta del Este y Rocha no se ponen de acuerdo sobre qué ley debería implementarse para sacar de las calles a personas que, a su juicio, distorsionan el entorno turístico que promueven y que “afectan tanto al comercio como a la sociedad en general”.
Unos invocan la “vetusta” Ley de Vagancia (10.171), aprobada en 1941, mientras otros prefieren la “más actualizada” Ley de Faltas (19.120), promulgada en 2013. Otros reclaman las dos. Sea una, otra o ambas, en la Cámara Empresarial Maldonado-Punta del Este sostienen que no los mueve un ánimo “represivo”, sino que pretenden “capacitar y reintegrar” al “mercado productivo” a las personas que circulan alternadamente “entre las calles y los refugios” del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
“En una zona balnearia, donde el consumo está vinculado a la autoestima, no se puede tener gente en estado de vagancia habiendo una ley con medidas concretas a tomar”, dijo el dirigente Rolando Rozenblum, en una rueda de prensa, aludiendo a ley de vagancia que, entre 2010 y 2012, aplicó la entonces jueza penal Adriana Graziuso para beneplácito del empresariado puntaesteño. Después argumentó que si se defiende al comercio frente a estas personas, entonces se están defendiendo las fuentes laborales, la seguridad y los espacios públicos y privados, además de otros “problemas sociales” vinculados.
De ese modo, Rozenblum resumió el cometido del encuentro mantenido este miércoles 29 entre afiliados de la Cámara Empresarial, el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Matías Terra, algunos legisladores, el jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, empresarios rochenses y Graziuso, ahora precandidata blanca a la Intendencia de Maldonado (IDM).
Para Gustavo Acosta, representante de los comerciantes ubicados en el centro fernandino, debería aplicarse la ley de faltas porque “está más actualizada” que la de vagancia. “Podría ser una herramienta fundamental para luchar contra los problemas de seguridad”, opinó, en otra rueda de prensa, y recordó que en el casco céntrico de Maldonado es conocido el método de romper vidrieras para sustraer artículos de forma rápida y luego canjearlos “en bocas”. Como ejemplo, puso su caso: contó que un ladrón rompió una vidriera de 1.700 dólares y se llevó un termo de 1.700 pesos que luego entregó a cambio de drogas, según determinó una posterior investigación policial. “Hace un año y medio o dos que estamos sufriendo esta situación”, añadió.
Jorge Araújo, asesor de la gremial empresarial, aseguró que no promueven una medida “represiva”. En su opinión, la aplicación de “estas leyes resulta una ayuda para rescatar de la vagancia, de las calles y de la falta de trabajo, mediante capacitación”, a las personas que circulan “entre los refugios del Mides y la calle, y viceversa, sin solución de continuidad y con los efectos nocivos que esto representa. Se trata de reincorporar [a] gente en estado de vagancia o de calle a un factor productivo para el bien del departamento y del comercio en general”. La gremial prevé instrumentar “cursos” para que “en vez de decidir estar en vagancia” estas personas “logren insertarse en la sociedad”.
De aquí para allá
En medio, los promotores de estas iniciativas plantearon algunas incógnitas derivadas del sistema acusatorio que rige en Uruguay desde 2017. ¿Puede un juez dictaminar medidas previstas en estas leyes sin orden del fiscal? ¿Puede un fiscal ordenar medidas sobre una persona que no es sujeto de una investigación?
De acuerdo al sitio departamental Portada, el doctor José Gómez, ministro del Tribunal de Apelaciones de tercer turno, consideró que “la aplicación estricta de la Ley de Vagancia no depende exclusivamente del Poder Judicial”. Gómez dijo que, “en la actualidad, la iniciativa para la aplicación de la ley ya no recae únicamente en el Poder Judicial, y es esencial que la Fiscalía tome la iniciativa en los casos presentados. De lo contrario, la ley podría volverse inaplicable”, consignó el portal.
No obstante, la fiscal Adriana Sampayo, a cargo de la Unidad de Litigación Estratégica de la Fiscalía General de la Nación, ofreció un punto de vista diferente. En su opinión, “el desafío” radica en dilucidar cómo “se ensambla” la ley vigente desde 1941 con el sistema acusatorio, por el cual los fiscales son quienes dirigen las investigaciones. “La ley de vagancia siempre la aplica el juez, sobre eso no hay dudas. Lo que analizamos, en esta instancia, es en qué situaciones un fiscal podía pedir la aplicación a un juez”, señaló a FM Gente.
Entonces explicó que un fiscal puede solicitar una medida (en el marco de la ley de vagancia) “siempre que tenga una investigación penal y evidencia para imputar o acusar. Pero si no tiene una investigación penal contra una persona, no tiene por qué intervenir”. Sampayo enfatizó que la vieja ley del 41 “no determina la necesidad de un pedido fiscal”. En cuanto a la ley de faltas, recordó que se enmarca en un proceso de tipo inquisitivo (no acusatorio) dirigido por los jueces. “La dirección de la investigación está a cargo de los juzgados, que en el interior son los juzgados de paz, aunque se le dé cuenta al fiscal”, opinó.
El abogado Diego Echeverría, diputado del Partido Nacional por Maldonado, lleva varios meses trabajando con el empresariado puntaesteño para la aplicación de la ley de vagancia. En setiembre, durante una reunión de la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada en el Municipio de Punta del Este, el legislador opinó que es necesario “meter presión para que la Fiscalía” la aplique.
Tras el encuentro de este miércoles en la Cámara Empresarial, adelantó a la misma emisora que la gremial buscará reunirse por este tema con autoridades de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación. Fuentes de Fiscalía confirmaron este punto a la diaria. Si bien no hay una fecha estipulada para el encuentro, “será muy próxima”, indicaron.
Criminalización
El Instituto Global para las Personas sin Hogar (IGH) analizó este año la aplicación de la ley de faltas sobre personas en situación de calle en Uruguay y manifestó su “preocupación” en varios aspectos.
“La penalización puede sacar a las personas de la calle durante algunas noches, pero es menos probable que confíen en las agencias gubernamentales para que las ayuden a resolver su problema de falta de vivienda; tienen un historial de delitos menores o penas de prisión que crean barreras para su futuro empleo o vivienda; e inevitablemente se encuentran nuevamente en las calles”, señala el informe, divulgado esta semana.
Los especialistas remarcaron que “la ley de faltas también tiene el potencial de aumentar las interacciones negativas de la Policía” y por eso recomendaron capacitar a las fuerzas policiales para el trabajo con esta población en particular.
También consideraron que el país debería “reorientar los recursos que se destinan a la implementación de la ley de faltas hacia programas y servicios basados en evidencia” que hayan demostrado abordar con eficacia esta situación.
En cuanto a la ley de vagancia, vale recordar que su aplicación en Maldonado apuntaba a cualquier persona que circulara por Punta del Este que no pudiera probar ser turista o estar trabajando en el balneario. Varias fueron “devueltas” a sus departamentos de origen, lo cual en aquel momento generó críticas en parte de la izquierda gobernante. El exintendente frenteamplista Óscar de los Santos fue uno de los pocos detractores de la medida. “Parece que quieren cargar a la gente en un camión y despeñarlo en Las Grutas”, alcanzó a decir por aquellas fechas.