La Intendencia de Maldonado (IDM) quedó habilitada, este martes, para expropiar terrenos de los barrios Maldonado Nuevo y San Antonio de la capital departamental por dos millones de dólares, con el objetivo de que los residentes puedan regularizar sus viviendas. El proyecto de decreto para proceder a la compra fue aprobado por la unanimidad de los ediles en la última sesión plenaria de la Junta Departamental (JDM). Con esto se cerró un proceso de décadas, en que los vecinos atravesaron constantes refinanciaciones por parte del dueño de las tierras.
Se trata de 128 padrones que van desde el n° 13.902 al n° 15.271, que serán adquiridos con créditos previstos en el fideicomiso de 45 millones de dólares para obras estratégicas, aprobado por la bancada del Partido Nacional (PN) en agosto pasado. Los vecinos finalmente deberán pagar entre 10.000 y 12.000 dólares (34,08 dólares por metro cuadrado) financiados hasta en 84 cuotas iguales, continuas y mensuales, según indica el expediente 499/2023 al que accedió la diaria.
El conflicto se inició en 1978 cuando los habitantes de Maldonado Nuevo y San Antonio compraron los terrenos del fraccionamiento. Si se atrasaban en algún pago, el dueño les refinanciaba una y otra vez el monto final de la tierra, lo que habían abonado hasta ese momento “no contaba”, y comenzaban a pagar de cero un terreno cada vez más caro, detallaron varios ediles en la JDM. Además, si no abonaban en fecha, eran intimados a un posible desalojo, lo que los llevó a transitar décadas de incertidumbre sobre sus tierras y casas ya edificadas.
En 1990 la JDM le solicitó al intendente nacionalista Domingo Burgueño Miguel la creación de una comisión especial para resolver el tema y prohibir la autorización de venta del fraccionamiento por incumplir la ley de Centro Poblado, explicó a la diaria el edil por el Frente Amplio (FA) Leonardo Delgado. El tiempo pasó hasta que, en febrero de 2000, el dueño de las tierras propuso a la IDM una “especie de transacción”. De ese modo, pretendía evitar un juicio contra su empresa debido a las mejoras realizadas por el Estado en el fraccionamiento, como cordón cuneta, apertura de calles, alumbrado, pavimento, entre otras obras. El intendente de la época, Camilo Tortorella, aceptó.
Sin embargo, los años pasaron sin avances. Atravesaron el primer gobierno del nacionalista Enrique Antía y los dos siguientes del frenteamplista Óscar de los Santos. Según Delgado, en la primera administración el FA intentó demandar al vendedor de los predios, pero no lo logró porque se encontró con el acuerdo de Tortorella. Poco antes de finalizar el segundo gobierno del FA, en 2014, algunos ediles oficialistas plantearon la creación de una comisión cuatripartita, similar a las formadas para regularizar otra árez del San Antonio y La Capuera. Hubo reuniones y se logró avanzar en estudios socioeconómicos, un censo y una estimación de cuánto debía pagar cada vecino, a cambio de que la empresa no intimara a más desalojos mientras se encontraba un acuerdo final, recordó Delgado.
Sin embargo, llegó un nuevo gobierno de Antía sin un acuerdo y los vecinos siguieron recorriendo oficinas en busca de soluciones hasta que, luego de idas y venidas, la presente administración optó por el camino de expropiar los terrenos en cuestión. En la noche de este martes, ediles oficialistas y opositores se enfrascaron en más de una hora de discusión sobre cuál de los partidos logró viabilizar la solución. Desde las barras, unos cuántos vecinos seguían la escena. Lo importante, para ellos, es que finalmente todas las bancadas llegaron a un concenso y se terminó la peregrinación.