Los sectores del Frente Amplio (FA) de Maldonado desmenuzan, por estos días, el proyecto de ajuste presupuestal presentado por el intendente nacionalista Enrique Antía para sus dos últimos años de gobierno. La intención es lograr el mayor consenso dentro de la bancada de ediles, con vistas la fundamentación y posicionamiento que adoptará la Mesa Política Departamental.
En ese contexto, también evalúan los aportes de la Rendición de Cuentas y el mensaje presupuestal del gobierno nacional en función de los intereses estratégicos de Maldonado. Sobre esto, los ediles del Espacio 738 ya cuentan con un “borrador” elaborado por su equipo asesor -encabezado por el exdirector de Hacienda del intendente Óscar de los Santos, Pedro González- que fue presentado como insumo para toda la bancada frenteamplista.
Este sector sostiene que los sucesivos presupuestos y rendiciones de cuentas muestran una “clara y evidente” retracción de la inversión del gobierno central y sus ministerios en “aspectos esenciales” para las necesidades de Maldonado. “Es una constante desde 2020”, enfatiza el documento de análisis primario, al que accedió la diaria. Ese “ajuste regresivo” afecta a las inversiones de carácter estratégico para el crecimiento departamental “que son responsabilidad del gobierno central”, añade.
Para fundamentarlo, se menciona “la desaparición” de la inversión del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) que, en las administraciones frenteamplistas, “supo estar a la par” de la Intendencia de Maldonado (IDM). “Tan evidente ha resultado esta retracción de la inversión nacional en Maldonado, que para la relocalización del barrio Kennedy la IDM decidió recurrir a una inversión propia y exclusiva, ante la falencia del MVOT”, cita a modo de ejemplo.
En este punto, el Espacio 738 recuerda que sus ediles votaron “excepcionalmente” el fideicomiso creado para posibilitar el realojo, más allá de las diferencias que ha mantenido con el gobierno de Antía respecto a “la compra de algunos de los terrenos y la permuta a bajo costo de otras tierras de inmenso valor en faja costera”.
En materia de educación, sostiene que Maldonado perdió “al menos 14 millones de dólares” en infraestructura al “quedar sin efecto” los proyectos de participación público privada (PPP4). Por este mecanismo estaban planificados cinco liceos (Cerro Pelado, Maldonado Nuevo, Pan de Azúcar, Piriápolis y San Carlos) y dos UTU (una en Gregorio Aznárez y otra como anexo a la escuela agraria de San Carlos).
El PPP4, ya contaba con el correspondiente llamado a licitación para los contratos y con 54 terrenos conseguidos en todo el país para su desarrollo, acota el documento. Además, advierte sobre la “interrupción” del proceso de obras “planificadas, proyectadas y ejecutadas” desde 2018 en adelante, y la “paralización” del equipamiento de alta tecnología para la instalación en San Carlos de un Centro de Radioterapia regional.
Finalmente señala que, mientras la tarifa especial de OSE reporta una recaudación superior a los 20 millones de dólares anuales, la nueva planta de tratamiento de aguas servidas de San Carlos -proyectada sobre un terreno que adquirió la IDM- “sigue sin ejecutarse y avanza hacia el colapso del servicio de saneamiento” debido al ritmo de crecimiento de la población.
El equipo asesor del Espacio 738 considera que estos casos “confirman la retracción de la inversión del gobierno nacional en Maldonado”, aunque aclara que la rendición de cuentas a estudio del Parlamento es “bastante más amplia y compleja que lo tratado”, por lo cual el documento no incluye “un análisis acabado” del proyecto.
Por otro lado, el análisis del proyecto de modificación presupuestal de Antía está en pleno proceso. El punto que más ocupa a la fuerza política es definir si aprobará o no el fideicomiso de 45 millones de dólares para “grandes obras” que el jefe departamental incluyó en su propuesta.
Buena parte de los sectores frenteamplistas considera que esos “proyectos estratégicos” podrían realizarse sin un nuevo fideicomiso que profundice el endeudamiento para los futuros gobiernos departamentales.
No soslayan, en ese contexto, el incremento de costos de los “servicios personales” que atribuyen al aumento de los cargos de confianza, las subrogaciones y el pago injustificado de compensaciones por tareas diferentes al cargo; ni el aumento de los gastos de funcionamiento que, en su opinión, no se reflejaron en la cobertura y la calidad de los servicios departamentales.