El Programa de Actuación Integrada (PAI) Colinas del Mar apunta a recategorizar tres padrones rurales que suman 20 hectáreas, ubicados a la altura del kilómetro 3,500 de Caminos Los Arrayanes, para que sus dueños puedan fraccionarlos en 40 lotes con destino a residencias turísticas. Tras la puesta de manifiesto del proyecto, a principios de este mes la Intendencia de Maldonado (IDM) convocó a la audiencia pública a realizarse en la Casa de la Cultura de Piriápolis, el miércoles 8. Sin embargo, la instancia de intercambio entre autoridades y ciudadanía tuvo un desenlace inesperado para las jerarquías comunales.
La directora de Urbanismo de la IDM, Soledad Laguarda, apenas había presentado a la química farmacéutica María Antía Bernárdez, “máster en ingeniería ambiental y técnica responsable de los estudios”, cuando fue interrumpida por el edil frenteamplista Joaquín Garlo y por Gerardo Rasenti, vocero de la asociación civil Nativos Punta Negra y delegado de la Red Unión de la Costa (RUC) en la audiencia. Garlo pidió la suspensión del encuentro tras advertir que la IDM no cumplió con los plazos legales para garantizar la participación pública en esa instancia. Rasenti advirtió que el Municipio de Piriápolis, con jurisdicción en la zona, tampoco cumplió con su deber de notificar a las organizaciones territorialmente vinculadas con el proyecto.
Laguarda increpó al edil por no haber acercado antes su planteo; Garlo aseguró que se había enterado a último momento de ese aspecto jurídico y aclaró que actuaba “como vecino”. Después, la jerarca pidió “cinco minutos” para llamar a la dirección de Jurídica de la IDM a consultar “qué hacer”, y salió de la sala. No tardó en regresar. Se limitó a anunciar la suspensión de la audiencia y desató el aplauso del puñado de ambientalistas que integraban el público, según muestra la transmisión en vivo realizada por la RUC desde su usuario en Instagram.
Gente de la casa
Las asociaciones civiles Nativos Punta Colorada y Nativos Punta Negra, abocadas a la defensa del territorio e integradas por varios expertos en temas ambientales, no han tenido noticias sobre una nueva convocatoria. De antemano, están en contra de la recategorización del suelo para su uso urbano y esa postura fue avalada por la RUC en un comunicado emitido especialmente para la fallida audiencia pública. “La zona ya está presionada por viñedos, ganadería intensiva, turismo acelerado. Es necesario conservar el paisaje serrano, conservar la ruralidad de la costa serrana, no queremos que sigan los fraccionamientos”, lamentó Belén Chaine, de Nativos Punta Colorada.
“Estamos bajo fuertes intereses particulares, sometidos a un modelo de desarrollo urbano que tiene características negativas para el aporte social y ni qué hablar para lo ambiental. El PAI Colinas del Mar es otro proyecto que atiende a intereses particulares y, de alguna manera, tal vez políticos porque estamos al final de un quinquenio donde se imponen el afán del Maldonado del desarrollo y la promesa de las fuentes laborales”, acotó Rasenti, docente del Polo Educativo Tecnológico (PET) en Conservación y estudiante de maestría en Manejo Integrado del Centro Universitario Regional Este (CURE).
Pese a su rechazo a la iniciativa privada, ninguno de los activistas tiene dudas de que el fraccionamiento “se hará”. Sobre todo porque no soslayan quiénes son los propietarios y a quién contrataron como responsable de los estudios que presentaron ante la IDM. De acuerdo al expediente del programa Colinas del Mar, José Antonio Rodríguez Vázquez es propietario del padrón 31.960 y representa a otros dos titulares: Ignacio de Posadas Montero, dueño del padrón 31.969, y Johanna Cabrera Somma, del padrón 31.970.
El contador Rodríguez Vázquez y el abogado De Posadas, exministro de Economía de Luis Lacalle Herrera, son socios del estudio Posadas, Posadas & Vecino, que desde hace ocho años tiene a su cargo la gestión de cobro de la cartera de morosos de la IDM. El expediente también confirma que los estudios ambientales realizados por la consultora Linacqua Ingeniería tienen como técnica responsable a una de las cuatro hijas del intendente Enrique Antía.
Sin profundizar en consideraciones políticas o éticas, los activistas ambientales tienen claro que el jefe comunal es quien remitirá el PAI resultante de estas instancias a consideración de la Junta Departamental. “Podríamos tener esperanzas de que ocurra algo en ese ámbito, aunque existe mayoría del Partido Nacional. Pasada la audiencia pública, esperamos ponernos en contacto con los ediles para presentar nuestro informe y que lo manejen. El debate se va a llevar adelante ahí”, opinó Rasenti.
“Escaso y superficial”
Los activistas sostienen que, en las actuales condiciones, el Informe de Evaluación Ambiental (IEA) del PAI presenta grandes falencias que deben ser corregidas antes de que se apruebe porque después el área será urbana y perderá las normas que protegen, por ejemplo, los ecosistemas nativos. En este contexto, Chaine y Rasenti enfatizaron “la necesidad de que se den todas las garantías” para que la ciudadanía intervenga y que sus aportes sean contemplados en el PAI definitivo, aunque la audiencia pública “no es vinculante”.
