El Plan de Acción Integrada (PAI) Marina Beach, que incluye la construcción de 26 casas residenciales y un hotel en un terreno que abarca 21,5 hectáreas, ubicado entre los balnearios Buenos Aires y San Vicente en las costas de Maldonado, ingresará este miércoles 15 de marzo al Parlamento para que los diputados traten el tema.
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Este proyecto, que plantea una recategorización del suelo para transformarlo en suburbano y así poder construir sobre la faja costera, fue aprobado en agosto de 2022 con los votos del Partido Nacional en la Junta Departamental de Maldonado (JDM).
Desde tiendas opositoras, el Frente Amplio (FA) en el departamento inició la recolección de firmas junto a organizaciones sociales y civiles para revocar esta resolución departamental y evitar que sea aprobada.
Bajo el amparo del artículo 303 de la Constitución, el FA en Maldonado presentó un total de 6.366 firmas de maldonadenses que se manifestaron en contra de esta obra; sin embargo, la Comisión de Constitución de la cámara baja, presidida por el diputado nacionalista de Maldonado Diego Echeverría, desestimó el recurso presentado por los vecinos.
Este lunes la Red Unión de la Costa, la comisión de vecinos de Balneario Buenos Aires, el FA Maldonado y el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental (Celga) convocaron una conferencia de prensa para solicitar que la Cámara de Representantes “no apruebe” este proyecto, teniendo en cuenta las afectaciones ambientales que la obra generará en caso de aprobarse este miércoles.
En esa línea, la Mesa Política Nacional del FA se pronunció sobre el proyecto PAI Marina Beach mediante un comunicado y subrayó que el recurso presentado por los colectivos y vecinos en el Parlamento es el tercero que se realiza por “situaciones similares desde marzo de 2020”. “Los dos anteriores se debieron a proyectos en Rocha y Río Negro”, indican en el documento.
La Mesa Política Nacional del FA señaló que no se toma en cuenta la legislación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y apuntó contra el exministro de Ambiente Adrián Peña, que “ignoró todos los informes de las dependencias técnicas del Ministerio de Ambiente, contrarios a la aprobación del proyecto porque aumenta la presión en el espacio costero”.
Ante esta situación, la Mesa Política del FA planteó su “preocupación” por este proyecto y señaló que “acompaña” a los vecinos en la “protección frente a la privatización de un bien reconocido como de interés general, como es el espacio costero, frente a acciones invasivas o privatizadoras que degradan estos ecosistemas sensibles”, indicaron.
Por último, expresaron su “respaldo” a la actuación de la bancada de diputados para la “búsqueda de acuerdos políticos que permitan alcanzar la anulación del decreto impugnado para concretar la protección del ecosistema costero y el respeto de la normativa vigente sobre ordenamiento territorial y desarrollo sostenible”.