Lo que han visto hasta ahora les alcanza para afirmar que los estudios presentados por los promotores del emprendimiento son “escasos y superficiales”, y que las autoridades de la IDM “no han mostrado mucho interés” en propiciar instancias para garantizar que el proyecto Colinas del Mar cumpla con los principios de “desarrollo participativo, equitativo y sostenible”.
Por eso, con el apoyo de la RUC, están decididos a exigir al gobierno departamental un mayor rigor en los informes, que se tenga en cuenta todo el material generado por las organizaciones desde el territorio, y que se cree “una mesa de trabajo” multidisciplinaria que contemple todos los aportes. “Nosotros no estamos hablando desde la comodidad de nuestra casa, hacemos mucho por nuestro territorio a nivel técnico, científico y social. No nos basamos en supuestos o imaginarios, relevamos, sabemos bastante de la biodiversidad local, de los procesos de la calidad del agua”, enfatizó Chaine, técnica en Conservación y Gestión de Áreas Naturales del PET Arrayanes.
Añadió que en el IEA del PAI “no figuran profesionales expertos en ambiente, sólo ingenieros. No es interdisciplinar ni es real porque maneja bibliografía, pero no datos recopilados en el terreno ni metodologías que los profesionales sabemos al valorar y medir la biodiversidad”. A modo de ejemplo, comentó que el IEA menciona la existencia de “unos benteveos, teros y gramíneas”, soslayando la importancia de las especies y de los pastizales. Sobre esa base, entiende que debe realizarse “un exhaustivo” relevamiento, y que ese proceso debe “ser completo y fundamentado”, con el objetivo de identificar especies “en peligro crítico, endémicas” y de estudiar las particularidades de la biodiversidad y “del nicho ecológico de especies migratorias”.
Rasenti marcó que el informe dice seguir los lineamientos del Plan Local de Ordenamiento Territorial del Municipio de Piriápolis y de las directrices departamentales de la micro región, conocidas como “De la Comarca entre sierras y mar”. “El plan es un borrador que no está aprobado, del que nadie conoce avances. ¿Hay algo en elaboración a lo que no tenemos acceso, o hay un discurso para disfrazar la autorización del PAI? Por otro lado, las directrices surgieron en 2010 como un intento de ordenamiento territorial elaborado entre la academia y los técnicos de la IDM, pero que no son norma. Pueden ser invocadas, pero nadie está obligado a seguirlas. ¿Cuáles son los objetivos de todo esto?”, cuestionó.
Además, los ambientalistas consideran que el PAI no evalúa los efectos que tendrán el fraccionamiento y las edificaciones proyectadas con relación a la contaminación en los cursos de agua, ni expone cómo será el reglamento interno para la construcción de las viviendas. Tampoco aborda en profundidad cómo serán los sistemas de abastecimiento de agua potable, vertido de efluentes y gestión de residuos, remarcaron Chaine y Rasenti, entre las numerosas carencias del reporte ambiental y la “ausencia de medidas de mitigación” del impacto.
Se preguntan, asimismo, qué será del atractivo paisaje serrano si se tiende el cableado de media tensión propuesto por los desarrollistas para iluminar el futuro fraccionamiento. O qué pasará con los oscuros cielos y la fauna nocturna de la zona si no se garantiza que el alumbrado público tenga luz tenue, cálida y en dirección al suelo, como se hace a nivel internacional para evitar la contaminación lumínica.
Forzar al diálogo
El cúmulo de cuestionamientos y de dudas sobre el futuro de la zona es enorme. Por eso Nativos insistirá en que se les permita aportar al PAI el trabajo que, junto a otras organizaciones y expertos del CURE y del PET Arrayanes, han desarrollado en los últimos años. Chaine aseguró que están “preparados para elevar el nivel de los intercambios”. “Hablemos, proyectemos escenarios, hagamos relevamientos serios en lugar de basarnos en mundos imaginarios. Esto tiene impactos socio ambientales y económicos, la información está y hay que usarla”, dijo.
“En esto no hay una justificación económica. De Posadas es dueño de más de 40 hectáreas enfrente, hace muchos años fraccionó otros padrones aledaños que eran muchos más grandes y los vendió como chacras de 5 hectáreas. Ahora van por estos, que sólo aportará conflictos y daños al paisaje”, opinó Rasenti. “¿Cuál es exactamente el aporte económico y social de este emprendimiento al desarrollo de Maldonado?”, insistió Chaine.
A su juicio, el “aceleramiento del desarrollo clásico tradicional urbano” genera un fraccionamiento social, un deterioro de lo ambiental ecosistémico y de la calidad de vida. “Termina siendo un proceso que acelerado que no da tiempo de adaptación y resiliencia, que además de genera antecedentes para que otros propietarios busquen la categorización urbana. Terminarán afectando todo”, concluyó el activista de Punta Negra.
Las organizaciones entienden que la audiencia pública es una instancia de participación ciudadana no vinculante, sino consultiva, por lo cual “es importante que haya una masa crítica detrás”. Su objetivo es que, incluso ocupados en hacer frente a grandes conflictos como el de Punta Ballena o la inminente autorización del proyecto Marina Beach en balneario Buenos Aires, la población de la zona oeste del departamento y los estudiantes y docentes de la comunidad del CURE y del PET Arrayanes “hagan presión”. Opinan que sólo así sus consideraciones podrán permear a las autoridades.